Culiacán.- Ante la cercanía de la revisión y discusión de las cuentas públicas, el Diputado Ramón Lucas Lizárraga, del Grupo Parlamentari...
Culiacán.- Ante
la cercanía de la revisión y discusión de las cuentas públicas, el Diputado
Ramón Lucas Lizárraga, del Grupo Parlamentario del PRD, señaló lo que estimó
“tres grandes ausencias” a las que se enfrentará la LXI Legislatura:
La
primera, dijo, la del Auditor Superior del Estado, fallecido en accidente la
semana pasada; La segunda de la información que refiera el castigo solicitado
por este mismo auditor en 29 denuncias penales presentadas en 2013 y en los
primeros meses de ese año, derivadas del trabajo de fiscalización de cuentas
públicas.
La
tercera el cumplimiento a un mandato constitucional que desde el 2008 obliga al
estado de Sinaloa a actualizar sus normas en materia de fiscalización con la
incorporación de los principios de posterioridad, anualidad, legalidad,
imparcialidad y confiabilidad.
Consideró
que el desfasamiento constitucional local con respecto al máximo ordenamiento
jurídico del país, se originó en la intocada disposición que en 2004 creó la
Auditoría Superior aunque su reglamentación tardó cuatro años en este Congreso
lo que llevó a dar vigencia del nuevo
órgano fiscalizador hasta el 2008; y que
ello ha originado “una ensalada de principios
en materia de fiscalización”.
Anunció
que su Grupo Parlamentario presentó una iniciativa de reformas constitucionales,
en su artículo 37, “que no sólo cubra esa omisión legislativa a lo largos de
los últimos seis años, sino que además fortalezca la credibilidad en la
revisión de cuentas públicas; con esta iniciativa atendemos también el fundado
y procedente rechazo social a la aprobación recurrente de cuentas públicas de
cualquiera de los poderes públicos, incluido desde luego es que integramos los
40 Diputados, cuando se señalen irregularidades o hechos que hagan presumir la
existencia de delitos o que impliquen responsabilidad de cualquier tipo”.
Proponemos,
abundó más adelante, con esta reforma integral al artículo 37 de nuestra
Constitución Local, es que en caso de que en la revisión de una cuenta pública
o de la información sobre aplicación de recursos de cualquier ente
fiscalizable, se encuentren irregularidades o hechos que hagan presumir la
existencia de delitos o que impliquen responsabilidades de cualquier tipo, hará
improcedente la aprobación del gasto.
Se
propone por ello que la ASE informe al Congreso de las denuncias o querella que
presente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, o ante los
órganos de control interno de los Poderes del Estado o de los municipios, según
el caso y que la explicación de estas denuncias o querellas se incluya en los
informes de resultados de revisión y fiscalización de cuentas públicas, con el
propósito de que el rechazo para su aprobación, esté debidamente sustentado.
Con
esta reforma, además de responder a la necesidad de elevar la credibilidad en
materia de fiscalización, debe obligar al mejor de los cuidados de los recursos
públicos y desde luego al mayor ejercicio de sus responsabilidades en los
órganos internos de control, comentó.
