El organismo internacional señaló que los Estados deben actuar con “debida diligencia” para regular la comercialización de armas y evitar su...
El organismo internacional señaló que los Estados deben actuar con “debida diligencia” para regular la comercialización de armas y evitar su desvío al mercado ilegal, incluso cuando intervienen empresas privadas.
Ciudad de México.– La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en la que respalda la postura impulsada por México respecto a las obligaciones de los Estados frente al tráfico ilícito de armas de fuego.
En el pronunciamiento, el tribunal internacional estableció que los gobiernos deben actuar con “debida diligencia” en la regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas, incluso cuando estas operaciones involucren a empresas privadas.
La Corte también señaló que los Estados deben implementar medidas eficaces para evitar que las armas se desvíen hacia el mercado ilegal, entre ellas sistemas de marcaje, registro y rastreo, que permitan identificar su origen y trayectoria.
El documento subraya además que las víctimas de la violencia armada deben contar con recursos judiciales efectivos que les permitan reclamar daños y exigir responsabilidades.
Entre las obligaciones señaladas por el organismo internacional se encuentra también el control adecuado de arsenales oficiales y armas decomisadas, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir el tráfico ilícito de armamento.
Aunque la opinión consultiva no tiene carácter vinculante, representa un respaldo a la estrategia jurídica que el gobierno mexicano ha impulsado desde 2022 para abordar el problema del tráfico de armas que ingresan al país.
El análisis del tribunal tomó como base instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Asimismo, el pronunciamiento refuerza los argumentos presentados por México en litigios contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, al señalar que decisiones comerciales negligentes pueden tener impactos directos en la violencia armada y en la vulneración de derechos fundamentales como la vida y la integridad personal.
De acuerdo con el gobierno mexicano, este criterio internacional fortalece su estrategia jurídica y de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el tráfico ilegal de armas.
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