Aprueban expedir el Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Las y los Diputados integrantes de la LXI Legislatura aprobaron el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Punt...

Culiacán, Sinaloa.- Las y los Diputados integrantes de la LXI Legislatura aprobaron el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Hacienda Pública y Administración sobre iniciativa del Diputado Óscar Javier Valdez López, que propone expedir el Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa.

Código Fiscal que asienta que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos de los Municipios del Estado, conforme al mandato de la Carta Magna, la Constitución Política Local así como las leyes fiscales aplicables.

Define igualmente los ingresos de los municipios en dos rubros: ordinarios y extraordinarios, siendo los primeros aquellos que se perciben regularmente, incluyéndose en cada ejercicio fiscal en la Ley de Ingresos Municipal correspondiente, que expide el Congreso del Estado, tales como las contribuciones, que se clasifican en: impuestos y derechos; los productos y aprovechamientos; las participaciones a que tenga derecho a percibir el Municipio, derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y, los que provengan de indemnizaciones. En tanto que los ingresos extraordinarios son aquellos que se perciben sólo cuando circunstancias anormales colocan al Municipio frente a necesidades imprevistas que lo obligan a erogaciones extraordinarias como los empréstitos que se utilicen para sufragar los gastos extraordinarios del municipio y, los que sean decretados excepcionalmente.

Señala que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los quince días siguientes a la fecha de su solicitud.

El Código tiene también por objeto crear instancias y mecanismos que permitan maximizar las potestades recaudatorias y fiscalizadoras de los Municipios, para lo cual se actualizará el marco jurídico fiscal referente a las potestades tributarias a fin de dar claridad y certeza jurídica los procedimientos realizados por las autoridades fiscales al momento de ejercerlas con el fin de garantizar el apego del Estado a las obligaciones que se derivan de lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14 y 18. El citado Código consta de Doscientos Trece Artículos y Siete Artículos Transitorios.

Durante la discusión, el Diputado Óscar Javier Valdez López, Presidente de la Comisión de Hacienda e iniciador de este código, señaló que el código fiscal representa un “gran avance en el fortalecimiento de las haciendas públicas municipales porque proporcionará a los ayuntamientos las herramientas jurídicas necesarias para hacerse llegar de los recursos que requieran para financiar el gasto público.

Regulará de forma educada la hacienda municipal y fortalecerá su actuación en cuanto a la captación de recursos, y por otra parte comprometerá a las autoridades fiscales municipales a someter todos sus actos al imperio de la ley”.

Durante la sesión, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por la Diputada Laura Galván Uzeta, y los Diputados César Fredy Montoya Sánchez, Roque de Jesús Chávez López, José Manuel Osuna Lizárraga y Francisco Solano Urías, en la que proponen reformar y adicionar el artículo 45 de la Ley Orgánico del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, con la que “se busca dotar, al área responsable de las investigaciones criminalística y servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de mecanismos de certificación de capacidades laborales en materia de seguridad y delitos informáticos, para que éstas contribuyan a los objetivos y principios de la figura del Ministerio Público en Sinaloa”.

Su propuesta de reforma y adición al artículo 45 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa dice:

“ARTÍCULO 45. . .

I…

II. Desarrollar programas para eficientar la prestación de los apoyos criminalísticas y periciales en materia de criminalística de campo, balística forense, fotografía forense, sistemas de identificación criminal, laboratorio de criminalística, medicina forense, informática y tecnología, entre otras especialidades.

III a IX…

X. Coadyuvar con la Procuraduría para capacitar, desarrollar, implementar y adoptar estándares de competencia laboral en las áreas de ser vicios periciales.

XI. Las demás que le sean encomendadas por el Procurador General de Justicia”.

Posteriormente, se le dio primera lectura a la iniciativa presentada por el Diputado Ramón Lucas Lizárraga, que propone se reforme la fracción XXI Bis, inciso B del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la cual busca la armonización con el mandato federal en materia de autorización de deuda pública.

Asienta en que texto que la Carta Magna en la fracción VIII del artículo 117, señala que “las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago”.

En ese sentido, señala que el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en el inciso b) de la fracción XXI Bis, “riñe con el texto federal”, ya que dice: “Autorizar al Estado, a los Municipios, a los organismos descentralizados estatales o municipales, a las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y a los fideicomisos públicos que formen parte de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal; conforme a las bases que se establezcan en la ley y en los casos que impliquen obligaciones que constituyan deuda pública, mediante el voto de la mayoría de sus miembros, la celebración de contratos de colaboración público-privada”.

Por ello su propuesta dice:

“Artículo 43. . .

I a XXI. . .

XXI Bis. . 

a)…

b) Autorizar al Estado, a los Municipios, a los organismos descentralizados estatales o municipales, a las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y a los fideicomisos públicos que formen parte de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal; conforme a las bases que se establezcan en la ley en los casos que impliquen obligaciones que constituyan deuda pública, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros, la celebración de contratos de colaboración público privada, la afectación como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, de los ingresos que les correspondan o, en su caso, de los derechos al cobro de los mismos, respecto al cumplimiento de todo tipo de obligaciones que deriven de dichos contratos o de cualesquier otros actos jurídicos relacionados con los mismos; y para la celebración de las demás modalidades y actos jurídicos que, en términos de lo previsto por la misma, la requieran;

XXII a XXXV. . .”.

Otra de las iniciativas que recibieron trámite legislativo, fue la presentada el Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que propone adicionar el capítulo “De la Declaración Patrimonial y de Intereses” a fin de homologarla con la Constitución Federal, para que junto con la declaración patrimonial los servidores públicos presenten su declaración de intereses.

Su propuesta de adición de un Capítulo VI “De la Declaración Patrimonial y de Intereses”, que comprende un artículo 140 Bis, dentro del Título VI de la Constitución Política del Estado de Sinaloa denominado “De la Responsabilidad de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, para quedar así:

“Artículo 140 Bis. Los servidores públicos que se refieren en este Título VI estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes”.

Por otra parte, se conoció el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Equidad, Género y Familia; Derechos Humanos, y de Justicia, sobre diversas reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, producto de dos iniciativas y que conllevan establecer como derechos de las mujeres protegidos por ley, a la seguridad de la persona, al no ser sometidas a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; a que se respete la dignidad inherente a su persona y protección a su familia; asimismo, modifica de 24 horas a ocho horas el tiempo en que se deberán expedir órdenes de protección de emergencia y preventivas, y adiciona una medida más de protección de emergencia.

El dictamen también señala, dentro de las reformas hechas, “la desocupación inmediata por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo, a fin de garantizar la seguridad personal de la víctima.

En otra parte, se pronuncia por la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos; prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes o descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad; prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia, entre otras reformas a la citada ley.

En Asuntos Generales, el Diputado Miguel Ángel Camacho Sánchez, del Partido Acción Nacional, hizo uso de la Tribuna para hablar sobre la implementación del alcoholímetro en Sinaloa, señalando que esta Soberanía se suma a la tarea nacional respecto a la prevención de accidentes propiciados por el consumo de bebidas alcohólicas, que producen más de 20 mil muertes al año en el país.

Avaló igualmente, las acciones así como los actores que intervendrán en la aplicación del alcoholímetro, aunque señaló la presunción de corrupción que se registra, toda vez que pese a estar un médico incluido dentro del personal, el automovilista no llega a él por el soborno que entrega, por lo que calificó la aplicación de estos operativos como recaudatorios.

Sobre el mismo tema, la Diputada Sandra Yudith Lara Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, dijo que habrá quien esté en desacuerdo con la aplicación del alcoholímetro, y Sinaloa forma parte de las diez entidades federativas en rojo de accidentes viales por el consumo de alcohol, por lo que no debe considerarse como un programa recaudatorio o de corrupción.

Señaló que el dictamen que fue presentado para su primera lectura, aún debe analizarse con mayor precisión, por lo que se debe de convocar a una autoridad de algún municipio grande, e invitar a representantes de la Comisión de Derechos Humanos y del Observatorio de la Secretaría de Seguridad, a fin de que también tengan elementos para luego aplicar esta reforma a la Ley de Tránsito y Transportes, y que además, permita crear una mayor conciencia sobre la cultura vial en la entidad.

En tanto, el Diputado Roque de Jesús Chávez López, del Partido Revolucionario Institucional, recordó que en la capital del país se implementó el alcoholímetro, en donde se aplica a todo automovilista, y cuyas penas son de sanciones inconmutables en “El Torito”, hasta por 36 horas, y que ello ha llevado a la reducción en un 40 por ciento.

Luego, el Diputado José Manuel Osuna Lizárraga, del Partido Revolucionario Institucional, también se pronunció por una mayor revisión del dictamen, para perfeccionarla para el bienestar de las familias sinaloenses; que si puede ser recaudatorio, nadie sabe qué se hace con ese recurso y si se analiza la condición de los agentes de tránsito, se darán cuenta que esos recursos no llegan a la Dirección.

En otro tema, el Diputado Noé Quevedo Salazar, del Partido Sinaloense, fijó un posicionamiento en contra de los recursos presupuestales anunciados por la federación, dijo que los mexicanos soportan gobiernos corruptos porque no tienen seguridad, recibe una educación de baja calidad y que atentan contra los derechos humanos; el gobierno actual no es la excepción y engaña a la población con políticas sociales que en poco o nada benefician a las clases más desprotegidas, los números no mienten y sí muestran la realidad.

Sobre el tema, el Diputado Ramón Lucas Lizárraga dijo sumarse a lo externado por su antecesor en el sentido de que los recortes presupuestales no afectarían a aquellos sectores que más dificultades tienen y áreas que tienen que ver con las nuevas generaciones así como los grupos vulnerables; que el gobierno federal faltó con su palabra con nuevos aumentos a las gasolinas, por lo que dijo que se analice hacia dónde van los recortes presupuestales, como son el sector educativo al reducir el programa de becas.

Aprovechando la Tribuna, Lucas Lizárraga solicitó que se considerara el tema de la Diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, en virtud de que esta Soberanía sólo conoció el dictamen de la Comisión Instructora de la Cámara Federal, lo que dio pie a que se turnara al área jurídica para que emitiera una consideración jurídica que indique cómo procederá la Cámara.

A lo que el Diputado Francisco Solano Urías, Presidente de la Mesa Directiva, respondió que ese tema quedó finiquitado desde el jueves de la semana anterior para esta legislatura, toda vez que se procedió tal y como lo mandató la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por otra parte, el Diputado Martín Pérez Torres, del Partido Acción Nacional, Al recordar que en 1996 en el cruce de Santa Rosa hubo una tragedia con un saldo de más de 30 muertos y decenas de heridos, dijo: “hoy, hago un llamado a la autoridad, porque luego de 20 años se suscitan accidentes en los cruces del ferrocarril y también, por imprudencia de conductores de vehículos y otros más por negligencia o descuido, pero se dan.