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Ordena ocupación permanente de Air Liquide, dentro de la refinería; justifica decisión por utilidad pública y causa ambiental; empresa adquirió la planta en 2017; indemnización, en 10 días
El Gobierno de México hizo oficial este jueves la expropiación y la ocupación definitiva de la planta de hidrógeno de la empresa francesa Air Liquide México, ubicada en el interior de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
El 29 de diciembre de 2023, el Gobierno determinó la ocupación temporal, por causa de utilidad pública, de la Planta Productora de Hidrógeno denominada U-3400 en favor de Pemex Transformación Industrial (PTI) y fue hasta febrero de este año cuando ordenó a PTI, brazo comercial de la productiva del Estado, solicitar a la Secretaría de Energía (Sener) el inicio del procedimiento de expropiación de la fábrica.
La Razón consultó a la empresa sobre esta situación; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Algunos analistas señalaron que esta situación sólo oficializó lo que se anunció en febrero pasado y que, tras una intensa negociación y el decreto presidencial publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se prevé que el contrato quede terminado de manera anticipada.
El 31 de agosto de 2017, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto vendió a la empresa multinacional francesa la planta de hidrógeno por alrededor de 50 millones de euros (54.5 millones de dólares). En el acuerdo de compraventa se determinó que durante 20 años Air Liquide iba a suministrar hidrógeno a la refinería de Tula, que posee uno de los hidrotratadores más grandes del país.
No obstante, después de la ocupación temporal, la empresa informó en un comunicado que “estaban contactando activamente a las autoridades para obtener claridad sobre la situación y actualmente están revisando sus opciones en el contexto de esta situación”.
De acuerdo con el decreto publicado ayer, la interposición de cualquier medio de defensa por parte de la compañía “no suspende la ejecución inmediata” de las medidas anunciadas.
Además, el gobierno mexicano argumentó que entre las razones para expropiar la planta se encuentran el cuidado del medio ambiente, con la reducción en los niveles de azufre en los productos petrolíferos, ya que al estar presente en los combustibles, generan óxidos contaminantes, “por lo que es preciso reducir su contenido e incrementar el uso del hidrógeno”.
“Se justifica la expropiación por causa de utilidad pública, ya que, por un lado, tiene por objeto hacer efectivo el derecho a un medio ambiente sano, para el desarrollo y bienestar de las personas, pues el hidrógeno, materia prima para la generación de combustibles limpios que se produce en la planta U-3400 debe estar a cargo de manera directa e inmediata de Pemex Transformación Industrial para la eficaz producción de combustibles limpios”, agrega.
Señala que Pemex Transformación Industrial debe pagar el monto de la indemnización calculada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales en un plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación del citado decreto.
“Los interesados pueden acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización”, concluye.
