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La iniciativa plantea límites a adjudicaciones directas, vigilancia ciudadana y mayores sanciones contra empresas y funcionarios involucrados en irregularidades
Culiacán, Sinaloa.- Paola Gárate presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa con el objetivo de fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y garantizar que los recursos destinados a infraestructura pública beneficien realmente a la ciudadanía.
La legisladora priista explicó que la propuesta busca impedir que servidores públicos, sin importar filiación política, desvíen recursos destinados a obras públicas y utilicen el presupuesto como un mecanismo de beneficio político o económico.
Gárate señaló que la iniciativa fue construida en coordinación con diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, además de organizaciones civiles, tomando como base hallazgos documentados por Iniciativa Sinaloa.
Según dichos estudios, 14 empresas y 11 grupos empresariales concentran el 57 por ciento de los recursos destinados a obra pública estatal.
Asimismo, indicó que tres agrupaciones de contratistas absorbieron más de 850 millones de pesos provenientes de financiamiento para infraestructura municipal.
Entre los principales puntos de la propuesta destaca la obligación de publicar de manera puntual documentos relacionados con contratos de obra pública, incluyendo pagos reales, facturación, subcontrataciones e identificación de quienes controlan las empresas contratistas.
La iniciativa también plantea:
▪️ Limitar al 20 por ciento las adjudicaciones directas
▪️ Evitar simulaciones de competencia en licitaciones
▪️ Impedir la participación de empresas vinculadas con facturación falsa
▪️ Identificar al beneficiario controlador de cada empresa contratista
▪️ Cancelar registros a compañías que proporcionen información falsa
Además, propone prohibir contrataciones mediante comités considerados inoperantes y fortalecer la figura del testigo social mediante un órgano ciudadano con acceso permanente a información en tiempo real.
En materia de sanciones, la reforma contempla ocho nuevas infracciones, multas de hasta el 15 por ciento del monto contratado, inhabilitaciones de tres a cinco años y la nulidad absoluta de contratos en los casos más graves.
Durante la presentación, la diputada hizo un llamado a la mayoría legislativa conformada por Morena y sus aliados para respaldar la iniciativa.
“Estamos en un momento clave para el futuro de la transparencia y del combate a la corrupción en Sinaloa. Aquí tienen una propuesta fundada para combatir la corrupción; no pueden seguir negándose a ver el problema”, expresó.
Finalmente, sostuvo que el Congreso del Estado deberá decidir entre mantener prácticas de opacidad o respaldar mecanismos de vigilancia y transparencia ciudadana en el manejo de recursos públicos.
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