Culiacán, Sinaloa.- En el marco de la Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, desarrollada este jueves, diputadas de Morena y del PRI deba...
Culiacán, Sinaloa.- En el marco de la Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, desarrollada este jueves, diputadas de Morena y del PRI debatieron sobre la atención a víctimas de desplazamiento forzado, evidenciando diferencias sobre el manejo de recursos y la efectividad de los programas gubernamentales.
La diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional fue la primera en hacer uso de la tribuna, para puntualizar el rezago que se tiene en atención a las personas que han tenido que dejar sus lugares de origen para huir de la violencia.
En este tema, Gárate Valenzuela enfatizó la importancia de mantener un diálogo directo con las víctimas, presentando propuestas concretas para mejorar la atención, incluyendo la conclusión de servicios básicos en predios existentes y nuevos apoyos para construcción de viviendas.
Por su parte, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, subrayó que el Estado ha incrementado significativamente el apoyo a las familias desplazadas, alcanzando un presupuesto actual de 76 millones de pesos que ha beneficiado a 2 mil 883 familias en 24 comunidades de seis municipios, incluyendo Culiacán, Cosalá, Concordia, Elota, El Rosario y San Ignacio.
En este mismo sentido, la diputada Sthefany Rea Reátiga, también de Morena, destacó el liderazgo de Sinaloa a nivel nacional en la atención al desplazamiento forzado, siendo el estado que mayor presupuesto destina a esta causa. Resaltó que Sinaloa es pionero en América Latina al implementar un programa de retorno seguro y voluntario para las familias desplazadas, iniciativa que ha sido reconocida por organismos internacionales.
Rea Reátiga destacó que el estado de Sinaloa se distingue por ser uno de los ocho estados del país que cuenta con una legislación local específica para la atención al desplazamiento forzado, marco que ha permitido desarrollar programas integrales de apoyo a las familias afectadas.
Las legisladoras coincidieron en la necesidad de trabajar unidos para fortalecer las instituciones y garantizar la paz en Sinaloa, por lo que hicieron un llamado especial a la unidad, destacando la apertura del Congreso para escuchar y atender las necesidades de las víctimas, como se demostró en una reunión previa con familias afectadas.
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