En los comicios de 2021, el INE estableció que, de buena fe, los partidos postularan candidatos exentos de denuncias o sentencias por violen...
En los comicios de 2021, el INE estableció que, de buena fe, los partidos postularan candidatos exentos de denuncias o sentencias por violencia física o familiar, acoso sexual o que adeudaran pensión alimentaria.
Ahora, este criterio, inspirado en la plataforma 3 de 3 contra la violencia, que desde 2020 impulsa el colectivo Las Constituyentes MX, es una causa legislativa y de activismo ciudadano.
Actualmente, en Edomex, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco y Yucatán es ley que, para aspirar a cargos de elección, no deben tenerse antecedentes, investigaciones, procesos o condenas por violencia doméstica, agresión sexual o deber pensión.
La iniciativa se discutirá en el Congreso de Morelos.
Esta idea de “no más agresores en el poder” enfrenta trabas: si bien el TEPJF validó el criterio del INE, cuando los potenciales sancionados interpusieron quejas, los magistrados inclinaron la balanza a su favor. Yndira Sandoval, fundadora de Las Constituyentes MX, acusa que también los jueces se ponen del lado de los deudores.
Aleida Alavez, vicecoordinadora de los diputados de Morena, señala que se logró dictaminar una reforma al artículo 41 constitucional, pero no ha transitado por falta de apoyo “de los compañeros”. Aun así, confía en legislar la 3 de 3 este año.
Pese a todo, feministas, legisladoras y víctimas impulsan iniciativas para sancionar, incluso con la inhabilitación a cargos, a quienes incurran en dichas violencias siendo funcionarios públicos o empleados de instancias que reciban recursos del Estado, incluyendo las instituciones de educación superior.
Sandoval adelanta que ya se alista una propuesta de reforma que se presentará en la Cámara de Diputados, en septiembre.
Mujeres empujan castigo a violencia; iniciativa ley 3 de 3
Alistan propuesta para que a nivel federal los candidatos denunciados por acoso sexual o impago de pensión se les niegue el registro.
La idea de proscribir a los candidatos denunciados por violencia, acoso sexual o deuda en el pago de pensiones dejó de ser un esporádico criterio electoral para convertirse en una causa legislativa y de activismo ciudadano.
Impulsada en 2020 por el colectivo Las Constituyentes MX, la plataforma 3 de 3 contra la violencia inspiró los lineamientos que el INE estableció para el proceso de 2021, a fin de que los partidos políticos, en un acto de buena fe, asumieran el compromiso de que sus abanderados estarían exentos de esos señalamientos.
Fue en ese contexto que se popularizó la consigna de que “un violador no puede ser gobernador” cuando se ventilaron denuncias en contra del entonces candidato de Morena a gobernador de Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio.
Si bien el Tribunal Electoral federal le dio validez a ese criterio del INE, cuando los potenciales sancionados interpusieron quejas, los magistrados inclinaron la balanza a su favor.
Así lo revela la consejera electoral Carla Humphry Jordan, al compartir una detallada revisión de los alcances de la 3 de 3 contra la violencia.
Ese es sin embargo sólo uno de los varios obstáculos que encuentran en Ministerios Públicos, tribunales y jueces las mujeres que denuncian agresiones familiares, físicas y sexuales o la paternidad irresponsable de quienes se niegan a pagar la pensión alimentaria.
REFORMAS Y TENDEDEREOS
Frente a esta realidad, feministas, legisladoras y víctimas se han sumado a un movimiento nacional que igual promueve reformas en los estados para que la 3 de 3 contra la violencia sea una ley que los tendederos de deudores en plazas públicas o de acosadores en las explanadas universitarias.
En consecuencia, las iniciativas que buscan establecer sanciones en contra de quienes incurran en esas violencias ahora incluyen la inhabilitación de funcionarios en la administración pública y en todas las instancias que reciben recursos del Estado, es decir, también a las instituciones de educación superior que amparadas en la autonomía han cobijado el abuso de su personal. Yndira Sandoval, fundadora de Las Constituyentes MX, adelanta que ya se prepara una propuesta de reforma que, con el respaldo de miles de firmas ciudadanas, de organizaciones de la sociedad civil, académicos y universidades, se presentará en la Cámara de Diputados para el siguiente periodo ordinario, en septiembre, con el objetivo de que la 3 de 3 tenga soporte en la ley.
Y a dos años del lanzamiento de esa plataforma, la feminista considera que el avance ha sido sustancial porque “se logró colocar en el radar público”, en 5 estados pasó de ser un lineamiento electoral para convertirse en ley, lográndose que en Yucatán el cambio fuera en la Constitución. Celebra Yndira Sandoval que, en esa reforma, promulgada ya por el gobernador Mauricio Vila, se establezca para todos los cargos electorales, por designación y por concurso, que un requisito de idoneidad, legitimidad y probidad es el estar exento de denuncia, investigación, procesamiento y/o sentencia por alguna de esas 3 situaciones.
EL TRIANGULO DE LA DEMOCRACIA
Para la impulsora de esta plataforma que hace 10 días fue presentada como iniciativa en el Congreso de Morelos, lo más relevante es que ésta no caducó el 6 de junio de 2021. “Está avanzando para ser un marco jurídico y por ahora sigue cambiando las reglas políticas, rebasando el plano electoral, y se mete a la función pública, dota de ética a la responsabilidad política e institucional”, destaca. Considera que el avance es tal que si existen demandas de acoso, violencia o adeudo de pensión alimenticia “ya no hay prestigio que alcance, ya no hay encuesta que alcance”.
Para la feminista, el sustento de fondo de la 3 de 3 es que la democracia hoy para serlo debe establecer reglas para la erradicación de la violencia y del pacto patriarcal que se traduce en impunidad en la vida de las mujeres.
Y plantea la necesidad de comprender que esta plataforma es parte de lo que destacadas promotoras de la equidad de género como Dulce María Sauri, Patricia Olamendi y Alejandra Mora han denominado “el triángulo de la democracia desde las mujeres”: paridad en los cargos, mecanismos contra la violencia política y la 3 de 3.
De manera que Yndira Sandoval pide distinguir la violencia política de género de la violencia que se busca proscribir con la 3 de 3. “La violencia política es un marco jurídico que protege a candidatas, militantes, funcionarias. Pero la 3 de 3 protege a esas mujeres, niñas y niños que, sin realizar acciones políticas, son víctimas de agresores”, aclara.
Sostiene que, con este movimiento, toda la clase política está emplazada a comprender que no queremos más agresores en el poder. “Mientras otros piensan en votos, nosotras en derechos”.
PODER JUDICIAL EN LA MIRA
Destaca Yndira Sandoval que hasta ahora no se presentó ninguna acción de inconstitucionalidad en contra de la 3 de 3. “Pero que no estaría mal que la promovieran. Porque ya tenemos muchas opiniones de que no es inconstitucional la
plataforma 3 de 3. Sin embargo, sería bueno que alguien quiera meterse en ese terreno, porque obligaríamos a la Suprema Corte de Justicia a que se pronunciara de una vez”.
En los hechos, sin embargo, los jueces se ponen de lado de los deudores, de los padres desobligados que se niegan a pagar pensión; a los abogados de oficio les da flojera seguir estos casos, mientras las lagunas legales siguen favoreciendo “a los pobrecitos señores” que siempre encuentran un subterfugio.
Esa es la experiencia de Diana Luz Vázquez, impulsora de la llamada Ley Sabina que busca, entre otras medidas, que se integre un padrón nacional de deudores y que emprendió la batalla de los tendederos de progenitores irresponsables que prefieren ir al pleito legal que aportar al sustento de sus hijos.
“En 2021 nos metieron muchos goles: candidatos que eran deudores alimentarios, y que hoy ocupan cargos como diputados locales, federales y presidentes municipales.
Cuestionamos a los organismos electorales y la respuesta fue que debía haber venido la mamá a presentar su queja, con la demanda en mano. “O dijeron es que a mí eso no me toca... ¿Y qué respondió el Tribunal Superior de Justicia de cada entidad? Pues esto no me lo han pedido los institutos locales. Por eso hay que legislar. Y si ya tenemos un padrón de agresores sexuales y un padrón de violentadores políticos, ¿por qué no tenemos un padrón de deudores alimenticios visible, con nombre y apellidos”, cuestiona.
Relata que en el Poder Judicial se alega que otros derechos se anteponen: el del trabajo y el de la protección de datos personales. Pero, reclama, “sí hablamos de una ponderación de derechos, los de las infancias debieran ser primordiales”.
VIOLENCIA VICARIA Y PENSIONES
Con otras mujeres en la misma condición, peleando infructuosamente en los tribunales para conseguir la pensión que el padre de su hija Sabina debe, aun cuando es funcionario público, Diana Luz logró viralizar la etiqueta #DeudoresAlTendedero comprobando que si bien por ahora no hay jueces ni leyes que garanticen la reparación del daño, al menos los hace reaccionar la vergüenza social de ver sus fotografías con la etiqueta de deudores en las plazas.
Recuerda que, en otros países, dicha irresponsabilidad tiene consecuencias civiles como la negativa a permisos de construcción, vivienda o emprendimiento y hasta cancelación del pasaporte.
En cambio, en México, los deudores alimenticios se han sofisticado: “Como hay lagunas legislativas, y son bien mañosos los abogados, dicen ah, tú me demandas pensión, pues ahora te voy a quitar a los hijos y te demando guardia y custodia, y voy a poner que estás loca, que eres drogadicta, borracha, mariguana, que ya tienes otra pareja y que metes hombres a tu casa...Y tenemos un catálogo de las narrativas de estos señores. “Y terminan quitándole a los niños, pero no para cuidarlos ellos: se los llevan a la abuelita, a las nuevas parejas. Por eso muchas mujeres no le entran a demandar pensión”, explica.
Consecuentemente, el 80% de los violentadores vicarios —los que separan a sus hijos de las madres— en México son deudores alimentarios.
“Y de 10 casos de padres que están evadiendo el pago de la pensión, 1 o 2 cometerán violencia vicaria. Porque tienen la solvencia económica para pagar y corromper jueces, llevarse a los hijos e hijas, a veces sacándolos del país”.
Por eso Diana Luz pugna porque se legisle en la materia y cuando haya una demanda de pensión alimenticia, no se les acepten a los deudores ningún cambio de guardia custodia ni de patria potestad.
FALTA VOLUNTAD LEGISLATIVA
Los reclamos del movimiento 3 de 3 han llegado al Congreso, donde la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez Ruiz, confía en legislar este año.
“Logramos en la legislatura pasada dictaminar un paquete producto de 50 propuestas, impactando 18 artículos constitucionales en materia de igualdad sustantiva.
“En el artículo 41 constitucional se incluyó la 3 de 3, esto es que los requisitos de elegibilidad a cargos de elección popular implicarán no tener antecedente de violencia, investigación, procesamiento, mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica, no contar con antecedentes de denuncia, o sea, lo que dice la 3 de 3”, reseña.
Pero reconoce que ha faltado apoyo de los diversos actores de la Cámara de Diputados para concretar ese cambio constitucional.
“En el numeral uno del artículo 41 se dice que en la postulación de candidaturas se observará el principio de paridad de género y no tener antecedentes condenatorios de violencia familiar o doméstica, no tener delitos de agresión sexual o intimidad corporal, y no estar registrado como deudor de pensión alimentaria.
“Ahí traducimos los lineamientos de la 3 de 3 del INE a la Constitución. Pero no ha transitado nuestro dictamen, está ahí esperado a ver cuándo deciden atenderlo”, dice.
La vicecoordinadora ha presentado, junto con la diputada Imelda Pérez Segura, una iniciativa que busca incorporar dicha plataforma en las leyes de procedimientos electorales y en la de partidos.
“Vamos a meter esto en la reforma electoral, pero te darás cuenta entonces que no ha sido como la prioridad de quienes están al frente de las Cámaras, de sacar adelante esto”, lamenta.
Falta una defensoría para las mujeres: consejera Carla Humphrey
Es necesario otorgar asesoramiento para identificar posibles actos de violencia política, plantea.
A dos años de que el INE aprobó, el 26 de mayo de 2021, la resolución que dio paso al formato 3 de 3 contra la violencia, la consejera Carla Humphrey Jordán, protagonista clave en el impulso de ese mecanismo, considera que resulta indispensable el establecimiento de una defensoría para las mujeres.
Para la funcionaria electoral, impulsora también de la paridad en las candidaturas para los gobiernos estatales, entre otras medidas, se necesita otorgar asesoramiento para identificar posibles actos de violencia política, y otorgar acompañamiento en los procedimientos respectivos, a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Y es que para la también exconsejera electoral de la CDMX, no basta que la 3 de 3 contra la violencia sea un lineamiento electoral a nivel nacional, con aplicabilidad en las 32 entidades federativas y todos los municipios del país.
“Hay problemas con la accesibilidad, por cuanto a la información relativa a temas de violencia contra las mujeres. Generalmente, los datos que se requieren para verificar si una persona es o no responsable de ese tipo de actos, no existen, no están organizados o no están al alcance de la autoridad requirente”, resume.
Otro aspecto que debe atenderse es que el estar incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género no significa la pérdida del modo honesto de vivir, por lo que “se deben establecer mecanismos para que, al momento de analizar la realización de este tipo de actos, en todos los casos, se defina si se cuenta o no con el mismo y se incluya en el registro”.
Argumenta que esto resulta fundamental “porque los tribunales electorales, en general, al momento de resolver juicios de la ciudadanía o procedimientos especiales sancionadores, por actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, no siempre analizan la pérdida de la presunción de tener un modo honesto de vivir, aun cuando las personas denunciadas por dichas conductas graves e ilegales sean sentenciadas como responsables”.
SÓLO 3 CANCELADAS
Reseña la consejera que la muestra representativa aleatoria que fue sujeta a revisión en el caso de las elecciones de 2021, a través de requerimientos de información a autoridades judiciales, de procuración de justicia, penitenciarias y fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, se integró por 1,177 candidaturas, de las cuales 822 correspondieron a hombres y 355 a mujeres, es decir, el 70% de la muestra se integró por candidatos y el 30% por candidatas a una diputación federal.
Se realizaron requerimientos de información a 160 autoridades, de las cuales cuatro fueron a nivel federal y 156 a nivel local.
De las autoridades requeridas a nivel federal, se obtuvo un nivel de respuesta del 100%. Sin embargo, no reportó algún hallazgo.
De las respuestas recibidas en el ámbito local, 104 autoridades señalaron la inexistencia de hallazgos, esto es, el 71%; ocho autoridades manifestaron que otra autoridad detentaba la información solicitada; seis señalaron no ser competentes para atender la solicitud, mientras que 28 autoridades reportaron algún hallazgo al INE.
Se descartaron 258 casos por advertirse diferencia entre el nombre de la persona candidata registrada y el reportado por la autoridad correspondiente, por tratarse de una homonimia o no contar con sentencia o resolución firme. “De los 48 casos restantes en los que se determinó la coincidencia con alguno de los supuestos establecidos en los formatos de la 3 de 3 contra la violencia o de violencia política contra las mujeres en razón de género, 37 casos fueron descartados en virtud de que no contaban con sentencia o resolución firme.
“Finalmente, respecto de las seis coincidencias restantes, se dio vista a las candidaturas correspondientes y los partidos políticos postulantes para que ejercieran su garantía de audiencia”, reseña la consejera.
En cuanto a la información allegada por la ciudadanía por el probable incumplimiento de los formatos de la “3 de 3 contra la violencia”, se recibieron 6 manifestaciones correspondientes a ocho candidatas, de las cuales finalmente fueron descartadas dos por haber sido sustituidas por renuncia y tres por no contar con sentencia o resolución firme.
También, se obtuvieron hallazgos de tres candidatas con antecedentes, respecto de las cuales, el INE determinó cancelar su candidatura; no obstante, les fueron restituidas, derivado de las resoluciones que, al respecto, emitieron la Sala Superior y la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF”, detalla.
