.png)
Punto de quiebre Francisco De la O Desde 2015, México ha desembolsado la impresionante suma de 296.6 millones de dólares en indemnizaciones ...
Punto de quiebre
Francisco De la O
Desde 2015, México ha desembolsado la impresionante suma de 296.6 millones de dólares en indemnizaciones a inversores extranjeros, según un informe revelado por el Transnational Institute.
Esta cifra coloca al país en el centro de la atención internacional como uno de los más demandados en arbitraje de inversión a nivel mundial.
Con 53 casos en total, México se encuentra entre los países más litigiosos del mundo por parte de inversores extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional.
Es el tercer país más demandado en América Latina y el Caribe, siendo el 93% de las demandas interpuestas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos.
El impacto financiero de estas indemnizaciones es significativo. Los 296.6 millones de dólares equivalen a tres veces el presupuesto destinado a la Secretaría de Cultura de México en 2024 y superan el presupuesto asignado para la búsqueda de personas desaparecidas.
Esta realidad plantea una seria preocupación sobre el uso de recursos públicos para resolver disputas con inversores extranjeros.
A pesar de estos costos financieros, México continúa firmando tratados de protección de inversiones que incluyen cláusulas de arbitraje internacional como principal mecanismo de resolución de conflictos.
La ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y el acuerdo "en principio" con la Unión Europea (TLCUEM), son ejemplos de ello.
Ante este panorama, es crucial que México revise su política de protección de inversiones. La auditoría de todos los tratados de inversión, la suspensión del recurso a demandas, la salida del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y la abstención de firmar nuevos tratados con cláusulas de protección de inversiones son medidas recomendadas para proteger los intereses del país y evitar futuros litigios costosos.
