La medida formaría parte de la estrategia impulsada por Donald Trump tras clasificar a cárteles latinoamericanos como organizaciones terrori...
La medida formaría parte de la estrategia impulsada por Donald Trump tras clasificar a cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a fiscales federales a explorar posibles causas penales por narcotráfico contra funcionarios mexicanos utilizando legislación relacionada con terrorismo, de acuerdo con información publicada por The New York Times.
Según el reporte del diario estadounidense, la directriz fue comunicada esta semana por Aakash Singh, subprocurador general adjunto, durante una conferencia telefónica sostenida con fiscales federales de distintas regiones del país.
La nueva línea de acción formaría parte de la estrategia de seguridad promovida por el presidente Donald Trump, quien previamente firmó una orden ejecutiva para designar a diversos cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas.
De acuerdo con la publicación, el objetivo de esta política sería ampliar las investigaciones más allá de líderes criminales y enfocarse también en funcionarios públicos presuntamente relacionados con actividades del narcotráfico.
El reporte señala además que Singh solicitó a los fiscales aumentar las acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales y considerar cargos por “apoyo material” a grupos clasificados como terroristas.
La información surge en medio de las recientes tensiones diplomáticas y políticas entre México y Estados Unidos tras las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el mandatario estatal ha rechazado públicamente.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha cuestionado la falta de pruebas exhibidas por las autoridades estadounidenses y ha sostenido que cualquier procedimiento debe realizarse con respeto a la soberanía nacional y al marco jurídico bilateral.
El artículo también refiere que funcionarios estadounidenses consideran que la cooperación en materia de seguridad entre ambos países ha permitido avances importantes en operativos contra grupos criminales y extradiciones de presuntos líderes del narcotráfico.
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