La iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum busca limitar jubilaciones del personal de confianza y fortalecer la austeridad Ciudad de Méxi...
La iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum busca limitar jubilaciones del personal de confianza y fortalecer la austeridad
Ciudad de México.– La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional que establece un tope a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en instituciones públicas, iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El dictamen fue avalado por unanimidad con 458 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, en medio de protestas de jubilados en los accesos del Palacio Legislativo y advertencias de la oposición sobre posibles efectos retroactivos.
La reforma modifica el artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones en organismos públicos, empresas del Estado, banca de desarrollo y otros entes no podrán exceder la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos.
Asimismo, se establece que contratos, disposiciones laborales e instrumentos jurídicos no podrán fijar beneficios superiores a este límite.
El proyecto ya había sido aprobado previamente en el Senado de la República el pasado 11 de marzo, con amplia mayoría.
Entre sus alcances, la reforma excluye a las Fuerzas Armadas, así como a pensiones derivadas de aportaciones voluntarias o sistemas complementarios con recursos sindicales.
Desde Morena, se defendió que la iniciativa no elimina el derecho a la pensión, sino que busca corregir excesos y privilegios financiados con recursos públicos, en línea con la política de austeridad.
Por su parte, partidos aliados como el PVEM y el PT coincidieron en que el sistema no debe permitir abusos y que los recursos generados pueden destinarse a otras prioridades.
En contraste, fuerzas de oposición como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano respaldaron el objetivo de eliminar pensiones elevadas, pero advirtieron sobre el riesgo de que la reforma afecte derechos adquiridos, lo que podría derivar en amparos e incertidumbre jurídica.
Tras su aprobación en lo general, el dictamen pasó a la discusión en lo particular. De ser avalado en su totalidad, deberá ser aprobado por la mayoría de los congresos estatales antes de su promulgación.
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