Culiacán, Sinaloa.- El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, PAS, consideró justo y necesario que en el país también se realice una re...
Culiacán, Sinaloa.- El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, PAS, consideró justo y necesario que en el país también se realice una reforma profunda acerca de la manera y el monto en que las entidades federativas, municipios y demarcaciones del Distrito Federal reciben recursos federales por concepto de participaciones y aportaciones, todo ello en el marco de lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal y mediante el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que es el organismo que regula y vigila la colaboración entre la federación y las entidades federativas, manifestó el legislador Robespierre Lizárraga Otero.
El creciente endeudamiento reportado en los últimos años por las entidades federativas y municipios se ha convertido en un asunto de interés público y de la agenda legislativa federal, agregó, por lo que los diputados del PAS propusieron que se deben implementar reglamentos para controlar y frenar el crecimiento de la deuda pública de los gobiernos de los estados y municipios.
Este endeudamiento se aprecia en una revisión rápida del saldo nacional histórico de obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y sus organismos, donde en 1994 era de 18 mil 278 millones de pesos, pero para 2014, o sea 20 años después, es de 489 mil 877 millones de pesos; es decir: 471 mil 599 millones más, lo que representa un crecimiento de más del 2 mil 500%, señaló Lizárraga Otero.
Asimismo, añadió, en los últimos diez años, la deuda ha pasado de 135 mil 15 millones de pesos en 2004, a 489 mil 877 millones de pesos en 2014. Esto es 354 mil 862 millones más, lo que significa un aumento de más del 260%.
Sobre Sinaloa, los diputados del PAS advirtieron que el endeudamiento estatal en 1994 era de 873 millones de pesos y, ahora, veinte años después, en 2014, aumentó a 7 mil 592 millones de pesos; o sea: 6 mil 719 millones más, lo que significa un aumento de 769%, por lo que Sinaloa representa el 1.5% de la deuda nacional.
Sobre esta materia, Robespierre apuntó que las leyes federales proponen que en un plazo de 90 días naturales se publique en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria de Responsabilidad Hacendaria aplicable a las entidades federativas, y que en un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la citada ley reglamentaria, que las legislaturas de los estados realicen las reformas necesarias para armonizar su legislación con este decreto.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense la aprobación de esta ley es de sumo interés, por dos razones. En primer lugar, por la aportación que hace a los debates que recientemente se han registrado en torno a la aprobación de la cuenta pública del estado, y de manera más específica, sobre la deuda pública y el proyecto de construcción de dos hospitales bajo el esquema de Asociaciones Públicas Privadas; en segundo lugar, por las aportaciones financieras que tienen las entidades federativas y municipios por parte del gobierno federal, basadas en lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Con respecto al primer punto, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense celebran la aprobación de esta ley reglamentaria; sin embargo, opinamos que se debe diseñar un mejor modelo institucional, con un marco jurídico sólido y mecanismos de control claros para que los gobiernos estatales y municipales tengan finanzas sanas y no comprometan recursos fiscales futuros que debieran destinarse a inversiones públicas productivas para el bienestar de la población. Sin duda alguna, esta Legislación aportará elementos para establecer las bases de la deuda pública; su regulación y ordenamiento en los diversos aspectos como, por ejemplo, el del tiempo en que puede ejercerse su pago, así como el de las garantías públicas en los compromisos adquiridos. De este modo, los acuerdos obtenidos en la ordenación de este aspecto contribuirán a la transparencia y rendición de cuentas.
En lo tocante al segundo punto, relacionado con las aportaciones financieras por parte del gobierno federal a las entidades federativas y municipios, la opinión del PAS opinión es que también debió incluirse una discusión al respecto en la aprobación de dicha iniciativa, ya que las necesidades y requerimientos propios de los estados los han obligado a que año con año, como hemos visto, incrementen su deuda pública. Estamos convencidos de que la principal razón del problema del aumento de la deuda en los estados es la centralización del ejercicio del presupuesto por parte del gobierno federal. Recordemos que las entidades federativas, municipios y las demarcaciones del Distrito Federal reciben recursos federales por concepto de participaciones y aportaciones. La distribución de estos recursos se realiza según lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal mediante la instrumentación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, dijo el Diputado del PAS.
En otras palabras, ejemplificó el legislador, por cada peso que el gobierno federal capta por la recaudación federal participativa, tan sólo 20 centavos se distribuyen entre las 32 entidades federativas y el Distrito Federal, para que a su vez los estados repartan a sus municipios el 20% de esos esos 20 centavos recibidos. De esta forma, los municipios del país sólo reciben 4 centavos de cada peso que recaba la federación por el concepto de recaudación federal participativa, lo cual evidencia a todas luces una distribución inequitativa; esta situación explica por qué la inmensa mayoría de los municipios del país están permanentemente en insolvencia financiera, concluyó.
El creciente endeudamiento reportado en los últimos años por las entidades federativas y municipios se ha convertido en un asunto de interés público y de la agenda legislativa federal, agregó, por lo que los diputados del PAS propusieron que se deben implementar reglamentos para controlar y frenar el crecimiento de la deuda pública de los gobiernos de los estados y municipios.
Este endeudamiento se aprecia en una revisión rápida del saldo nacional histórico de obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y sus organismos, donde en 1994 era de 18 mil 278 millones de pesos, pero para 2014, o sea 20 años después, es de 489 mil 877 millones de pesos; es decir: 471 mil 599 millones más, lo que representa un crecimiento de más del 2 mil 500%, señaló Lizárraga Otero.
Asimismo, añadió, en los últimos diez años, la deuda ha pasado de 135 mil 15 millones de pesos en 2004, a 489 mil 877 millones de pesos en 2014. Esto es 354 mil 862 millones más, lo que significa un aumento de más del 260%.
Sobre Sinaloa, los diputados del PAS advirtieron que el endeudamiento estatal en 1994 era de 873 millones de pesos y, ahora, veinte años después, en 2014, aumentó a 7 mil 592 millones de pesos; o sea: 6 mil 719 millones más, lo que significa un aumento de 769%, por lo que Sinaloa representa el 1.5% de la deuda nacional.
Sobre esta materia, Robespierre apuntó que las leyes federales proponen que en un plazo de 90 días naturales se publique en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria de Responsabilidad Hacendaria aplicable a las entidades federativas, y que en un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la citada ley reglamentaria, que las legislaturas de los estados realicen las reformas necesarias para armonizar su legislación con este decreto.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense la aprobación de esta ley es de sumo interés, por dos razones. En primer lugar, por la aportación que hace a los debates que recientemente se han registrado en torno a la aprobación de la cuenta pública del estado, y de manera más específica, sobre la deuda pública y el proyecto de construcción de dos hospitales bajo el esquema de Asociaciones Públicas Privadas; en segundo lugar, por las aportaciones financieras que tienen las entidades federativas y municipios por parte del gobierno federal, basadas en lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Con respecto al primer punto, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense celebran la aprobación de esta ley reglamentaria; sin embargo, opinamos que se debe diseñar un mejor modelo institucional, con un marco jurídico sólido y mecanismos de control claros para que los gobiernos estatales y municipales tengan finanzas sanas y no comprometan recursos fiscales futuros que debieran destinarse a inversiones públicas productivas para el bienestar de la población. Sin duda alguna, esta Legislación aportará elementos para establecer las bases de la deuda pública; su regulación y ordenamiento en los diversos aspectos como, por ejemplo, el del tiempo en que puede ejercerse su pago, así como el de las garantías públicas en los compromisos adquiridos. De este modo, los acuerdos obtenidos en la ordenación de este aspecto contribuirán a la transparencia y rendición de cuentas.
En lo tocante al segundo punto, relacionado con las aportaciones financieras por parte del gobierno federal a las entidades federativas y municipios, la opinión del PAS opinión es que también debió incluirse una discusión al respecto en la aprobación de dicha iniciativa, ya que las necesidades y requerimientos propios de los estados los han obligado a que año con año, como hemos visto, incrementen su deuda pública. Estamos convencidos de que la principal razón del problema del aumento de la deuda en los estados es la centralización del ejercicio del presupuesto por parte del gobierno federal. Recordemos que las entidades federativas, municipios y las demarcaciones del Distrito Federal reciben recursos federales por concepto de participaciones y aportaciones. La distribución de estos recursos se realiza según lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal mediante la instrumentación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, dijo el Diputado del PAS.
En otras palabras, ejemplificó el legislador, por cada peso que el gobierno federal capta por la recaudación federal participativa, tan sólo 20 centavos se distribuyen entre las 32 entidades federativas y el Distrito Federal, para que a su vez los estados repartan a sus municipios el 20% de esos esos 20 centavos recibidos. De esta forma, los municipios del país sólo reciben 4 centavos de cada peso que recaba la federación por el concepto de recaudación federal participativa, lo cual evidencia a todas luces una distribución inequitativa; esta situación explica por qué la inmensa mayoría de los municipios del país están permanentemente en insolvencia financiera, concluyó.
