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El Tribunal Electoral determinó que el PAN violó el debido proceso al dar de baja a consejeras y consejeros estatales, por lo que ordenó su restitución y la reposición del procedimiento interno.
Culiacán, Sinaloa.– Por unanimidad de votos, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa resolvió revocar la determinación de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional mediante la cual se dio de baja a diversas consejeras y consejeros estatales, al concluir que el partido vulneró el debido proceso previsto en su normativa interna.
Al resolver el juicio de la ciudadanía identificado como TESIN-JDP-22/2025, las magistraturas señalaron que la Comisión de Justicia del PAN actuó de manera indebida al desechar el recurso de reclamación promovido por la militancia afectada, al considerar erróneamente que los actos interpartidistas no eran susceptibles de revisión en materia electoral.
El Tribunal determinó que las bajas de las consejerías fueron ilegales, debido a que no se respetaron los derechos de audiencia y defensa, ya que las personas afectadas únicamente fueron notificadas de la cancelación de sus cargos sin que mediara un procedimiento previo. En consecuencia, en plenitud de jurisdicción, se declaró la nulidad de dichas bajas y se ordenó la restitución inmediata de las consejerías.
Como efecto directo de esta resolución, el Teesin también invalidó los resultados de la asamblea estatal celebrada el 19 de octubre de 2025, en la que se eligieron los integrantes del Consejo Estatal del PAN para el periodo 2025-2028, al considerar que la exclusión indebida de consejeras y consejeros afectó la legalidad del proceso.
En ese sentido, el Tribunal ordenó al Partido Acción Nacional emitir una nueva convocatoria y reponer el procedimiento de elección del Consejo Estatal, respetando el debido proceso y la normativa interna, además de informar en un plazo de cinco días hábiles sobre el cumplimiento de lo ordenado.
En otro asunto abordado durante la sesión extraordinaria, el Tribunal Electoral resolvió un recurso de revisión promovido por el Partido Revolucionario Institucional contra el Ayuntamiento de Sinaloa, relacionado con el adeudo de financiamiento público municipal.
Tras el análisis de los informes presentados por el propio Ayuntamiento y la Auditoría Superior del Estado, las magistraturas concluyeron que sí existe una omisión de pago correspondiente al ejercicio fiscal 2016, por un monto de 262 mil 944 pesos, sin que se acreditara adeudo alguno en los demás ejercicios reclamados.
Ante ello, el Tribunal ordenó al Ayuntamiento de Sinaloa realizar el pago correspondiente y reportar su cumplimiento en los plazos establecidos, resolución que también fue aprobada por unanimidad.
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