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Diputadas y diputados de la 65 Legislatura dieron primera lectura a dos iniciativas: una que endurece las penas por posesión de material de pornografía infantil, y otra que propone regular las sociedades de convivencia en el Código Familiar del Estado.
Culiacán, Sinaloa.– En sesión ordinaria de este martes, el Congreso del Estado de Sinaloa dio primera lectura a dos nuevas iniciativas legislativas. La primera, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, propone reformar el artículo 274 Bis del Código Penal del Estado, con el fin de sancionar la simple posesión o almacenamiento de material relacionado con pornografía infantil.
De acuerdo con la propuesta, se impondrán penas de uno a tres años de prisión y multas de mil a mil quinientos días a quien posea dicho material, y penas de cinco a quince años de prisión y multas de mil a veinte mil días a quien lo almacene para sí o para un tercero. Asimismo, si el delito es cometido por el padre, madre o tutor de la víctima, las sanciones se incrementarán hasta en una mitad.
La modificación busca reforzar las medidas legales existentes para castigar toda forma de producción, distribución y tenencia de material que involucre a menores de edad en actos de exhibicionismo o contenido sexual.
La segunda iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario del PAS y las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez, plantea adicionar disposiciones al Código Familiar del Estado de Sinaloa en materia de Sociedades de Convivencia.
Esta figura jurídica permitiría a dos personas mayores de edad, del mismo o distinto sexo, establecer un hogar común bajo principios de solidaridad y ayuda mutua, generando derechos y obligaciones recíprocos en materia de alimentos, sucesiones y tutela.
La propuesta señala que las sociedades de convivencia surtirán efectos frente a terceros cuando se constituyan ante notario público o mediante convenio ante personas facilitadoras certificadas, y sean debidamente inscritas ante las autoridades competentes.
Además, contempla que las notarías y personas facilitadoras brinden tarifas accesibles o servicios gratuitos en los casos de personas adultas mayores o de escasos recursos, y que los poderes públicos promuevan estas sociedades como una forma de apoyo mutuo y bienestar social.
