Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas”, Mariano José de Larra (1809-1837) escrito...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“Es más fácil
negar las cosas que enterarse de ellas”, Mariano José de Larra
(1809-1837)
escritor, español, romanticismo, siglo XIX
.¿PATEAR EL PESEBRE?
La discusión
sobre la revocación de mandato vuelve a colocarse en el centro del debate
político nacional, pero esta vez no como un ejercicio simbólico o una promesa
de campaña, sino como una pieza clave en la arquitectura del poder democrático
en México.
Lo que está en
juego no es menor
El
posicionamiento del senador Enrique Inzunza Cázarez revela una ruta que intenta
equilibrar dos tensiones históricas del sistema político mexicano: la necesidad
de ampliar la participación ciudadana y, al mismo tiempo, evitar que los
mecanismos democráticos se conviertan en herramientas de disputa política
permanente.
Porque ahí está
el fondo del asunto.
La revocación de
mandato, en su esencia, es un instrumento de control ciudadano. Es la
posibilidad de que el poder regrese, en forma directa, a quien lo otorga: el
pueblo. Sin embargo, su diseño, su timing y su operación determinan si este
mecanismo fortalece la democracia… o la tensiona.
Inzunza lo
plantea con claridad al insistir en que no debe entenderse como un proceso
electoral. Y tiene razón, pero también abre una interrogante inevitable: ¿puede
realmente desvincularse de la lógica electoral un ejercicio que, en los hechos,
implica movilización, narrativa política y medición de respaldo popular?
Difícil.
Por eso la
insistencia en construir un dictamen “sólido, técnico y político” no es una
frase de trámite. Es, en realidad, el reconocimiento de que cualquier error en
el diseño puede tener consecuencias profundas en la estabilidad institucional
del país.
Aquí es donde el
papel del Senado cobra relevancia.
La apertura a
integrar opiniones del Instituto Nacional Electoral, de aliados políticos y de
distintos actores no solo habla de un ejercicio de parlamento abierto, sino
también de una necesidad: legitimar el mecanismo antes de que entre en
operación. Porque una revocación sin consenso puede terminar siendo más
conflictiva que útil.
Y en política,
la legitimidad lo es todo
Sin embargo,
también hay una lectura política que no puede ignorarse. El impulso a este tipo
de figuras ocurre en un contexto donde el oficialismo mantiene una narrativa
constante de cercanía con el pueblo, de democracia directa, de participación
activa. La revocación de mandato encaja perfectamente en ese discurso.
La pregunta es
si ese impulso responde únicamente a una convicción democrática… o también a
una estrategia de consolidación política.
Porque ampliar
los canales de participación puede ser, al mismo tiempo, una herramienta de
empoderamiento ciudadano y un instrumento de validación del poder en turno.
Ahí radica el
dilema.
El llamado a
priorizar la calidad sobre la rapidez en la aprobación del dictamen es, quizá,
el punto más sensato del planteamiento. En un país donde muchas reformas han
avanzado a golpe de mayoría, tomarse el tiempo para construir acuerdos es, en
sí mismo, un acto político relevante.
Pero también es
una prueba.
Una prueba de si
el Senado está dispuesto a ir más allá de la lógica de bloques y apostar por un
diseño institucional que trascienda coyunturas.
Porque la
revocación de mandato no es una reforma más. Es una puerta.
Y como toda
puerta en política, importa no solo quién la abre… sino qué tan fácil será
cruzarla después.
AL BANQUILLO
Lo ocurrido en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un hecho menor, aunque a simple
vista parezca un trámite más dentro de la dinámica institucional.
La decisión de
levantar la sesión pública sin abordar la controversia constitucional promovida
por el Municipio de Ahome —ligada al caso de Gerardo Vargas Landeros— no solo
aplaza una resolución jurídica, también reconfigura el momento político en
Sinaloa.
Porque en estos
casos, el tiempo también es poder.
La Corte no
negó, no resolvió, no rechazó. Simplemente pospuso. Y ese matiz, que en lo
jurídico puede ser ordinario, en lo político es determinante. Dejar en pausa un
asunto de esta naturaleza mantiene abierto un escenario de incertidumbre que
impacta directamente en la narrativa pública, en la operación política y en la
percepción de gobernabilidad.
El fondo del
asunto es claro: una controversia constitucional que busca la publicación de un
acuerdo legislativo, pero que en términos reales se traduce en una disputa por
la legitimidad del poder municipal en Ahome.
Y ahí es donde
el expediente deja de ser solo jurídico.
El hecho de que
este tema haya sido retirado previamente de la agenda y nuevamente no se haya
abordado en esta sesión refuerza una lectura inevitable: la Corte está
administrando no solo su carga de trabajo, sino también el momento en que
decide entrar a temas políticamente sensibles.
No es
casualidad.
El máximo
tribunal del país ha demostrado en distintos momentos que el “cuándo” es tan
importante como el “cómo” en sus resoluciones. Y en un caso como este, donde
convergen intereses locales, tensiones legislativas y un contexto político en
movimiento, cada día que pasa sin resolución genera efectos.
Para unos, es
tiempo ganado.
Para otros, es
desgaste acumulado.
La figura de
Gerardo Vargas Landeros se mantiene en el centro de este tablero, no solo por
la controversia en sí, sino por lo que representa: un actor político que busca
reposicionarse a través de la vía jurídica en medio de un escenario que ya fue
sacudido por decisiones legislativas.
La pregunta de
fondo no es únicamente si la Corte le dará la razón o no.
La verdadera
interrogante es qué condiciones políticas existirán cuando esa resolución
llegue.
Porque el
diferimiento de este caso también permite que los actores locales reacomoden
estrategias, fortalezcan narrativas y, en algunos casos, enfríen o
intensifiquen el conflicto dependiendo de sus intereses.
En paralelo, la
Corte envía un mensaje institucional: su agenda no se dicta por presiones
externas ni por urgencias políticas locales. Pero al mismo tiempo, deja claro
que sus decisiones —incluidas las omisiones temporales— tienen efectos más allá
del expediente.
El riesgo está
en la percepción.
Cuando los temas
se aplazan de manera reiterada, se abre espacio a la especulación, a la
interpretación política y, en algunos casos, a la desconfianza. No porque
exista necesariamente una intención, sino porque el vacío de decisión siempre
se llena con narrativa.
Y en política,
la narrativa pesa.
Hoy, el caso
Ahome queda suspendido en una especie de limbo jurídico-político. No está
resuelto, pero tampoco está detenido. Está en espera. Y en esa espera, todos
los actores juegan.
La Corte, por su
parte, mantiene el control del reloj.
Y en este juego,
quien controla el tiempo… suele tener una ventaja silenciosa.
RESPALDO
El anuncio del
gobernador Rubén Rocha Moya de aportar recursos estatales para apoyar la
comercialización del maíz marca un giro relevante en la política agrícola de
Sinaloa.
No es un detalle
menor.
Por primera vez,
el gobierno estatal entra directamente al esquema de respaldo económico, en un
intento por garantizar un precio rentable para los productores en medio de un
mercado internacional volátil. La fórmula no cambia —Bolsa de Chicago, Base y
apoyos—, pero sí el mensaje político: el Estado asume parte del costo.
La estrategia,
sin embargo, tiene dos lecturas.
Por un lado,
refleja una respuesta a la presión del sector agrícola, que año con año
enfrenta incertidumbre en la comercialización. Asegurar la compra del total de
la cosecha y frenar importaciones envía una señal de estabilidad.
Por otro, abre
una interrogante de fondo: ¿se trata de una solución estructural o de un ajuste
coyuntural?
Porque mientras
el precio estimado ronda los 4 mil 500 pesos por tonelada, el verdadero punto
de equilibrio dependerá de los apoyos federales y ahora estatales. Es decir, la
rentabilidad sigue descansando en subsidios.
Ahí está el
dilema.
El campo
sinaloense sigue siendo estratégico, pero también vulnerable a las reglas del
mercado global. Y en ese contexto, el paso que da el gobierno estatal puede
leerse como un acto de corresponsabilidad… o como la confirmación de que el
modelo actual aún no logra sostenerse por sí solo.
Al final, más
allá de cifras y compromisos, la pregunta será simple:
¿alcanzará el
respaldo para convertir la cosecha en ganancia real… o solo evitará pérdidas?
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