La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada con 24 votos a favor y 11 en contra; plantea cambios en revocación d...
La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada con 24 votos a favor y 11 en contra; plantea cambios en revocación de mandato, ayuntamientos y gasto legislativo.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron el denominado “Plan B” de la Reforma Electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una sesión marcada por la división entre las fuerzas políticas.
La minuta fue avalada con 24 votos a favor y 11 en contra, en medio de la ausencia de los senadores del Partido del Trabajo, mientras que los legisladores de oposición manifestaron su rechazo al proyecto.
Entre los principales ejes de la propuesta se encuentra la modificación al artículo 35 constitucional para permitir que el ejercicio de revocación de mandato pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, con la intención de hacerlo coincidir con procesos electorales concurrentes, como los previstos para junio de 2027.
En cuanto a la organización municipal, se plantea una reducción en el número de regidores, estableciendo topes con base en la población. Los municipios con menos de 60 mil habitantes tendrían un máximo de siete regidores, mientras que aquellos con hasta 800 mil habitantes podrían contar con hasta 12, y las grandes ciudades no superarían los 15. Además, se contempla limitar a un solo síndico por ayuntamiento.
Otro de los puntos relevantes es el establecimiento de un tope presupuestal para los congresos locales, los cuales no podrán ejercer más del 0.7 por ciento del presupuesto estatal anual. La medida busca homologar criterios de gasto y evitar diferencias significativas entre entidades.
Asimismo, la iniciativa refuerza disposiciones en materia de austeridad, al establecer que ningún funcionario electoral, ya sea del Instituto Nacional Electoral o de tribunales, podrá percibir un salario superior al de la presidenta de la República. También se prohíben prestaciones adicionales como bonos, seguros médicos privados y esquemas especiales de ahorro.
Durante la discusión, se precisó que se eliminó la propuesta que planteaba permitir consultas populares en materia electoral, decisión que fue tomada en el último momento dentro del proceso legislativo.
El avance del “Plan B” en comisiones representa un paso clave en la ruta legislativa de la reforma, en un contexto donde persisten posturas encontradas sobre sus alcances y posibles implicaciones para el sistema democrático del país.
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