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Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura este jueves a la iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya en la que solicita se le autorice contratar uno o más créditos por hasta 2 mil 300 millones de pesos para realizar 36 obras públicas que se distribuirán en los 20 municipios de la entidad.
A esta iniciativa se le dispensó la segunda lectura de ley, y se turnó a la Comisión de Hacienda Pública y Administración para su correspondiente análisis y dictaminación.
La iniciativa presentada plantea que se autorice al Estado de Sinaloa, por conducto de sus funcionarios legalmente facultados, en términos de lo señalado en los artículos 22, 24, 25, 26, 29 y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de los artículos 4, 12 párrafo primero, 14 y demás aplicables de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa, a celebrar uno o varios procesos competitivos que deriven en la contratación de uno o más créditos por hasta 2,300 millones de pesos.
De aprobarse la iniciativa, el Ejecutivo Estatal realizará las gestiones administrativas, financieras y legales necesarias para contratar de manera directa con cualquier institución integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos cuyo destino será para la construcción de obras en el estado de Sinaloa.
Como fuente de pago se establece un porcentaje de las Participaciones Federales presentes y futuras que le correspondan al Estado, conforme a lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y en términos de lo establecido en los Artículos Sexto y Séptimo del presente Decreto, y el plazo de pago comprende los años 2025 y 2026.
En lo que respecta al mecanismo de contratación de uno o más créditos se establece que el Estado deberá contratar el o los financiamientos mediante procesos competitivos en los términos de lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y Ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa. XII. Aspectos Adicionales. Para efectos de claridad, para la contratación del financiamiento, el Estado podrá utilizar los esquemas de contratación que le permitan obtener el menor costo financiero y de buscar contratar el mayor monto del mismo.
En los considerandos de la iniciativa, el titular del Ejecutivo Estatal explica que el pasado mes de noviembre les fue notificada la sentencia relativa a los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 01/2021 y 02/2021, dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se reconoció la validez de las sanciones impuestas por el Servicio de Administración Tributaria al Estado de Sinaloa (SAT).
En dicha sanción se determinó el impedimento para que esta entidad federativa iniciara actos de fiscalización por un período total de diez meses, así como la pérdida del derecho a recibir los incentivos correspondientes.
Se precisa que las sanciones mencionadas derivaron de doce auditorías realizadas por el gobierno anterior, en las cuales se incumplió con las disposiciones jurídicas federales y la normatividad aplicable, infringiendo el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Federación y el Estado de Sinaloa.
Como consecuencia de ello, se indica que el impacto a las finanzas públicas de la actual administración, a consecuencia de dichas sanciones, implica el reintegro a la Federación de más de 2,300 millones de pesos.
Dan lectura a cuatro iniciativas encaminadas a garantizar el bienestar de las familias y el desarrollo económico del estado
El Pleno del Congreso del Estado dio lectura a cuatro iniciativas, una de las cuales propone inscribir en la entrada del edificio de este Poder Legislativo la leyenda “Casa del Pueblo Sinaloense”.
Esta iniciativa fue presentada por la diputada Almendra Ernestina Negrete Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y el ciudadano Héctor Javier García Laija.
La segunda iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario del PVEM, propone reformas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de Fiscalía Especializada en Ciberseguridad.
Esta iniciativa tiene por objeto crear la Fiscalía Especializada en Materia de Ciberseguridad, a fin de establecer políticas y procedimientos para difundir acciones preventivas en torno a la identificación y denuncia de delitos cibernéticos, monitorear, vigilar, rastrear e identificar la red pública de internet para anticipar conductas delictivas, fortalecer la prevención, investigación y respuesta a este tipo de delitos y proporcionar atención especializada a las víctimas en el estado de Sinaloa.
La tercera iniciativa fue presentada por Deisy Judith Ayala Valenzuela, diputada de la anterior Legislatura, la 64, quien propone reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.
El objeto de la iniciativa es garantizar a las y los beneficiarios de esta ley la posibilidad de crecer en un entorno libre de violencia con acceso a las necesidades básicas como alimentación, salud, educación y esparcimiento.
Un artículo Bis que se propone, establece que: “El Ejecutivo del Estado tomará las medidas necesarias a fin de procurar las mejores condiciones sociales y familiares que permitan a los padres cumplir cabalmente con los deberes establecidos en el artículo anterior, y establecerá programas tendientes a garantizar que toda persona que no haya cumplido dieciocho años ejerza los derechos protegidos por la Constitución Federal, la Constitución Estatal y en las demás disposiciones aplicables”.
En particular se señala que niñas, niños y adolescentes deben de:
Recibir alimentación que contenga los nutrientes necesarios para lograr un crecimiento normal y un óptimo desarrollo físico y mental.
Tener los insumos materiales indispensables para aprovechar la educación que el Estado les ofrezca, y contar con el vestido necesario y adecuado, entre otros.
La cuarta iniciativa es la presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, en la que solicita al Congreso del Estado se le autorice contratar uno o más créditos por hasta 2 mil 300 millones de pesos para inversión productiva.
