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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “El hombre honrado es el que mide un derecho por su deber”, Herni Dominique Lacordaire (1802-186...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“El hombre honrado es el que mide
un derecho por su deber”, Herni Dominique Lacordaire (1802-1861) Sacerdote y
predicador francés.
EN LA MESA
La desaparición de Carlos Emilio
Galván Valenzuela en Mazatlán ha trascendido con fuerza del plano judicial al
debate social y mediático nacional.
Lo que comenzó como una denuncia
por la ausencia de un joven duranguense tras visitar un bar en la zona
turística, se ha convertido en un tema de conversación que expone diversas
aristas: desde el reclamo legítimo de justicia por parte de su familia, hasta
la preocupación por el impacto que este caso pueda tener en la percepción de
seguridad y en la economía turística del puerto más importante de Sinaloa.
La Fiscalía General del Estado
mantiene abierta la investigación y ha asegurado estar trabajando con todas las
líneas posibles para esclarecer el paradero del joven.
Sin embargo, el paso del tiempo
sin resultados concretos ha provocado que la desesperación familiar escale a un
llamado más amplio: pedir a la población no viajar a Mazatlán como forma de
presión y protesta.
Este exhorto, que ha circulado
con fuerza en redes sociales y ha sido retomado por medios nacionales,
introduce un elemento delicado en el debate público, pues coloca al destino
turístico en una posición vulnerable ante la opinión pública nacional e internacional.
Desde un punto de vista objetivo,
la exigencia de la familia es legítima. El Estado tiene la obligación de
garantizar la seguridad de todas las personas y de esclarecer cada desaparición
con prontitud y eficacia.
La indignación que rodea al caso
es reflejo de un clima generalizado de desconfianza hacia las instituciones,
sobre todo en un contexto en el que la violencia y la inseguridad siguen
marcando el pulso diario de Sinaloa.
Sin embargo, también es cierto
que las declaraciones que apuntan directamente a ciertas personas como
presuntas responsables, incluso de tacharlas de cómplices —sin que medie una
investigación judicial que las sustente— pueden ser contraproducentes.
Estas acusaciones públicas no
solo entorpecen el debido proceso y abren la puerta a especulaciones que
complican la labor ministerial, sino que además pueden desviar la atención de
lo verdaderamente importante: que la autoridad investigue y esclarezca el caso
con pruebas, no con versiones.
En el ámbito económico, las
repercusiones ya se hacen sentir. Mazatlán, uno de los destinos turísticos más
importantes del país, atraviesa un momento clave en su estrategia de proyección
internacional.
El llamado a no visitarlo y el
aumento de menciones negativas en redes pueden tener un impacto directo en la
llegada de visitantes, en especial en un periodo en que la percepción de
inseguridad pesa más que nunca en las decisiones de viaje.
Este es, sin duda, el mayor
“contra” para la ciudad: que un caso aislado, por grave que sea, empañe los
esfuerzos de promoción y desarrollo que durante años han posicionado a Mazatlán
como un puerto seguro y hospitalario.
Pero lo que más preocupa es que
los “liderazgos camarales” salvo la Canirac Mazatlán den un posicionamiento
sobre lo que se especifica de Mazatlán de ser un destino “donde desaparecen” a
los jóvenes, y donde la vida nocturna se ha visto afectada a raíz de todo esto.
La “raja” política que muchos
buscan en este caso, no sólo le ha pegado a personas en específico, sino que se
llevan al destino “entre las patas” y eso es preocupante porque mientras la
economía turística se sostiene con picadientes, esta “fama” que hacen los
duranguenses a Mazatlán, no es para nada prometedora.
En contraste, el “pro” radica en
que este caso ha puesto sobre la mesa la urgencia de reforzar los protocolos de
seguridad, mejorar la coordinación entre autoridades y empresarios del sector
turístico, e impulsar políticas públicas más efectivas en materia de prevención
y atención a víctimas.
Si se manejan con
responsabilidad, las lecciones que deje este episodio podrían traducirse en
instituciones más sólidas y en una relación más transparente entre gobierno,
sociedad y visitantes.
El caso de Carlos Emilio Galván
Valenzuela es hoy más que un expediente abierto: es un espejo que refleja tanto
las debilidades estructurales del sistema de justicia como el enorme reto que
enfrenta Mazatlán para cuidar su imagen en medio de una crisis.
Mientras no haya información
oficial distinta, la investigación está en manos de la autoridad, y será su
trabajo —no la especulación ni el linchamiento mediático— el que determine la
verdad. La exigencia de justicia debe seguir firme, pero con la misma fuerza
debe mantenerse el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Solo así se podrá garantizar que este caso tenga un desenlace justo, sin que la
lucha por la verdad termine por lastimar aún más a la sociedad sinaloense.
Los enemigos políticos son
graves, pero por afectar o mentar mediante publicaciones “anónimas” en redes el
tema ya no está en la mesa de Mazatlán, sino en manos de las autoridades
procuradoras de justicia.
En estos casos, lo mejor es
esperar. Las investigaciones siguen su curso, y hay que respetar el debido
proceso, esperamos que al finalizar esto, no se tenga otra “época negra” en
Mazatlán provocada por algunos que por algunos “likes” le dieron una fama a
este destino que también tiene gente entregada y trabajadora, leal y honesta
que busca llevar alimento a su mesa, desde la industria turística.
No es defensa de nadie, más que
de Mazatlán. Ahí está el caso de Tulum, que por circunstancias diferentes hoy
está sin turistas, el asunto también puede pasar.
Ojo con eso.
JUSTICIA SOCIAL
La creación del programa Pensión
Mujeres Bienestar, implementado por el Gobierno Federal y presentado en Sinaloa
por el gobernador Rubén Rocha Moya, representa un avance significativo en el
reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, una labor históricamente
invisibilizada y sin remuneración económica.
La entrega de 3 mil pesos
bimestrales a mujeres de 60 a 64 años busca compensar, aunque sea parcialmente,
décadas de esfuerzo no reconocido dentro de los hogares.
Más allá del monto, el programa
tiene un valor simbólico profundo: coloca en el centro de la agenda pública la
discusión sobre la economía del cuidado, un tema que ha sido relegado durante
décadas.
Al reconocer que las tareas
domésticas son trabajo —y que sin ellas la estructura social no podría
sostenerse— se sientan las bases para avanzar hacia políticas más equitativas y
sensibles a la realidad de millones de mujeres.
El impacto de esta medida va más
allá del reconocimiento individual. Para 47 mil sinaloenses, este apoyo
representa un alivio económico y una oportunidad para atender necesidades
básicas o invertir en su bienestar personal.
Además, al integrarse
posteriormente al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas
Mayores, se garantiza continuidad en el respaldo económico, lo que ofrece mayor
seguridad y planeación a largo plazo.
Desde el punto de vista
económico, programas como este tienen un efecto multiplicador: los recursos se
destinan directamente a las familias, lo que impulsa el consumo local y
fortalece el mercado interno.
La derrama de más de 25 mil
millones de pesos anuales en transferencias sociales es un ejemplo de cómo las
políticas públicas pueden incidir simultáneamente en la justicia social y en el
dinamismo económico.
No obstante, el reto está en ir
más allá del apoyo económico. El reconocimiento del trabajo no remunerado debe
acompañarse de políticas complementarias: acceso a servicios de salud,
oportunidades de capacitación y esquemas de seguridad social que garanticen un
retiro digno.
Este programa es un paso
importante, pero también un recordatorio de que aún queda camino por recorrer
en materia de igualdad y justicia para las mujeres.
En definitiva, Pensión Mujeres
Bienestar no es solo una transferencia económica: es un gesto político que
reivindica el papel central de las mujeres en la sociedad y abre la puerta a
una conversación necesaria sobre el valor del cuidado y el trabajo doméstico en
la construcción del país.
ENFOQUE
La estrategia de infraestructura
impulsada por el Gobierno de Sinaloa comienza a mostrar resultados concretos, y
en el centro de este esfuerzo se encuentra la labor del secretario de Obras
Públicas, Raúl Montero Zamudio, quien ha enfatizado que el avance del Plan
Sinaloa de Reactivación Económica no solo se mide en cifras, sino en el impacto
directo que cada proyecto tiene en la vida de las y los sinaloenses.
Montero Zamudio informó que hasta
el momento 21 de las 46 obras programadas han sido concluidas, con una
inversión que supera los 1,516 millones de pesos, provenientes del crédito
autorizado por el Congreso del Estado.
Este avance —dijo— demuestra que
el plan avanza con paso firme y que el trabajo coordinado entre los distintos
niveles de gobierno está dando resultados tangibles.
Entre las obras destacadas, el
funcionario subrayó la importancia de la carretera Walamo–Los Pozos, proyecto
clave dentro del paquete de infraestructura, al mejorar la conectividad de
zonas rurales con centros urbanos y detonar el desarrollo productivo de la
región sur.
Para Montero Zamudio, la
infraestructura no debe entenderse solo como cemento y pavimento, sino como
herramienta de transformación social y económica. Por ello, insistió en que el
objetivo del plan no se limita a concluir las obras, sino a garantizar que cada
proyecto contribuya al crecimiento regional, a la generación de empleos y a la
movilidad eficiente.
Aunque los avances son
significativos, el titular de Obras Públicas reconoció que aún queda trabajo
por delante. Las 25 obras restantes requieren la misma disciplina técnica y
administrativa para cumplir con los plazos establecidos.
Con este impulso, el gobierno
estatal busca que la infraestructura se convierta en un verdadero motor del
desarrollo, consolidando un legado de crecimiento ordenado y bienestar para
Sinaloa.
Montero Zamudio, centrado en
resultados y en el impacto social de las obras, será determinante para que el
Plan Sinaloa de Reactivación Económica cumpla con sus metas y siente las bases
de un futuro más conectado y competitivo para el estado.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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