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El dictamen contempla mayores penas por divulgar imágenes o videos sin consentimiento y sanciones más severas para servidores públicos que filtren información de investigaciones o escenas del crimen.
Culiacán, Sinaloa.– La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para endurecer las penas relacionadas con la difusión de imágenes, audios o videos sin consentimiento, delitos informáticos y filtración indebida de información reservada.
La propuesta establece que las penas actuales de tres meses a dos años de prisión o de 180 a 360 días multa aumentarán hasta en una mitad para quienes amenacen con difundir, publicar, compartir, comercializar o transmitir contenido íntimo de una persona sin autorización, ya sea mediante redes sociales, correo electrónico, mensajes telefónicos o cualquier medio tecnológico.
Además, se contempla agravar las sanciones cuando el delito sea cometido a través de la vía telefónica, medios electrónicos o plataformas digitales mediante las cuales se difundan imágenes, audios, videos o información de contenido íntimo-sexual o de cualquier otra naturaleza.
Las reformas también modifican el artículo 217 del Código Penal, relativo al delito informático, incorporando nuevas conductas ilícitas, entre ellas acceder de manera indebida a sistemas o equipos informáticos para sustraer información y facilitar el acceso a terceros, así como difundir o revelar datos contenidos en sistemas electrónicos sin autorización de quien tenga derecho sobre ellos.
Actualmente, el delito informático se castiga con penas de seis meses a dos años de prisión y de 90 a 300 días multa; sin embargo, el dictamen propone elevarlas de uno a cuatro años de cárcel, manteniendo las multas vigentes.
En caso de que estos delitos sean cometidos por personas servidoras públicas durante el ejercicio de sus funciones, además de las penas de prisión se plantea su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo igual al tiempo de condena, una vez cumplida la sentencia.
También se propone sancionar a quienes engañen a las víctimas haciéndose pasar por empleados de instituciones financieras, empresas o dependencias gubernamentales para obtener información o cometer ilícitos.
El dictamen contempla además castigar con penas de seis meses a tres años de prisión y de cinco a 25 días multa a quienes falsifiquen o alteren documentos públicos o privados, tanto físicos como electrónicos.
Otra de las reformas establece sanciones de uno a cinco años de prisión y multas de 60 a 300 días para personas servidoras públicas que difundan, compartan o comercialicen imágenes, audios, videos, documentos o evidencias relacionadas con investigaciones penales, escenas del crimen o hallazgos.
Las penas aumentarán de cinco a ocho años de prisión y multas de hasta mil 500 días cuando se trate de imágenes o videos de cadáveres o de las circunstancias de la muerte, lesiones o estado de salud de las víctimas.
En casos relacionados con mujeres, niñas, niños o adolescentes, las sanciones se mantendrán de cinco a ocho años de prisión, con multas de hasta mil días.
El dictamen fue elaborado a partir de tres iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios: una impulsada por el PRI de la 64 Legislatura; otra promovida por el PAS de la 64 Legislatura en coautoría con Jesús Angélica Díaz Quiñónez; y una más presentada por Morena en la actual 65 Legislatura.
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