Pasan carpetas por ese delito de 16,678 en 2020 a 23,285 en 2021, según el SESNSP; en 21 estados, casos en aumento; en 4, alzas hasta de 157...
Pasan carpetas por ese delito de 16,678 en 2020 a 23,285 en 2021, según el SESNSP; en 21 estados, casos en aumento; en 4, alzas hasta de 157%; proyecto de ministro abre vía a despenalización; plantea declarar inconstitucional cárcel, multas y pérdidas de derechos por incumplimiento
Del primero al segundo mes de este año, en 21 estados aumentó la incidencia del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, y en cuatro de ellos en más del 50 por ciento, como son los casos de Durango, Nayarit, Quintana Roo y Sonora.
A nivel nacional, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre del 2021 se registró un incremento del 31.7 por ciento, al contabilizarse 23 mil 285 carpetas de investigación contra las 17 mil 678 que hubo en el 2020.
Con base en la misma fuente, entre enero y febrero de este 2022 Nayarit pasó de 44 casos en enero a 70 en febrero, lo que representa un aumento de 59 por ciento; mientras que Durango tuvo un incremento de 157 por ciento al pasar de 7 a 18 expedientes de un mes a otro.
En Sonora, los deudores alimentarios denunciados pasaron de 80 a 124, un aumento de 55 por ciento; en Quintana Roo, de enero a febrero las carpetas por este delito subieron 57.6 por ciento; mientras que Tamaulipas registró 21 por ciento en el mismo lapso.
Si se vota a favor, esto le abrirá la puerta a todos los deudores alimentarios del país; sería una violencia contra las infancias, sí, y sería indiscutiblemente una violencia machista
Natalia Lococo, Dirigente del Frente Nacional de Mujeres
Jalisco no presenta ningún caso por este delito, mientras que Oaxaca se mantuvo con el mismo número de carpetas por incumplimiento, que fueron en total 11.
En el lapso revisado, ocho estados presentaron una disminución en sus presuntos deudores alimentarios, como Campeche, en donde las carpetas de investigación bajaron de 27 a 16, es decir, un 68.7 por ciento.
Otro caso es el de Tabasco, en donde de enero a febrero de 2022 se registró una disminución de 28.1 por ciento, al pasar los expedientes de 91 a 71 en el lapso analizado.
También se registró un descenso en Colima, en este caso del 31.8 por ciento y otro en Guanajuato, en donde las carpetas pasaron de 195 a 170, es decir, 14.7 por ciento menos entre enero y febrero.
Otros estados en donde también se registró una disminución en la incidencia de este delito, aunque en menor proporción, son Baja California, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán.
El tema, en manos de la Corte
Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará el amparo 613/2019, en donde la parte quejosa busca que se extinga un proceso penal abierto en su contra por dejar de pagar la pensión alimenticia.
El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propone conceder el amparo solicitado, lo que implicaría abrir el camino hacia la despenalización de esta conducta.
En el proyecto, Ortiz Mena propone declarar inconstitucional el artículo 193 del Código Penal de la Ciudad de México, que establece penas de tres a cinco años de prisión y de 100 a 400 días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia a quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos.
ONG ve retroceso en derechos
Ante esta posibilidad, la fundadora del colectivo Frente Nacional de Mujeres, Natalia Lococo, afirmó que si se aprueba este proyecto se favorecerá el que algunos padres de familia utilicen a los hijos para dañar a sus ex mujeres al negarse a pagar la pensión correspondiente.
La activista dijo a La Razón: “Si se vota a favor, esto le abrirá la puerta a todos los deudores alimentarios del país; sería una violencia contra las infancias, sí, y sería indiscutiblemente una violencia machista”.
Agregó: “¿Por qué? Porque va dirigida a una violencia económica a la madre, porque es la que tiene que redoblar esfuerzos, salir a buscar tres trabajos para darle de comer a los hijos y estamos muy acostumbrados en nuestro país por el machismo, a que las mamás todo lo resuelven”.
La dirigente advirtió que si se aprueba este proyecto de sentencia, representará un retroceso en la lucha de las mujeres por sus derechos y por la reivindicación de género.
Añadió que de ser aprobado, varios colectivos en defensa de las mujeres del país usarán todos los recursos que estén a su alcance para revertir la decisión.
Con énfasis, Natalia Lococo expresó: “Que sí sea cárcel y que no se abra esta puerta de retroceso en materia de justicia porque el adeudo de pensión alimenticia o la violencia económica ya está dentro de la ley de acceso a las mujeres como un delito”.
Se preguntó: “¿Qué quieren hacer?, ¿retroceder? Ese paso que dimos lo quieren tirar. Esto no puede pasar; hay miles de mujeres que no tienen idea de lo que se puede votar y que les va a impactar en su vida”.
Se espera que este miécoles, diversas organizaciones acudan a la sede de la SCJN para manifestarse en contra del proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por considerar que de aprobarse sería el inicio de la despenalización de la omisión en el pago de pensión.
Además del Frente Nacional de Mujeres, se espera que acudan integrantes de la Red Nacional de Deudores Alimentarios y de varios colectivos feministas que consideran que el citado proyecto fue elaborado sin una perspectiva de género.
Como parte de las acciones a realizar, las organizaciones que se harán presentes en la sede del máximo tribunal del país colgarán tendederos con nombres y apellidos y en algunos casos fotografías de personas, fundamentalmente hombres, que han incurrido en incumplimiento y no han sido sancionados.
En su proyecto, el ministro ponente argumenta que perseguir penalmente a quien por algún motivo dejó de pagar la pensión puede representar una carga excesiva para el responsable, sea hombre o mujer.
Agrega que la pérdida de los derechos de familia impuesta como sanción a la omisión del pago de alimentos es imprecisa, porque no se especifica qué derechos se deben suspender o privar, lo que abre la puerta a la discrecionalidad.
