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Sergio “Pío” Esquer afirmó desde el Senado que Sinaloa necesita investigaciones de fondo, transparencia y consecuencias legales para recuper...
Sergio “Pío” Esquer afirmó desde el Senado que Sinaloa necesita investigaciones de fondo, transparencia y consecuencias legales para recuperar la tranquilidad.
Desde el Senado de la República y acompañado por integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sergio ‘Pío’ Esquer exigió el desafuero y juicio político del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que enfrente las investigaciones “sin privilegios ni impunidad”.
El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano sostuvo que la salida de funcionarios señalados representa apenas el inicio de un proceso que, dijo, debe incluir investigaciones profundas, transparencia total y consecuencias legales para quienes resulten responsables.
“Como me comprometí con las y los sinaloenses, hoy estoy aquí para dar puntual seguimiento a las solicitudes de desafuero y juicio político que presentamos”, expresó Esquer Peiro durante su posicionamiento.
En relación con el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina por parte del Congreso del Estado, el coordinador estatal de MC señaló que su llegada representa continuidad del gobierno encabezado por Rocha Moya.
Ante ello, afirmó que la nueva titular del Ejecutivo estatal tiene la responsabilidad de demostrar independencia y compromiso con la legalidad, facilitando las investigaciones y evitando cualquier tipo de protección a funcionarios señalados.
“Su compromiso debe ser con el pueblo de Sinaloa”, puntualizó.
El líder estatal de Movimiento Ciudadano insistió en que la ciudadanía sinaloense demanda condiciones de paz y certidumbre, por lo que consideró indispensable que existan acciones claras para garantizar justicia y transparencia institucional.
“Sinaloa exige verdad, justicia y paz. Sinaloenses merecen recuperar su tranquilidad”, concluyó.
Las declaraciones ocurren en medio del escenario político derivado de las investigaciones y acusaciones dadas a conocer recientemente por autoridades estadounidenses contra diversos funcionarios mexicanos, situación que ha generado una reconfiguración política en Sinaloa tras las solicitudes de licencia de distintos actores públicos.
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