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La medida surge luego de la evasión de 195 internos de una cárcel cercana a la capital y ha generado críticas por su impacto ambiental y leg...
La medida surge luego de la evasión de 195 internos de una cárcel cercana a la capital y ha generado críticas por su impacto ambiental y legal
Ciudad de Panamá, Panamá.- El gobierno de Panamá reactivó una antigua prisión ubicada en la Isla Coiba para trasladar a 29 reos considerados de alta peligrosidad, una decisión que ha provocado controversia debido a que el sitio forma parte de un parque nacional reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La Presidencia de Panamá informó que los internos fueron trasladados de manera escalonada desde distintos centros penitenciarios del país hacia las instalaciones operadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la isla del Pacífico panameño.
Según las autoridades, la medida forma parte de una estrategia para reforzar el control sobre líderes de organizaciones criminales y reducir su capacidad de coordinación desde prisión.
El traslado ocurre en medio de la crisis generada por la fuga de 195 reclusos de la cárcel La Joyita, registrada el pasado 1 de junio, considerada una de las evasiones más grandes en la historia reciente del país.
De acuerdo con reportes oficiales, todavía permanece prófuga una veintena de los evadidos, varios de ellos procesados por homicidio y narcotráfico.
La reactivación de la prisión ha despertado cuestionamientos debido a que la antigua colonia penal de Isla Coiba fue cerrada oficialmente en 2004 y se encuentra dentro del Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2005.
Ante la polémica, el Ministerio de Ambiente de Panamá aclaró que no se han construido nuevas instalaciones ni se han realizado modificaciones que afecten el área protegida.
La dependencia señaló que el uso actual se limita a infraestructura ya existente bajo control de la Aeronaval y aseguró que realizará inspecciones permanentes para garantizar la protección ambiental del parque.
Sin embargo, documentos difundidos por medios panameños revelan que la propia autoridad ambiental expresó previamente su oposición a una eventual reapertura permanente del centro penitenciario por considerarla incompatible con la protección del área natural y el marco legal vigente.
Por su parte, sectores políticos y organizaciones civiles han cuestionado la decisión del Ejecutivo, argumentando que la medida refleja problemas estructurales en el sistema penitenciario nacional.
Mientras tanto, las autoridades continúan con la búsqueda de los internos que permanecen prófugos y con los procesos judiciales contra más de 150 reos recapturados tras la fuga masiva.
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