Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Nadie puede librar a los hombres del dolor, pero le será perdonado a aquel que haga renacer en el...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“Nadie puede
librar a los hombres del dolor, pero le será perdonado a aquel que haga renacer
en ellos el valor para soportarlo”, Selma Lagerlöf (1858-1940) Escritora sueca.
SE ACABÓ
La resolución de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo cierra un expediente
jurídico. Cierra, en los hechos, un capítulo político que durante meses mantuvo
en tensión a Ahome y, en menor medida, al tablero político de Sinaloa. El caso
de Gerardo Vargas Landeros deja una lección clara: en política, el margen de
maniobra no solo se mide en argumentos, sino en el momento en que estos se
presentan.
Siete votos en
contra bastaron para desestimar la controversia constitucional 206/2025. No se
entró al fondo. No se debatió la legitimidad política del regreso. El criterio
fue técnico: extemporaneidad. Y ahí, en ese detalle aparentemente frío, se
definió todo.
Porque en el
derecho —y más aún en el constitucional— los tiempos son tan importantes como
los hechos. Vargas Landeros apostó a una vía jurídica que terminó por cerrarse
no por falta de narrativa política, sino por una falla en la oportunidad
procesal. Y eso, en términos prácticos, es definitivo.
El mensaje de la
Corte es contundente sin necesidad de estridencias: el procedimiento
legislativo que derivó en su separación del cargo no solo se mantiene firme,
sino que queda blindado por la validación del máximo tribunal del país. No hay
margen para reinterpretaciones.
Aquí es donde el
análisis político cobra relevancia.
El Congreso de
Sinaloa, a través de su Junta de Coordinación Política, encabezada por la
diputada María Teresa Guerra Ochoa no solo defendió su actuación, sino que hoy
la ve reforzada. La narrativa de que el proceso fue legal, que existió
notificación formal y que se respetó el marco constitucional, ya no es un
argumento político: es una resolución judicial firme.
Y eso cambia
completamente el escenario.
Para el grupo
político de Vargas Landeros, esta decisión representa el cierre de una ruta
institucional. No hay regreso por la vía legal. Lo que sigue, si acaso, es la
reconstrucción política, pero ya desde otra posición, sin el respaldo del cargo
ni la expectativa de restitución.
Mientras tanto,
en Ahome, el mensaje institucional ha sido claro: hay que pasar página.
Antonio Menéndez
De Llano lo entendió con rapidez. Su postura no es menor. Al asumir el fallo
con respeto y enfocarse en la gobernabilidad, envía una señal de estabilidad
que el municipio necesitaba. Después de meses de incertidumbre, el discurso
cambia de la confrontación a la administración.
Y ese cambio no
es casual.
En política
municipal, la gobernabilidad no se sostiene en tribunales, sino en la
percepción de certeza. La resolución de la Corte elimina el último elemento de
duda. Ya no hay disputa abierta. No hay doble narrativa. Hay un solo gobierno
reconocido.
Pero más allá de
Ahome, el caso deja implicaciones más amplias.
Primero, marca
un precedente sobre los límites de las controversias constitucionales cuando
los plazos no se respetan. No basta con tener argumentos; hay que saber cuándo
utilizarlos.
Segundo,
fortalece al Poder Legislativo local. No es común que un Congreso estatal vea
validado su actuar en un caso de alto perfil político con tanta claridad. Esto
le da margen y confianza en futuras decisiones de carácter similar.
Y tercero,
redefine el peso de los actores políticos en Sinaloa.
Vargas Landeros,
que durante años fue un operador con influencia, entra ahora en una etapa
distinta. No desaparece del mapa, pero su capacidad de incidencia cambia. Ya no
juega desde la institucionalidad, sino desde la reconfiguración.
En política, eso
es empezar de nuevo… pero sin las mismas condiciones.
Porque hay algo
que este episodio deja claro: el poder no se pierde solo cuando se deja el
cargo, sino cuando se agotan las rutas para recuperarlo.
Y en este caso,
esa puerta ya se cerró.
LA OTRA CARA DE
LA MONEDA
El proceso rumbo
a la gubernatura de Sinaloa en 2027 aún no arranca formalmente, pero hay algo
que ya es evidente: la contienda no está pareja… ni siquiera ha comenzado en
los mismos términos para todos.
La encuesta de
EQUUS Analítica no revela quién va ganando —eso sería una lectura superficial—,
sino algo más profundo: quién ya existe en la mente del electorado y quién
sigue intentando ser visto.
Y ahí está la
primera gran diferencia.
Morena no solo
lidera, ocupa el espacio público.
Juan de Dios
Gámez, Enrique Inzunza, Imelda Castro, Tere Guerra y Graciela Domínguez no
están en una competencia cerrada, sino en una disputa interna que ya es
reconocida por la ciudadanía. Sus porcentajes, relativamente cercanos, no
reflejan debilidad… reflejan presencia compartida.
Ese 24.5 por
ciento de “no sabe o no responde” dentro de Morena no es un problema, es una
señal de consolidación. Significa que hay opciones visibles, que el electorado
identifica nombres, que existe una conversación política activa dentro del
partido en el poder.
En otras
palabras: Morena ya está jugando.
Del otro lado,
la historia es distinta.
Movimiento
Ciudadano, Partido Verde, PAN y PRI no enfrentan una competencia interna…
enfrentan el vacío. Más del 70 por ciento de los encuestados no identifica a
sus posibles candidatos. No es que estén perdiendo; es que no están en la
conversación.
Y eso, en
política, es más grave.
Porque una
elección no se gana únicamente con estructura o discurso, se gana con
presencia. Y hoy, la oposición en Sinaloa tiene un problema de origen: no está
posicionada en la percepción ciudadana.
El caso del PRI
podría parecer distinto con Mario Zamora al frente de las menciones, pero
incluso ahí el dato duro es otro: siete de cada diez sinaloenses no tienen una
preferencia dentro de ese partido. Es un liderazgo que existe en el papel, pero
que aún no logra romper la barrera del reconocimiento masivo.
El PAN, por su
parte, refleja dispersión. Tiene perfiles, tiene trayectoria, pero no tiene
claridad. Y en política, la falta de definición suele traducirse en
irrelevancia.
Movimiento
Ciudadano y el Partido Verde enfrentan un escenario aún más complejo: sus
aspirantes no solo compiten entre sí, compiten contra el desconocimiento.
Aquí es donde el
análisis se vuelve más interesante.
La elección de
2027 no será, al menos por ahora, una disputa entre proyectos políticos
consolidados, sino entre niveles de visibilidad. Morena no solo parte con
ventaja; parte con terreno ganado.
Pero esa ventaja
no es definitiva.
Hay un dato que
muchos pasan por alto: el alto porcentaje de ciudadanos que aún no define una
preferencia fuera del oficialismo. Ese “no sabe” no es necesariamente apoyo a
Morena, es un espacio vacío. Un terreno disponible.
La pregunta es
quién será capaz de ocuparlo.
Porque si algo
demuestra esta medición es que la oposición no necesita primero convencer…
necesita aparecer. Construir identidad, generar narrativa, posicionar rostros.
Sin eso, cualquier estrategia electoral será insuficiente.
Mientras tanto,
Morena enfrenta otro tipo de reto.
Cuando hay
muchos perfiles posicionados, el riesgo no es la derrota externa, sino la
fragmentación interna. La competencia entre Gámez, Inzunza, Castro, Guerra y
Domínguez no solo definirá una candidatura, definirá equilibrios de poder
dentro del movimiento.
Y ahí, la unidad
será clave.
Porque en
política, llegar primero no garantiza ganar… pero sí obliga a no equivocarse.
Sinaloa, a dos
años de la elección, no está definiendo aún quién será su próximo gobernador.
Está definiendo algo más básico: quién tiene derecho a ser considerado.
Y hoy, esa lista
es corta.
Morena ya está
en la boleta.
La oposición,
todavía no.
AVANZA EL PLAN B
El llamado “Plan
B” en materia electoral dio un paso clave en el Senado. Con 24 votos a favor en
comisiones unidas, Morena y el Partido Verde lograron aprobar el dictamen
impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dejando en claro que la mayoría
legislativa sigue marcando el ritmo de la agenda nacional.
La oposición
—PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— votó en contra, manteniendo una postura
crítica frente a una reforma que, más allá de su contenido técnico, tiene un
fuerte trasfondo político. La ausencia del PT no pasó desapercibida: revela
que, incluso dentro del bloque afín, hay matices y reservas, particularmente en
el tema de la revocación de mandato.
El senador
Enrique Inzunza fue el encargado de confirmar los números: mayoría suficiente,
trámite superado.
La reforma
plantea cambios a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, con el
argumento de hacer más eficiente el sistema electoral. Sin embargo, el punto de
mayor debate sigue siendo la revocación de mandato. Desde el oficialismo se
insiste en que no forma parte estricta de la materia electoral y que su
activación dependerá de la ciudadanía, en 2027 o incluso 2028.
Ahí está el
fondo del debate.
Porque mientras
el discurso habla de eficiencia y participación, la oposición advierte riesgos
en la equidad del sistema. No es una discusión nueva, pero sí una que marcará
el tono rumbo a los próximos procesos electorales.
El Plan B
avanza.
La pregunta no
es si se aprobará en definitiva, sino bajo qué condiciones impactará el
equilibrio democrático del país.
FACTOR DECISIVO
Mazatlán se
declara listo para la Semana Santa 2026. La alcaldesa Estrella Palacios asegura
un operativo con más de 2 mil 500 elementos de los tres órdenes de gobierno,
reforzado en carreteras clave y zonas turísticas.
El mensaje es
claro: hay condiciones para recibir visitantes y mantener la actividad
económica, con una expectativa hotelera que ronda entre el 85 y 90 por ciento.
Sin embargo, el
reto no es menor. Más allá del despliegue, la confianza sigue siendo el factor
decisivo. En un contexto marcado por la percepción de inseguridad, el éxito del
puerto no dependerá solo de cifras, sino de la capacidad de garantizar tranquilidad
real.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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