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El exfuncionario sinaloense fue arrestado en Arizona y trasladado a Nueva York, donde enfrentará una audiencia federal relacionada con investigaciones por narcotráfico.
Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona por autoridades estadounidenses, según información difundida por diversos medios de comunicación.
Tras su captura, el exfuncionario habría sido trasladado a Nueva York, donde es requerido por autoridades federales y donde enfrentará una primera audiencia judicial este viernes.
La detención ocurre en medio de investigaciones abiertas en Estados Unidos sobre presuntos vínculos de exfuncionarios sinaloenses con organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.
De acuerdo con los reportes, las acusaciones contra Mérida Sánchez estarían relacionadas con presuntos pagos mensuales de hasta 100 mil dólares en efectivo provenientes de integrantes de una facción del Cártel de Sinaloa.
Según los señalamientos de autoridades estadounidenses, el dinero presuntamente habría sido entregado a cambio de no interferir en operaciones de tráfico de drogas vinculadas con dicho grupo criminal.
Hasta el momento, autoridades de Estados Unidos no han revelado públicamente los cargos específicos ni las pruebas que sustentan formalmente las acusaciones contra el exmando de seguridad.
Previo a ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Mérida Sánchez desarrolló una carrera dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas, donde desempeñó cargos estratégicos relacionados con inteligencia y seguridad.
Entre sus responsabilidades militares destacó su función como comandante de la 21 Zona Militar en Michoacán, además de haber dirigido la Escuela Militar de Inteligencia, adscrita al Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.
La detención del exfuncionario ocurre además en un contexto político y judicial marcado por señalamientos y presiones desde Estados Unidos en torno a presuntas relaciones entre actores políticos y estructuras criminales en Sinaloa, tema sobre el cual la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró recientemente que cualquier procedimiento deberá sustentarse en pruebas y no únicamente en acusaciones.
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