Culiacán, Sinaloa.- El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, PAS, en voz de su coordinador, Héctor Melesio Cuén Ojeda, considera, pr...
Cuén denunció que por años, la situación de los jornaleros agrícolas en el país, ha sido invisible para las autoridades, aun cuando éstos trabajan en condiciones muy parecidas a las de la esclavitud: inhumanas, insalubres y de miseria salarial.
El Diputado del PAS y presidente de este instituto político manifestó que el 8 de julio del año pasado, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, desde la misma tribuna, denunció las condiciones de trato injusto que reciben miles de jornaleros agrícolas que laboran en los campos agrícolas de nuestra entidad, tanto hombres y mujeres como niñas y niños. No obstabnte, la situación no ha cambiado. Explicó que Sinaloa recibe a familias enteras de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Michoacán principalmente en los municipios de Culiacán, Navolato, Elota, Salvador Alvarado, Guasave y Ahome, donde se ubican los grandes valles productores de nuestro estado. Según el Consejo Estatal de Población de Sinaloa, en un periodo intensivo del ciclo hortícola que comprende de septiembre a abril, arriban aproximadamente entre 100 mil y 150 mil trabajadores. Informó que en Sinaloa, un jornalero gana entre 100 y 120 pesos diarios, si corta la cosecha en cuatro surcos, de unos 200 metros cada uno. El surco suele pagarse a 25 pesos y la cubeta, llena de tomates, a 1 peso con 75 centavos, lo que significa que el trabajador debe acumular en una jornada de ocho horas, unas 80 cubetas, pero de manera similiar a explotación que sufren los jornaleros en Baja California, señaló que en Sinaloa no es común que haya contratos laborales formales, las viviendas y sus servicios se encuentran en malas condiciones, incluso algunas no tienen energía eléctrica ni agua potable, regaderas, sanitarios y/o lavaderos; los empresarios no garantizan a los jornaleros el transporte de regreso a su lugar de origen; hay suspensión de labores, o pago incompleto de salario si se ausenta del campo, aun por cuestiones de salud. Además, el servicio médico de las clínicas de los campos agrícolas es deficiente e irregular, ya que el horario de atención es incompatible con la jornada de trabajo; los productos de la canasta básica se venden a altos precios en las tiendas de los campos agrícolas, y lo más lamentable: en el estado de Sinaloa es donde se reporta el mayor número de fallecimientos de jornaleros y jornaleras agrícolas por cuestiones de salud, falta de atención médica oportuna, negligencia médica, accidentes por riesgo de trabajo, u otras circunstancias.
Uno de los aspectos de mayor desgracia de los jornaleros agrícolas, advirtió Cuén, es el trato y la vida que tienen niñas y niños que forman parte de este sector, pues empiezan a trabajar entre los siete y ocho años, incluso -según estadísticas de INEGI-, hay casos donde hay menores de cinco años trabajando en los campos agrícolas, dado que su incorporación es necesaria para resolver el problema del ingreso familiar.
Los jornaleros agrícolas, explicó Cuén, en general, carecen de programas de atención a la salud. La falta de atención médica ocasiona que muchas veces las enfermedades curables (fiebre, diarrea, conjuntivitis, entre otras) tengan consecuencias fatales, sobre todo entre los niños. Este es un problema añejo, como lo es el caso de las comunidades indígenas en Sinaloa. Han sido muchas veces motivo de denuncia pública las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas, como los intentos para que el Congreso del Estado intervenga en modificar las condiciones inhumanas en que viven estos grupos vulnerables.
Por esta razón, añadió el Diputado Cuén, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense elaboró y entregó a la LXI Legislatura dos iniciativas de ley relacionadas con el tema: El 30 de abril del 2014, la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Sinaloa; y el 8 de julio del 2014, la Ley de Atención y Ayuda a Migrantes del Estado de Sinaloa, cuyos objetivos fundamentales son asegurar el cumplimiento de los derechos humanos a los indígenas que transiten, residan temporal o permanentemente dentro del territorio del estado de Sinaloa, establecer el marco jurídico y los lineamientos de las políticas públicas para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y las comunidades indígenas, reconocer y preservar los derechos específicos de la lengua, la cultura, la identidad, las formas de organización, tradiciones y cosmovisión de los pueblos y las comunidades indígenas, regular la atención y ayuda a migrantes que se encuentren en territorio del estado de Sinaloa, así como facilitar los medios gubernamentales, privados y sociales, para promover la ayuda recíproca y preservar las relaciones de los sinaloenses radicados fuera de la entidad.
A las iniciativas anteriores, agregó Cuén, se suma una tercera, presentada a inicios del presente mes: la Iniciativa de Decreto por el que se Expide la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en la cual se incluye un apartado para la atención de los niños, hijos de jornaleros agrícolas. Dicha ley tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, en cada una de las etapas de crecimiento. Especial cuidado y atención merecen las niñas, niños y adolescentes en situación extraordinaria, tales como los hijos de jornaleros agrícolas, indígenas, migrantes, con capacidades especiales y aquellos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
Cuén recordó también que hace unos días, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, informó que en el marco de las acciones del operativo, “México con Trabajo Digno”, más de 200 indígenas tarahumaras fueron rescatados de condiciones inhumanas del campo agrícola El Cerezo, del municipio de Comondú en Baja California Sur, donde se encontraron dos campamentos, donde estaban hacinados, en condiciones insalubres, trabajadores, hombres, mujeres y niños.Vivían en chozas elaboradas de ramas, hules y costales, rodeadas de basura y lodo, con poca agua y baños sucios; el lugar también estaba habilitado como cocina, en total desorden y falta de higiene. Estas inspecciones provocaron que los jornaleros agrícolas de los campos de la zona sur de Baja California se expresaran por las constantes violaciones a los derechos humanos y a la Ley Federal del Trabajo, lo que los orilló a hacer un paro laboral para llamar la atención del gobierno federal. Esta no es la primera vez que se denuncia la precaria e inhumana situación laboral en la que se desempeñan estos trabajadores agrícolas: en 2003, la Procuraduría de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno del estado de Baja California, por violaciones a los derechos sociales, económicos y culturales de los jornaleros agrícolas, en la que señalaba las pésimas condiciones de vida y trabajo de estas personas. También se advirtió de los casos de trabajo infantil en esta zona, pero las autoridades estatales desconocieron tales denuncias. Al ser ignorados por autoridades estatales, los jornaleros de las poblaciones de San Quintín, Punta Colonet, Camalú, San Vicente, Lázaro Cárdenas y El Rosario se han agrupado bajo la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales por la Justicia Social del Valle de San Quintín y tras el bloqueo de la carretera Transpeninsular, emitieron un pliego petitorio en el que exponen sus necesidades. Fermín Salazar, uno de los líderes de la Alianza informó que no es la primera vez que emiten un pliego petitorio, el pasado 15 de octubre de 2014 dirigieron sus demandas al gobierno del estado, pero no obtuvieron respuesta alguna. Hoy, ante la preocupación económica de los empresarios, han logrado captar la atención del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California, Adrián Olea Mendivil, quien hizo un llamamiento al gobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, para que se apresurara a solucionar el conflicto por las pérdidas económicas que se derivarán no solo por el paro agrícola, sino también por el bloqueo de la única carretera que conecta con el norte a Baja California Sur.
Después de estas denuncias, tanto las autoridades estatales como nacionales y los organismos de Defensa de Derechos Humanos, nacionales e internacionales han vuelto los ojos a la situación de los jornaleros agrícolas de Baja California. Esta denuncia y reclamo de los trabajadores agrícolas del estado de Baja California, no es ajena a lo que ocurre en nuestra entidad.
