Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “El hombre es una multitud solitaria de gente, que busca la presencia física de los demás para i...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“El hombre es
una multitud solitaria de gente, que busca la presencia física de los demás
para imaginarse que todos estamos juntos”, Carmen Martín Gaite (1925-2000)
Novelista española.
PUNTO DE QUIEBRE
La discusión
sobre el llamado “Plan B” de la reforma electoral vuelve a colocar en el centro
del debate nacional un tema que, aunque técnico en apariencia, es profundamente
político: quién organiza, quién vigila y, sobre todo, quién confía en las
elecciones.
Porque más allá
de cifras, estructuras o procedimientos, lo que está en juego no es solamente
el funcionamiento del sistema electoral, sino la credibilidad de uno de los
pocos consensos que México logró construir tras décadas de conflictos: la
certeza del voto.
El argumento
oficial es claro y, en muchos sentidos, legítimo. Se habla de austeridad, de
simplificación, de eliminar excesos. No es un secreto que el sistema electoral
mexicano es costoso, ni que existen áreas que pueden optimizarse. En un país
con profundas desigualdades, cualquier reducción de gasto público parece no
solo deseable, sino necesaria.
Sin embargo, la
política rara vez es lineal.
Reducir no
siempre significa mejorar.
Y simplificar no
necesariamente implica fortalecer.
Ahí es donde el
“Plan B” deja de ser un ajuste administrativo y se convierte en una decisión de
fondo: redefinir el papel del árbitro electoral.
El Instituto
Nacional Electoral no es una institución cualquiera. Es el resultado de una
larga transición democrática que buscó, precisamente, quitarle al poder
político el control de las elecciones. Su fortaleza no radica solo en su
estructura, sino en su autonomía.
Debilitar esa
estructura —aunque sea bajo el argumento de eficiencia— abre una pregunta
inevitable: ¿hasta dónde puede reducirse sin afectar su capacidad de garantizar
elecciones confiables?
Porque organizar
una elección no es un acto sencillo. Es un proceso que requiere logística,
supervisión, capacitación, fiscalización y presencia territorial. Cada recorte
tiene una consecuencia, y cada ajuste modifica el equilibrio.
En este
contexto, el nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum enfrenta un reto
complejo: mantener la narrativa de transformación sin romper los cimientos
institucionales que sostienen la legitimidad democrática.
No es menor.
La historia
reciente ya dejó lecciones. Cuando el primer intento de reforma fue frenado por
la Suprema Corte, quedó claro que existen límites constitucionales y que el
diseño electoral no puede alterarse sin considerar el marco legal. Pero también
evidenció que la intención de modificarlo sigue vigente.
Y ahí es donde
el análisis se vuelve más profundo.
El “Plan B” no
es solo una reforma: es una señal.
Una señal de que
el poder político busca reconfigurar su relación con las instituciones
autónomas.
Una señal de que
la austeridad puede convertirse en argumento para rediseñar equilibrios.
Y una señal de
que el control —aunque no se diga abiertamente— forma parte del debate.
Pero en
política, como en la vida, no todo es intención. También cuentan las
percepciones.
Y la percepción
de un árbitro debilitado puede ser tan peligrosa como un árbitro parcial.
Porque al final,
las elecciones no solo deben ser limpias; deben parecerlo.
La confianza no
se decreta. Se construye.
Y se puede
perder más rápido de lo que se imagina.
Hoy, el dilema
no es si el sistema electoral debe cambiar. Eso es inevitable en cualquier
democracia viva. El verdadero dilema es cómo hacerlo sin comprometer lo que
tanto costó construir.
Entre la
austeridad y la autonomía.
Entre la
eficiencia y la certeza.
Entre la
transformación y el riesgo.
Ahí, justo ahí,
es donde se encuentra el verdadero debate.
Y es ahí donde
se definirá si el “Plan B” es una evolución necesaria… o una vereda peligrosa.
LOS DESTAPES
La semana pasada
no fue una más en la vida política de Sinaloa. Fue, en realidad, el punto de
partida visible de una carrera que ya había comenzado en silencio, pero que
ahora empieza a tomar forma pública: la sucesión gubernamental de 2027.
Los primeros
movimientos no dejaron lugar a dudas. Morena mostró que su proceso interno no
será terso ni de trámite. Los nombres de Juan de Dios Gámez Mendívil y Enrique
Inzunza Cázarez se colocaron en el centro de la conversación, con una
competencia cerrada que, más allá de números, refleja algo más profundo: la
disputa por el control político del proyecto en Sinaloa. A esto se suma el
factor de equidad de género, donde perfiles como el de Imelda Castro introducen
una variable que podría redefinir completamente la decisión final.
Pero el tablero
no se limita al partido en el poder. El Partido Verde comenzó a enviar señales
claras al colocar a Ricardo Madrid Pérez como una de sus cartas para integrarse
a la dinámica de la coalición oficialista, dejando ver que no pretende ser solo
un acompañante, sino un actor con aspiraciones propias.
En la oposición,
el PRI también dio indicios de reorganización al perfilar a figuras como Paloma
Sánchez y Mario Zamora, en un intento por reconstruir competitividad en un
escenario que, hasta ahora, le ha sido adverso. Más allá de nombres, el mensaje
es claro: nadie quiere quedarse fuera de la conversación.
Sin embargo, lo
que vimos la semana pasada es apenas el primer capítulo.
Lo que viene en
los próximos días será aún más revelador.
Porque si algo
caracteriza a la política sinaloense es que los tiempos formales poco importan
frente a los tiempos reales. Y esos tiempos ya comenzaron a correr. Se anticipa
que en breve otros actores —desde distintos partidos y corrientes— comenzarán a
manifestar abiertamente sus intenciones. Algunos lo harán con prudencia, otros
con estrategia, y no faltarán quienes opten por el posicionamiento mediático
inmediato.
No solo se trata
de la gubernatura.
El efecto dominó
ya está en marcha.
Conforme se
muevan las piezas arriba, comenzarán a activarse las estructuras abajo.
Aspirantes a alcaldías y diputaciones locales empezarán a levantar la mano,
buscando posicionarse en un escenario donde la anticipación puede marcar
diferencia. Porque en política, quien llega tarde no solo pierde oportunidad,
pierde narrativa.
Y ahí es donde
el proceso se vuelve más complejo.
Lo que está en
juego no es únicamente una candidatura, sino la configuración completa del
poder en Sinaloa. Cada destape, cada declaración, cada movimiento medido o
filtrado, forma parte de una estrategia mayor donde se cruzan intereses
partidistas, acuerdos nacionales y realidades locales.
La elección de
2027 no se decidirá en un solo momento.
Se está
construyendo desde ahora.
Por eso, más que
ver nombres aislados, hay que observar patrones: quién se mueve, cuándo lo
hace, con quién aparece y bajo qué discurso. Porque en esos detalles se
encuentra la verdadera lectura del proceso.
La semana pasada
nos dio las primeras pistas.
Los próximos
días comenzarán a revelar el mapa completo.
Y en ese mapa,
como siempre, no necesariamente ganará quien más suene, sino quien mejor
entienda las reglas —escritas y no escritas— del poder.
marcoantoniolizárraga@entreveredas.com.mx
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