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Destacan propuestas para mejorar la operatividad legislativa y la justicia laboral
Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a cinco iniciativas de reforma este martes 7 de enero de 2025. Dos de las propuestas están orientadas a modificar la Ley Orgánica del Congreso del Estado, mientras que las otras abordan temas como consultas populares, justicia laboral, vivienda para comunidades indígenas, y presupuesto participativo.
Principales iniciativas presentadas:
El diputado Serapio Vargas Ramírez presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Propone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa sea responsable de realizar las consultas necesarias, según lo establecido en la legislación correspondiente, y solicita incluir mecanismos específicos para consultas requeridas por el Poder Legislativo.
El Grupo Parlamentario del PRI propuso reformas a la Ley Orgánica del Congreso para garantizar un debate más amplio e incluyente en las sesiones públicas. Plantea incluir una sección de Asuntos Generales al final del Orden del Día y regular la presentación y resolución inmediata de temas de urgente necesidad, como emergencias naturales, crisis sanitarias o problemas de seguridad.
El Grupo Parlamentario del PAS presentó una iniciativa para transferir la competencia de los procedimientos laborales del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje a los Juzgados de Primera Instancia y las salas laborales del Poder Judicial. El objetivo es agilizar los juicios laborales, reducir costos y combatir la opacidad en el sistema de justicia laboral.
El Grupo Parlamentario del PVEM propuso modificaciones a la Ley de Vivienda para garantizar que al menos el 10% de las acciones de vivienda generadas por la Comisión Estatal se destinen a comunidades indígenas. También busca fomentar vivienda vertical y alternativas accesibles, como viviendas para arrendamiento.
El Grupo Parlamentario del PAN presentó una propuesta para incluir el presupuesto participativo en la Constitución del Estado. Este mecanismo permitiría a la ciudadanía decidir el destino de un porcentaje del presupuesto estatal y municipal a través de consultas y debates.
Las iniciativas serán analizadas en las comisiones correspondientes para determinar su viabilidad y avance en el proceso legislativo.
