Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “En política, el poder no siempre lo define quien va adelante, sino las reglas del juego.” EQU...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“En política, el
poder no siempre lo define quien va adelante, sino las reglas del juego.”
EQUIDAD Y PODER
La carrera
interna de Morena rumbo a la gubernatura de Sinaloa en 2027 comienza a dibujar
algo más complejo que una simple competencia de nombres. Lo que está en juego
no es solo quién encabeza las encuestas, sino bajo qué condiciones se tomará la
decisión final.
Los números, en
apariencia, son claros: Juan de Dios Gámez Mendívil aparece al frente con el
25.5 por ciento, seguido muy de cerca por Enrique Inzunza con el 23.3 por
ciento. En una lectura tradicional, la contienda estaría centrada entre ambos
perfiles masculinos, con una ligera ventaja para el alcalde de Culiacán.
Pero la política
—y particularmente la de Morena— rara vez se define únicamente por la lógica
aritmética.
Ahí es donde
entra el verdadero factor disruptivo del proceso: la equidad de género.
Imelda Castro,
con el 16.9 por ciento, no solo se posiciona como la mujer mejor ubicada, sino
como la carta que puede alterar por completo la ecuación interna. No está en
primer lugar, pero tampoco está fuera de competencia. Está en una zona
estratégica: lo suficientemente cerca para competir, lo suficientemente
distinta para representar otra ruta.
Tere Guerra, con
el 14.1 por ciento, refuerza esa lectura. No es una figura aislada, sino parte
de un bloque femenino que, sumado, adquiere peso político dentro del partido.
Y aquí es donde
el análisis se vuelve más interesante.
Morena no solo
elige candidatos; también administra equilibrios. La paridad de género no es un
accesorio, es una regla estructural que puede reconfigurar cualquier escenario.
Si el partido determina que Sinaloa debe ser encabezado por una mujer en 2027, la
contienda cambia por completo, sin importar quién encabece hoy las
preferencias.
En ese contexto,
la ventaja de Gámez o la cercanía de Inzunza dejan de ser definitivas. Se
vuelven relativas.
Porque el
proceso no se resolverá únicamente en las encuestas, sino en la interpretación
política de los resultados.
A esto se suma
un dato que, aunque suele pasar desapercibido, es clave: más del 14 por ciento
del electorado se mantiene indeciso o no responde. Ese segmento no solo es
amplio, es decisivo. En escenarios cerrados, no gana quien tiene más, sino
quien logra convencer a quienes aún no han decidido.
Y ahí, la
narrativa pesa tanto como la estructura.
Gámez representa
el gobierno y el territorio. Inzunza, la operación política y el perfil
jurídico-legislativo. Imelda Castro, la conexión con el proyecto nacional y la
posibilidad de cumplir con la paridad. Tere Guerra, una figura que crece desde
el ámbito legislativo con discurso propio.
Cuatro rutas. Un
mismo destino.
Lo que hoy
parece una competencia numérica, en realidad es una disputa de condiciones.
Morena tiene el control del tablero en Sinaloa, pero dentro de ese control
existe una competencia real, con variables que van más allá de la popularidad.
La decisión no
será simple, porque no solo se elegirá a un candidato, sino el perfil que mejor
encaje en la estrategia nacional del partido.
Y en esa lógica,
la equidad de género no es un detalle… es una posibilidad latente de
reconfiguración total.
Rumbo a 2027, la
pregunta ya no es quién va arriba.
La pregunta es:
¿bajo qué reglas se va a decidir?
EL PRECIO DE LA
JUSTICIA
En México, el
acceso a la justicia ha sido, durante años, una promesa constitucional que en
la práctica se diluye entre trámites, tiempos… y costos. Porque sí, aunque la
ley diga que la justicia es gratuita, la realidad cotidiana demuestra otra
cosa: defender un derecho también tiene precio.
Y es ahí donde
la iniciativa del senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez adquiere
relevancia, no solo en lo jurídico, sino en lo político. Porque identificar el
problema es una cosa… pero plantear una ruta para corregirlo implica lectura,
visión y oportunidad.
No es menor
haber puesto sobre la mesa un tema que durante años se normalizó: el costo
oculto de la justicia.
El caso de los
edictos es apenas la punta del iceberg. Publicaciones obligatorias en medios
impresos que, lejos de garantizar difusión efectiva, se han convertido en un
requisito oneroso que muchas personas simplemente no pueden cubrir. Y ahí, sin
decirlo abiertamente, el sistema empieza a excluir.
La propuesta de
Inzunza —migrar estos mecanismos a plataformas digitales oficiales— no solo
tiene lógica técnica, tiene sentido social. Es reconocer que el acceso a la
justicia no puede depender de la capacidad económica de quien la busca.
Y en ese punto
hay que decirlo con claridad: no todos los actores políticos logran ver estas
grietas estructurales.
Inzunza lo hace
desde su formación jurídica, pero también desde una lectura política del
momento. Entiende que la justicia no puede seguir siendo un trámite
condicionado, sino un derecho garantizado en los hechos.
Ahora bien, el
planteamiento abre un debate necesario.
Digitalizar no
es solo modernizar. Es también asumir responsabilidades: garantizar acceso
real, evitar nuevas formas de exclusión y construir confianza en los mecanismos
electrónicos. Porque si el sistema no funciona para todos, el problema solo
cambia de forma.
Sin embargo, el
fondo del planteamiento es sólido.
La justicia
gratuita no puede seguir siendo una declaración simbólica. Tiene que
convertirse en una condición real, tangible, medible. Y en ese terreno,
propuestas como la de Inzunza marcan una diferencia.
No resuelven
todo, pero sí abren la puerta.
Y en política,
muchas veces eso es lo más importante: entender dónde está el problema… y
atreverse a tocarlo.
Porque al final,
más allá de reformas y códigos, la discusión es más profunda.
Se trata de
definir si en México la justicia será un derecho efectivo para todos… o seguirá
siendo, en los hechos, un privilegio para quienes pueden pagarla.
RUTA
El llamado del
dirigente estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, a construir una gran
alianza no es casual ni aislado. Es, en realidad, el reconocimiento de una
realidad incómoda: la oposición en México sigue fragmentada y, en esa
fragmentación, pierde fuerza.
Hay que decirlo
con claridad: el PRI no está planteando solo una suma de partidos, sino una
estrategia de sobrevivencia política.
Gerardo Lugo
acierta en el diagnóstico. La división debilita, dispersa votos y facilita la
concentración del poder. Pero entre el discurso y la construcción real de una
alianza hay un tramo complejo, lleno de intereses, desconfianzas y liderazgos
que no siempre coinciden.
El anuncio de
estructuras como “Defensores de México” y la apertura a candidaturas ciudadanas
apunta en la dirección correcta, pero también evidencia que el PRI entiende que
no puede competir solo.
Ahí está el
fondo del mensaje.
La oposición
necesita más que llamados: requiere proyecto, narrativa y credibilidad. Y eso
no se construye únicamente con estructuras, sino con propuestas que conecten
con una ciudadanía cada vez más exigente.
El PRI, a través
de Gerardo Lugo, da un paso en reconocerlo.
Ahora falta lo
más difícil: que esa unidad deje de ser discurso… y se convierta en realidad
política.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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