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La gobernadora de Sinaloa afirmó que el Gobierno estatal se mantendrá al margen tras confirmarse que el exsecretario de Seguridad está bajo ...
La gobernadora de Sinaloa afirmó que el Gobierno estatal se mantendrá al margen tras confirmarse que el exsecretario de Seguridad está bajo custodia en Estados Unidos.
La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que corresponde a las autoridades federales atender el caso del exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, luego de que el Gobierno de México confirmó que se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses.
En entrevista este viernes, la mandataria estatal señaló que el Gobierno de Sinaloa se mantendrá al margen debido a que se trata de una investigación que compete a instancias federales.
“Serán las autoridades federales las que les corresponda atender este tema (…) él es un exfuncionario que realizó trabajos aquí y por el momento nosotros nos mantenemos al margen”, declaró.
Bonilla Valverde afirmó además que la detención de Mérida Sánchez no genera impacto en la administración estatal debido a que ya no formaba parte del gobierno sinaloense.
La gobernadora también fue cuestionada sobre posibles ajustes en materia de seguridad tras la confirmación del caso, a lo que respondió que continuará operando la misma estrategia interinstitucional con fuerzas federales, estatales y municipales.
Indicó que actualmente el despliegue conjunto supera los 13 mil elementos en Sinaloa.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que Gerardo Mérida Sánchez se encuentra bajo custodia de autoridades de Estados Unidos desde el pasado 11 de mayo, cuando cruzó por la garita de Nogales hacia Arizona.
Posteriormente, versiones periodísticas señalaron que fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.
Mérida Sánchez se convirtió en el primer exfuncionario señalado por autoridades estadounidenses en este caso en quedar bajo custodia, dentro de las investigaciones impulsadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra presuntos nexos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales.
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