Las reformas aumentan penas de prisión y multas, además de exigir certificados de no adeudo alimentario para candidaturas, matrimonios y car...
Las reformas aumentan penas de prisión y multas, además de exigir certificados de no adeudo alimentario para candidaturas, matrimonios y cargos en el Poder Judicial.
Culiacán, Sinaloa.– El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una serie de reformas a distintas leyes estatales para fortalecer los mecanismos de cumplimiento de las obligaciones alimentarias, incrementando las sanciones para deudores alimentarios e imponiendo nuevos requisitos para acceder a cargos públicos, contraer matrimonio y desempeñar funciones dentro del Poder Judicial.
Entre los cambios más relevantes destaca la reforma al Código Penal, mediante la cual se elevan las penas para quienes incumplan con el pago de pensión alimenticia. La sanción pasa de tres meses a dos años de prisión a un rango de dos a cinco años de cárcel, además de aumentar las multas de 180 a 360 días.
Asimismo, se establecen castigos más severos para quienes intenten evadir sus responsabilidades colocándose deliberadamente en estado de insolvencia, conducta que ahora será sancionada con penas de tres a seis años de prisión, multas de hasta 600 días y la posible suspensión o pérdida de derechos familiares respecto de la persona afectada.
Las reformas también obligarán a quienes aspiren a diputaciones locales, magistraturas y cargos de jueces de primera instancia a presentar un Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias como requisito para participar en procesos de selección o elección.
De igual manera, se incorporó como requisito para contraer matrimonio la presentación del certificado que acredite no estar inscrito en dicho registro, además de que los notarios deberán solicitar este documento en operaciones relacionadas con compraventa de bienes inmuebles y constitución o transmisión de derechos reales.
Otro de los cambios aprobados establece que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado será la autoridad responsable de concentrar, actualizar y suministrar la información relacionada con deudores alimentarios para su integración al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Además, se añadieron requisitos para síndicos y comisarios municipales, quienes deberán acreditar no estar inscritos como deudores alimentarios y no contar con antecedentes por violencia política contra las mujeres en razón de género o sentencias firmes por delitos contra la familia o la libertad sexual.
Con estas modificaciones, el Congreso busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, así como garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias y promover la responsabilidad familiar.
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