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Consejería Jurídica señala que no se acreditó la urgencia requerida en el tratado de extradición; caso sigue en etapa preliminar
Ciudad de México.– La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que el Gobierno de Estados Unidos no acreditó con pruebas la urgencia necesaria para solicitar la detención provisional con fines de extradición de políticos mexicanos señalados en procesos judiciales, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Durante la explicación del caso, detalló que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos contempla dos figuras: la solicitud formal de extradición, que requiere documentación completa y pruebas, y la detención provisional, que solo procede en casos urgentes donde exista riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.
En este sentido, precisó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una solicitud de detención provisional; sin embargo, la Fiscalía General de la República determinó que no se aportaron elementos suficientes para acreditar dicha urgencia, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información adicional antes de que un juez mexicano pueda pronunciarse.
La funcionaria subrayó que estos procedimientos deben manejarse bajo estricta confidencialidad, con el fin de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, evitando que la exposición mediática influya en las decisiones judiciales o afecte la integridad de las pruebas.
Indicó que la FGR no ha emitido un juicio sobre la existencia de delitos ni sobre la procedencia de una eventual extradición, ya que el caso se encuentra en una fase inicial a la espera de que el gobierno estadounidense entregue la información requerida.
Será hasta que se acrediten los elementos necesarios cuando un juez mexicano pueda determinar si procede la detención provisional y, en su caso, iniciar el plazo de 60 días para formalizar la solicitud de extradición.
El Gobierno de México reiteró que cualquier solicitud en esta materia debe cumplir con los requisitos legales establecidos, sustentarse en pruebas sólidas y respetar los principios de soberanía nacional y debido proceso.
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