Altoparlante Juan Manuel Partida Valdez Comenzamos hoy a exhibir toda una serie de irregularidades en los manejos del Fondo Auxiliar para la...
Altoparlante
Comenzamos hoy a exhibir toda una serie de irregularidades en los manejos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa, con muchos millones de pesos de los que no se conoce con precisión su origen y su destino, y con una gran cantidad de dinero operada con escasa transparencia y simulación en lo que a rendir cuentas se refiere.
Desde dentro mismo del tribunal se nos denunció sobre corrupciones en los manejos financieros y la presunta comisión del delito de lavado de dinero, por lo que el pasado 26 de julio presentamos la solicitud de información con folio 895821, que en resumen plantea se rindan cuentas sobre los dineros manejados en ese fondo durante los pasados cinco años, con detalles en los ingresos y los egresos.
Lo principal tiene que ver con que entra dinero de presuntos infractores sin que se precise su origen, y se repone luego con cheque de gobierno, ya “limpiecito”.
Este martes 25 de agosto recibimos respuesta firmada por la Coordinadora de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Norma Lorena García López, que consideramos insuficiente y motivó el recurso de revisión RR0055321, presentado ayer miércoles ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.
Poco antes de salir como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado Enrique Inzunza Cázarez --anunciado como próximo secretario general de gobierno con Rubén Rocha Moya-- ordenó una auditoría para según él dejar cuentas claras en los gastos del fondo.
En la respuesta recibida se nos adjuntó el resultado de la auditoría del año 2020, realizada por Integridad Patrimonial, S.C., con la firma del Socio Senior Esaú Iribe Ledón, con un comparativo a lo del año 2019, que fue auditado por un despacho diferente.
Entre la información no respondida por el STJ está nuestro planteamiento de que se precise con detalle cuánto dinero o bienes muebles entregados como fianzas han recuperado los particulares, y cuánto queda pendiente de recuperar o está en plazo vencido para ello.
Según la ley respectiva, “los rendimientos que se generen en la administración de los fondos se aplicarán al mejoramiento de la calidad de los elementos y ambiente materiales del trabajo del servicio de administración de justicia que compete al poder judicial”.
Al 31 de diciembre del 2020, la auditoría encontró en “efectivo y equivalentes” un total de 538 millones 605 mil 937 pesos, de los que 531 millones estaban en inversiones temporales, cero pesos en caja y 7 millones 605 mil 937 en bancos, con un rubro que llama la atención dentro del total de fondos de terceros en administración y en inversiones a corto plazo: 50 millones 186 mil 486 pesos aparecen como “fondos pendientes de identificar”.
Un gasto relevante es el de los servicios personales con un total de 24 millones 389 mil 295 pesos por concepto de remuneraciones adicionales y especiales; seguridad social; otras prestaciones sociales y económicas, y la erogación más elevada --casi 12 millones de pesos-- en pago de estímulos a servidores públicos; sobresueldos y prestaciones especiales, para explicarlo mejor.
En esta primera entrega, evidencias documentadas que dan fe de actos enmarcados en manejos abusivos y poco claros de los dineros en el fondo.
Sobre la presunta complicidad en el lavado de dinero y otras irregularidades comentaremos en la próxima entrega de Altoparlante, con la puntualización de que durante el 2020 fungió como presidente del tribunal quien fue anunciado como el número dos en el próximo gobierno estatal.
