Al analizar la problemática que vive el transporte urbano en Sinaloa, entidad en donde afirma que tiene la tarifa más elevada de los estados...
Al analizar la problemática que vive el transporte urbano en Sinaloa, entidad en donde afirma que tiene la tarifa más elevada de los estados colindantes y de las ciudades principales que tienen similitud en cuanto a desarrollo económico e infraestructura, así como el hecho de que las tarifas deben ser revisados durante el segundo bimestre de cada año, la Diputada Gloria Margarita Santos Aguilar, reiteró el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, de que las citadas tarifas se mantengan como están hasta fin de año, al mismo tiempo, analizar la posibilidad de entregar apoyos al combustible del transporte urbano de pasajeros.
En un posicionamiento dado a conocer, expuso igualmente que la tarifa solicitada por los transportistas es demasiado elevada, “muy por fuera de la realidad económica y social del estado, aunque siempre afirman sustentarlas en estudios que nunca se dan a conocer”; aceptó “compartir la queja de los propietarios del transporte respecto a los injustos incrementos de los combustibles, política pública con la que no estamos de acuerdo, pero deben considerar que también los usuarios de este servicio son consumidores de algunos energéticos, por lo que tampoco ellos merecen sufrir solos los efectos de dicha estrategia económica; además, hay otro elemento muy importante involucrado en este tema: el deterioro salarial, en el que Sinaloa sigue disputando los últimos lugares a nivel nacional”, dice más adelante.
Por otra parte, también asienta “en esta ocasión nos parece atinada la orientación gubernamental de no ir más allá de lo que indica el índice inflacionario. De acuerdo con la información oficial el promedio de los precios al consumidor apenas rebasa el cuatro por ciento. Si se aplica este porcentaje a la tarifa actual, que es de siete pesos, daría un incremento de alrededor de 30 centavos, por lo que conceder el aumento en esta proporción, traería más complicaciones y abusos de los transportistas”.
Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario sostiene que para armonizar los intereses de los usuarios con los de los transportistas, considerando que la gran
mayoría de ellos forman parte de los estratos medios y bajos de la población, lo mejor sería mantener la misma tarifa por lo que resta del año y explorar la viabilidad de entregar apoyos al combustible del transporte urbano de pasajeros, asienta y también reconoce “ante este panorama se antoja necesaria una mayor intervención de este Poder Legislativo, empezando por la modernización del marco jurídico que regula esta materia. De entrada, hay que decir que la ley no se cumple, al menos en lo que se refiere a la fecha establecida para la revisión de las tarifas, lo que debe ocurrir en el segundo bimestre del año, pues ya vamos a la mitad del penúltimo y aún no se toma una decisión”.
En un posicionamiento dado a conocer, expuso igualmente que la tarifa solicitada por los transportistas es demasiado elevada, “muy por fuera de la realidad económica y social del estado, aunque siempre afirman sustentarlas en estudios que nunca se dan a conocer”; aceptó “compartir la queja de los propietarios del transporte respecto a los injustos incrementos de los combustibles, política pública con la que no estamos de acuerdo, pero deben considerar que también los usuarios de este servicio son consumidores de algunos energéticos, por lo que tampoco ellos merecen sufrir solos los efectos de dicha estrategia económica; además, hay otro elemento muy importante involucrado en este tema: el deterioro salarial, en el que Sinaloa sigue disputando los últimos lugares a nivel nacional”, dice más adelante.
Por otra parte, también asienta “en esta ocasión nos parece atinada la orientación gubernamental de no ir más allá de lo que indica el índice inflacionario. De acuerdo con la información oficial el promedio de los precios al consumidor apenas rebasa el cuatro por ciento. Si se aplica este porcentaje a la tarifa actual, que es de siete pesos, daría un incremento de alrededor de 30 centavos, por lo que conceder el aumento en esta proporción, traería más complicaciones y abusos de los transportistas”.
Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario sostiene que para armonizar los intereses de los usuarios con los de los transportistas, considerando que la gran
mayoría de ellos forman parte de los estratos medios y bajos de la población, lo mejor sería mantener la misma tarifa por lo que resta del año y explorar la viabilidad de entregar apoyos al combustible del transporte urbano de pasajeros, asienta y también reconoce “ante este panorama se antoja necesaria una mayor intervención de este Poder Legislativo, empezando por la modernización del marco jurídico que regula esta materia. De entrada, hay que decir que la ley no se cumple, al menos en lo que se refiere a la fecha establecida para la revisión de las tarifas, lo que debe ocurrir en el segundo bimestre del año, pues ya vamos a la mitad del penúltimo y aún no se toma una decisión”.
