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El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado destacó que la modernización permitirá tramitar amparos desde dispositivos electrónicos y cerrará resquicios legales usados por grandes contribuyentes.
CDMX.– El senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que con las reformas a la Ley de Amparo se dará un paso trascendental en materia de justicia, al permitir que este recurso pueda tramitarse completamente de manera electrónica, incluso desde un teléfono celular o una computadora, lo que representa un avance significativo en el acceso a la justicia.
En entrevista con medios legislativos, el legislador precisó que la reforma no tiene destinatarios específicos, pues se trata de una ley de carácter general que aplica a toda persona que se encuentre dentro del supuesto jurídico establecido. “No tiene nombre ni apellidos, es una norma diseñada para cualquier ciudadano”, puntualizó.
Inzunza Cázarez explicó que el juicio de amparo ha tenido ajustes a lo largo de la historia conforme a las necesidades de cada época. En la actualidad —dijo— uno de los retos más evidentes es el uso del sistema financiero para actividades ilícitas como el lavado de dinero, una problemática que no fue prevista en el marco legal original.
El senador enfatizó que con la reforma se busca un equilibrio entre el interés colectivo y el interés individual, y rechazó que la iniciativa tenga un enfoque recaudatorio. “No se trata de recaudar más, sino de otorgar a las instituciones las herramientas necesarias para cumplir con su función constitucional”, sostuvo.
Asimismo, señaló que serán los jueces, magistrados y ministros quienes definan la aplicación de la ley, ya sea con el marco procesal actual o con el reformado, y subrayó que todos los ciudadanos están obligados a cumplir con sus contribuciones.
“Esta medida no está pensada para el ciudadano común, sino para grandes contribuyentes que han aprovechado resquicios legales para alargar de forma indefinida los procedimientos de cobro. Lo que se busca es que los créditos y cobros firmes, que ya pasaron por procesos de defensa y audiencias, puedan ejecutarse sin más dilación”, concluyó.
