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La nueva legislación institucionaliza las Unidades de Género, impulsa la paridad en ascensos y endurece requisitos para ocupar cargos en cuerpos de seguridad.
Culiacán, Sinaloa.– Con 31 votos a favor, diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaron reformas a la Ley de Seguridad Pública de Sinaloa con el objetivo de fortalecer las corporaciones policiales desde una perspectiva de género, institucionalizar las Unidades de Género y garantizar mayores condiciones de igualdad dentro de las instituciones de seguridad pública.
Durante la Sesión Ordinaria de este jueves 14 de mayo de 2026, la diputada Arely Berenice Ruiz López, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y representante del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que el dictamen fortalece la seguridad pública bajo principios de derechos humanos, igualdad sustantiva y protección efectiva para las mujeres.
La legisladora explicó que la reforma contempla tres ejes principales. El primero establece formalmente las Unidades de Género dentro de las corporaciones policiales estatales y municipales. Aunque estas unidades ya operaban desde 2017 derivado de la Alerta de Violencia de Género, ahora quedarán integradas en la Ley de Seguridad Pública del Estado.
Con el nuevo artículo 18 Bis, tanto la Secretaría de Seguridad Pública como los municipios estarán obligados a contar con una Unidad de Género encargada de atender casos de violencia familiar y de género con perspectiva de derechos humanos.
Ruiz López destacó que esta medida cobra relevancia ante los índices de violencia registrados en la entidad, pues tan solo durante 2024 se contabilizaron más de 17 mil casos de violencia familiar en Sinaloa.
El segundo eje de la reforma establece el principio de paridad de género en ascensos y promociones dentro de las corporaciones policiales. La diputada indicó que actualmente solo el 19 por ciento de los cuerpos policiales en Sinaloa están integrados por mujeres, mientras que a nivel nacional apenas el 9.7 por ciento de las titularidades de instituciones estatales de seguridad pública son ocupadas por ellas.
El tercer punto endurece los requisitos para ingresar o ascender dentro de las corporaciones policiacas, al establecer que no podrán ocupar cargos quienes sean deudores alimentarios morosos o hayan sido condenados por delitos de violencia intrafamiliar, violencia sexual o violencia política contra las mujeres.
Durante la discusión, el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, señaló que esta propuesta forma parte de las acciones legislativas impulsadas en favor de las mujeres y recordó avances como la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género, la Secretaría de las Mujeres, el Centro de Justicia para Mujeres y el programa “Somos tu Red de Apoyo”.
El legislador precisó que el dictamen integra diversas iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios, entre ellas una propuesta impulsada el 29 de mayo de 2025 por la bancada del Partido Sinaloense, encabezada por la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez y él mismo.
Desde tribuna, Corrales Burgueño sostuvo que la seguridad pública debe evolucionar hacia un sistema más sensible, profesional y humano, capaz de atender los hechos delictivos con perspectiva de género y fortalecer la protección de las familias sinaloenses.
Diputadas y diputados coincidieron en que estas reformas representan un avance para consolidar instituciones policiales más profesionales, cercanas a la ciudadanía y comprometidas con el combate a la violencia y la discriminación en Sinaloa.
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