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Entre las propuestas destacan la simplificación administrativa, la persecución de oficio al maltrato animal, la voluntad anticipada y una nueva ley de desarrollo social.
Culiacán, Sinaloa.- Diputadas y diputados de la 65 Legislatura dieron primera de dos lecturas a cinco iniciativas, de las cuales una fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, mientras que las cuatro restantes se turnaron para una segunda lectura.
La primera iniciativa fue presentada por el Grupo Parlamentario de Morena y propone reformar el artículo 109-Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa para incorporar como obligación de los tres órdenes de gobierno la simplificación administrativa, la digitalización de trámites y la adopción de buenas prácticas regulatorias, con el fin de construir un modelo moderno, transparente y centrado en las personas.
Por su parte, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano planteó la reforma al artículo 364 Bis A del Código Penal para que el delito de maltrato o crueldad animal sea perseguido de oficio, evitando que los actos de violencia contra animales queden impunes al depender únicamente de denuncias de particulares.
La ciudadana Nancy Karina Cárdenas Urías presentó una iniciativa para adicionar un nuevo título a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, a fin de fomentar la donación voluntaria de sangre con apoyo empresarial y establecer un sistema de préstamo interinstitucional de unidades entre hospitales públicos y privados, con incentivos fiscales y laborales para empresas y trabajadores que participen.
Asimismo, la diputada Juana Minerva Vázquez González y el diputado César Ismael Guerrero Alarcón, ambos de Morena, propusieron expedir la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa. Esta contempla 55 artículos y busca reconocer el derecho de las personas a morir dignamente mediante la regulación de la ortotanasia, garantizando cuidados paliativos y evitando prolongar artificialmente la agonía de pacientes en fase terminal.
Finalmente, el Grupo Parlamentario del PRI planteó la creación de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa, integrada por 65 artículos y cuatro transitorios, con el objetivo de establecer una política pública integral para atender las causas estructurales de la pobreza y marginación, garantizando los derechos sociales de la población con la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad.
