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Con 83 votos a favor y 38 en contra, el Congreso da luz verde a cambios impulsados por el bloque oficialista que buscan “fortalecer” el mecanismo de defensa de los derechos humanos, en medio de críticas de la oposición por posibles retrocesos constitucionales
Ciudad de México.– En medio de un intenso debate político, el Senado de la República aprobó este 15 de octubre de 2025 las modificaciones a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un paquete de reformas que ya había sido avalado en la Cámara de Diputados y que ahora fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación.
Con 83 votos a favor de Morena y sus aliados (PT y PVEM) y 38 en contra de los partidos opositores (PAN, PRI y MC), la reforma fue aprobada en lo general; en lo particular, el dictamen fue ratificado con 81 votos a favor y 31 en contra, confirmando la mayoría oficialista en la Cámara Alta.
De acuerdo con el comunicado oficial del Senado, el objetivo de los cambios es “perfeccionar el juicio de amparo como mecanismo central de protección de los derechos fundamentales frente a actos de autoridad”, además de evitar el uso abusivo o dilatorio de recursos legales en materia fiscal que obstaculicen la recaudación de créditos firmes y afecten el interés público.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, subrayó que el dictamen aprobado deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, e indicó que el proyecto “no introduce cambios sustanciales” respecto al texto previamente avalado por la Cámara Alta, salvo modificaciones a los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo y a los artículos transitorios primero, tercero, cuarto y quinto.
El juicio de amparo es considerado uno de los instrumentos jurídicos más importantes en el sistema constitucional mexicano, pues protege a las personas contra actos de autoridad que vulneren sus derechos humanos. Con esta reforma, el gobierno federal busca consolidarlo como un mecanismo más eficiente de defensa y como un medio de control legal.
Sin embargo, el proceso legislativo no estuvo exento de críticas. La senadora Alejandra Barrales (MC) calificó el dictamen como una “ley de desamparo”, señalando que el artículo tercero transitorio sigue siendo motivo de controversia, ya que —pese a que la propia presidenta Sheinbaum pidió su eliminación— la Cámara de Diputados mantuvo la disposición que permitiría aplicar retroactivamente la nueva legislación.
Con la aprobación del Senado, el proyecto será remitido al Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, con lo que entrará en vigor en los próximos días.
La reforma marca un nuevo capítulo en la evolución del juicio de amparo, una herramienta histórica del derecho mexicano que, según sus impulsores, se adapta a los nuevos retos del sistema jurídico; pero que, de acuerdo con sus detractores, podría debilitar los contrapesos institucionales y abrir la puerta a interpretaciones que vulneren el Estado de derecho.
