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El empresario denunció presiones y posibles acciones legales contra sus empresas, mientras el gobernador de Sinaloa garantizó certeza jurídica para Grupo Salinas y el Mazatlán FC.
Culiacán, Sinaloa.– El empresario Ricardo Salinas Pliego denunció este 20 de octubre de 2025 que existe una orden dirigida a los gobernadores de la llamada “cuarta transformación” para investigar a sus empresas y, en el caso de Sinaloa, rescindir la concesión del estadio que ocupa el Mazatlán FC.
“Hace unos días me filtraron, desde el gobierno de Sinaloa, que había instrucciones dirigidas a todos los gobernadores para investigar a mis empresas y, si era necesario, inventar algo en mi contra. En Sinaloa, en particular, están buscando la manera de ir en contra de mi equipo de futbol y de la concesión del estadio otorgada por el anterior gobierno del estado”, publicó el magnate en su cuenta de X.
Salinas Pliego advirtió que un intento de revocar la concesión sería un error, pues su equipo aporta promoción turística y económica al puerto. “¿Se darán un balazo en el pie los sinaloenses intentando sacar a mi equipo de Mazatlán, justo en este momento tan complicado con el tema de la violencia? Les recuerdo que mi equipo les aporta publicidad, flujo turístico y proyección positiva para el estado”, señaló.
El estadio fue cedido al Mazatlán FC durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, quien actualmente funge como embajador de México en España y que, tras aceptar el cargo durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue expulsado del PRI.
Ante las acusaciones, el gobernador Rubén Rocha Moya respondió en la misma red social que en Sinaloa no existe investigación alguna contra Grupo Salinas ni contra el equipo de futbol mazatleco. “En el Gobierno de Sinaloa tenemos absolutamente claro que la certidumbre jurídica constituye un elemento central del Estado de Derecho y una condición indispensable para el desarrollo económico”, aseguró.
Rocha Moya agregó que el estadio del Mazatlán FC cuenta con una gran afición y genera beneficios para la ciudad, reiterando su respeto a los actos realizados conforme a la ley. “A usted y a todos los empresarios que invierten en Sinaloa les damos garantías plenas de certeza jurídica. Pacta sunt servanda”, concluyó.
El conflicto se enmarca en una creciente tensión entre el empresario y el Gobierno Federal. El periodista Mario Maldonado reveló en El Universal que la administración federal habría creado un “grupo intersecretarial” encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para investigar y “desgastar” a Salinas Pliego y sus empresas, entre ellas TV Azteca, Banco Azteca, Elektra y Totalplay.
A nivel federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró el pasado 10 de octubre que ni el empresario ni su representación legal han manifestado intención de pagar una deuda fiscal de alrededor de 48 mil millones de pesos, correspondiente a nueve juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sheinbaum explicó que tres de los casos ya tienen ponente asignado y que, si el empresario decidiera cubrir la deuda antes de una resolución definitiva, podría acceder a descuentos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Añadió que, aun con un fallo adverso, el proceso de cobro llevaría tiempo debido a los procedimientos administrativos previstos por ley.
