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La senadora de Morena sostuvo que, si existen pruebas, las autoridades mexicanas deben proceder; de lo contrario, dijo, debe restituirse la imagen y funciones de los señalados.
Culiacán, Sinaloa.- La senadora de la República por Morena, Imelda Castro Castro, consideró que las acusaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos contra 10 sinaloenses, entre ellos un gobernador y un alcalde con licencia, deben ser revisadas con total seriedad por las instituciones mexicanas.
Entrevistada por Línea Directa, la legisladora calificó el caso como un hecho “delicado” y sin precedentes debido a la naturaleza de los señalamientos emitidos por autoridades estadounidenses.
Imelda Castro sostuvo que, en caso de que las autoridades mexicanas encuentren elementos suficientes para acreditar las acusaciones, se debe proceder legalmente conforme al marco jurídico nacional. Sin embargo, señaló que si no existen pruebas contundentes, deberá restablecerse la imagen pública y las funciones de los señalados, entre ellos Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil.
“En el momento que nuestras instituciones encuentren cargos y pruebas de las acusaciones, se debe proceder. Y si no, se debe restablecer la presencia del alcalde y del gobernador, porque no es justo que estén fuera cuando no tienen nada que temer”, expresó.
La senadora también consideró necesario fortalecer el diálogo entre el gabinete de seguridad y el gabinete económico de México con las autoridades de Estados Unidos, con el propósito de evitar afectaciones a la relación bilateral entre ambos países.
Asimismo, afirmó que instituciones como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Unidad de Inteligencia Financiera deben actuar y dar certeza a la ciudadanía de que no habrá impunidad en el caso.
Las declaraciones surgen luego de que autoridades de Estados Unidos difundieran un comunicado en el portal oficial del Departamento de Justicia, donde se informó sobre la desclasificación de una acusación formal por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y posesión de armas contra funcionarios y exservidores públicos de Sinaloa.
En la información publicada por el Distrito Sur de Nueva York se señala que la acusación fue presentada por el fiscal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.
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