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La FGR imputó a Diego Rivera, presidente municipal de Tequila, Jalisco, así como a los directores de Seguridad Pública y Catastro, por delitos relacionados con secuestro; la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica.
Diego Rivera, presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue señalado por su presunta participación en delitos relacionados con secuestro, luego de que la Fiscalía General de la República formulara imputación en su contra durante una audiencia celebrada en el juzgado de Almoloya de Juárez, Estado de México.
En la diligencia judicial, el Ministerio Público federal imputó también a Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública, y a Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial del municipio de Tequila. Los tres funcionarios son investigados por su presunta responsabilidad en hechos vinculados con la privación ilegal de la libertad.
La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que se determine su situación jurídica, por lo que el juez concedió 144 horas adicionales. La audiencia fue suspendida y se reanudará la próxima semana, cuando se resolverá si los señalados son vinculados o no a proceso.
De acuerdo con las investigaciones, en el año 2021 fueron privados de la libertad Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, quienes se desempeñaban como precandidato de Morena a la alcaldía de Tequila y su suplente, respectivamente. Durante ese episodio, presuntamente fueron obligados a firmar sus renuncias a las aspiraciones políticas.
Asimismo, la FGR atribuye a Diego Rivera y a Juan Manuel “N” el delito de secuestro agravado por la privación de la libertad de un comerciante, quien presuntamente se negó a pagar derecho de piso. Estos hechos forman parte de las líneas de investigación que sustentan la imputación presentada por la autoridad federal.
La resolución judicial que se emita en los próximos días será clave para definir el futuro legal de los funcionarios municipales involucrados, en un caso que ha generado repercusión política y social en Jalisco.
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