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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “¿Cómo sabes si la Tierra no es más que el infierno de otro planeta?”, Aldous Huxley ATENTE AL S...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“¿Cómo sabes si la Tierra no es
más que el infierno de otro planeta?”, Aldous Huxley
ATENTE AL SANTO
El panorama electoral en Sinaloa
para las próximas elecciones del 2 de junio revela un dato preocupante: el 38%
de los candidatos a diversas posiciones no cuenta con estudios universitarios.
Este hecho invita a reflexionar
sobre la relación entre el nivel educativo de nuestros representantes y la
calidad de la gobernanza que podemos esperar, me llamó la atención de un
trabajo de mi compañera Estefanía Valenzuela, que a continuación analizo.
La educación no es una garantía
de éxito en el desempeño político, pero sí proporciona herramientas cruciales
para la toma de decisiones informadas, el análisis crítico y la elaboración de
políticas públicas efectivas.
La falta de estudios superiores
entre una proporción significativa de candidatos plantea preguntas sobre su
capacidad para manejar la complejidad de la administración pública y los
desafíos que enfrenta Sinaloa.
Es también relevante destacar que
solo el 56% de los candidatos han hecho pública su formación académica y
profesional a través de la plataforma Conócelos.
Esta falta de transparencia no
solo impide a los votantes hacer una evaluación completa de sus opciones, sino
que también socava la confianza en el proceso electoral. Los ciudadanos tienen
derecho a conocer a fondo a quienes aspiran a representarlos.
Entre los candidatos sin estudios
universitarios, encontramos a figuras como Carla Úrsula Corrales, quien busca
la reelección en Cosalá, Martha Félix, candidata de Fuerza y Corazón por
Cosalá.
Ricarda del Carmen, candidata del
Verde Ecologista por Choix. Vicente
Pico, candidato del Verde Ecologista por El Fuerte. Francelia Verduzco, candidata del Verde
Ecologista por Sinaloa Municipio, por el mismo camino.
En cuanto a los candidatos a
diputados locales sin estudios de licenciatura, Magdalena Angulo, candidata del
Partido del Trabajo por el distrito 11, Esmeralda Cota, candidata del Partido
del Trabajo por el distrito 7.
Eder Hernán Rivera, candidato de
Movimiento Ciudadano por el distrito 01. Varios candidatos suplentes de
diputados locales.
Para los candidatos
plurinominales sin estudios profesionales, la mayoría se encuentran en
posiciones, Jorge Alberto Zambrano, suplente del actual dirigente de Morena,
Manuel de Jesús Guerrero, y ocupa la posición plurinominal número cuatro.
Entre los candidatos a diputados
federales con un máximo grado de estudios de bachillerato se encuentran Bárbara
Fox, candidata por el distrito 2 de Movimiento Ciudadano. Bárbara Fox se ha
destacado por ser una representante de la comunidad LGBTQ+ y por ser una
persona transexual.
Brenda Látigo, candidata por el
mismo distrito, abanderada por la coalición PRI, PAN y PRD. Brenda Látigo
también posee únicamente estudios de bachillerato, ambas de Ahome.
La diversidad de perfiles
académicos puede reflejar una variedad de experiencias de vida, pero también
podría limitar la capacidad de algunos candidatos para entender y gestionar
adecuadamente las funciones gubernamentales.
Por otro lado, la baja
representación de jóvenes en las candidaturas, con solo siete candidatos
juveniles registrados, refleja una falta de renovación generacional en la
política local.
Los jóvenes pueden aportar nuevas
ideas y perspectivas, por lo que su inclusión es vital para la evolución del
sistema político.
Existen ejemplos de líderes
exitosos sin títulos universitarios, pero estos suelen ser la excepción y no la
regla.
La educación superior proporciona
una base sólida en conocimientos específicos, habilidades analíticas y una
comprensión profunda de las ciencias sociales y económicas, elementos que son
esenciales en la elaboración de políticas públicas.
Sin esta base, es razonable
cuestionar cómo ciertos candidatos planean abordar problemas complejos como la
seguridad, la economía y la educación.
Aquellos que pueden presumir de
haber alcanzado un nivel de estudios de doctorado siguen siendo pocos. Entre
ellos se encuentran:
Gerardo Vargas Landeros,
candidato a la alcaldía de Ahome por Morena. José Paz López Elenes, candidato a
la alcaldía de Badiraguato por Morena. Romana Jannet Rubio, candidata a la
alcaldía de Escuinapa por Movimiento Ciudadano. Enrique Parra, candidato a la
presidencia municipal de Mocorito por Morena. José Francisco Mendoza “El Capy”,
candidato a la presidencia municipal de Navolato por el PT.
Además, hay otros seis candidatos
a diputados locales que también ostentan un doctorado. Entre ellos se
encuentran:
Elizabeth Chía y María del
Rosario Osuna, ambas exdiputadas del PAS que buscan su reelección. Ambrocio
Chávez, legislador de Morena. En cuanto a las candidaturas plurinominales,
destacan:
Roxana Rubio Valdez, dirigente
del PAN en Sinaloa, quien ocupa la primera posición plurinominal del PAN. Paola
Garate Valenzuela, en la primera posición plurinominal del PRI. Teresa Guerra,
en la primera posición plurinominal de Morena.
Estos candidatos representan una
minoría, pero su nivel educativo puede ser un factor crucial en su capacidad
para legislar y gobernar de manera efectiva.
RETOS
La situación que enfrenta la
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) es un claro ejemplo de cómo la
persecución política puede socavar la autonomía de las instituciones académicas
y, en última instancia, perjudicar el estado de derecho. Las declaraciones del
doctor Robespierre Lizárraga Otero y del abogado Milton Ayala Vega ponen de
manifiesto una serie de preocupaciones que van más allá de la defensa legal de
una institución educativa.
Primero, la insistencia del
gobierno estatal en llevar a juicio a las autoridades universitarias sin que
haya evidencia de un delito o perjuicio económico contra la UAS es preocupante.
Si bien la justicia debe seguir
su curso, utilizar el sistema judicial como herramienta de intimidación
política es una táctica que erosiona la confianza en las instituciones
públicas.
El señalamiento de Lizárraga
Otero sobre el manejo faccioso de las instituciones estatales resalta un
problema fundamental: la justicia no debe ser un instrumento de venganza
política.
La reprogramación de audiencias y
el uso de amparos para evitar el inicio de juicios, como menciona Ayala Vega,
muestran que el proceso legal está siendo utilizado más como una distracción y
una carga para la universidad que como un medio para alcanzar la justicia.
Este tipo de acciones no solo
desvían recursos y atención de las funciones académicas y administrativas
esenciales de la UAS, sino que también representan un uso ineficiente de los
recursos del sistema judicial.
Además, la insistencia en
perseguir judicialmente a figuras académicas por motivos aparentemente
políticos debilita el estado de derecho.
Las instituciones como la
Fiscalía y el Poder Judicial deben operar con independencia y sin intervención
externa para mantener su legitimidad y efectividad.
La intervención del gobierno en
estos procesos puede llevar a un debilitamiento institucional que, a largo
plazo, afecta negativamente a toda la sociedad.
La autonomía universitaria es un
principio fundamental que permite a las instituciones de educación superior
operar libremente, sin interferencias indebidas, para cumplir con su misión de
enseñanza, investigación y extensión cultural.
Cuando esta autonomía es
amenazada por conflictos políticos, se pone en riesgo la calidad educativa y el
desarrollo intelectual de la sociedad.
En este contexto, es necesario
que el gobierno del estado de Sinaloa reevalúe sus prioridades y enfoque sus
esfuerzos en cuestiones que realmente beneficien a la población.
Hay múltiples desafíos y
necesidades en el estado que requieren atención urgente, y desviar recursos y
esfuerzos para perseguir a la UAS no solo es contraproducente sino también
perjudicial para el bienestar general de la comunidad.
La solución pasa por un diálogo
abierto y constructivo entre las autoridades universitarias y el gobierno,
basado en el respeto mutuo y en la búsqueda del bien común.
La universidad debe ser un
espacio libre de persecución política, donde se promueva el conocimiento y se
trabaje por el progreso de la sociedad.
POR LA HAZAÑA
A medida que nos acercamos a la
jornada electoral del 2 de junio, la política en Sinaloa ha tomado un giro
interesante con la candidatura de Sergio ‘Pío’ Esquer, quien compite por el
puesto de diputado federal del quinto distrito. Su campaña ha ganado notable
impulso, colocándolo al frente en las encuestas más recientes. Sin embargo, más
allá de los números, es crucial analizar si su llamado a votar "por la
vida, la verdad y la libertad" representa una promesa de cambio real o
simplemente retórica política.
Durante su campaña, Esquer ha
enfatizado la importancia de no ceder ante amenazas de perder apoyos o becas a
cambio de votos. Este mensaje es poderoso y resuena con muchos ciudadanos que
están cansados de las prácticas coercitivas que han plagado la política
mexicana.
Su denuncia de los candidatos que
han "brincado de partido en partido" para obtener posiciones también
toca un nervio sensible en un electorado harto de la falta de lealtad y
consistencia en sus representantes.
La estrategia de Esquer de
centrarse en encuentros directos con los ciudadanos, visitando colonias y
dialogando con padres de familia, muestra un intento genuino de conectar con la
gente y entender sus preocupaciones.
Este enfoque de base es una
bocanada de aire fresco en un panorama político donde los candidatos a menudo
se mantienen distantes y ajenos a las realidades cotidianas de sus electores.
Sin embargo, las promesas de
campaña y la realidad de gobernar son dos cosas muy diferentes. Esquer ha
prometido ser una "representación auténtica en la Cámara Baja" y
defender los intereses de los sinaloenses.
Pero la pregunta sigue siendo:
¿Podrá mantener estas promesas una vez en el cargo? La política mexicana está
llena de ejemplos de candidatos bienintencionados que sucumbieron a las
presiones del sistema una vez electos
Además, su llamado a
"escoger entre la mentira y la verdad" y su crítica a la
"concentración absoluta de poder" subrayan una preocupación legítima
sobre el estado de la democracia en México.
Sin embargo, es fundamental que
Esquer y otros candidatos demuestren con acciones concretas, y no solo
palabras, cómo planean enfrentar estos desafíos si son electos.
En un contexto donde la confianza
en las instituciones políticas está en su punto más bajo, la autenticidad y la
coherencia serán cruciales para cualquier candidato que aspire a ganar y, más
importante, mantener el respaldo del público.
Sergio ‘Pío’ Esquer tiene la
oportunidad de demostrar que su campaña no es solo una colección de eslóganes
atractivos, sino una verdadera promesa de cambio y representación fiel para los
sinaloenses.
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