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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella ...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”, Miguel de Cervantes
PALOMEADO
La aprobación unánime del crédito por hasta 2,300 millones de pesos por parte del Congreso de Sinaloa es un hecho que refleja una alineación de las fuerzas políticas locales en torno a un objetivo común: la inversión en infraestructura como motor de desarrollo.
Sin embargo, este movimiento plantea diversas implicaciones económicas, políticas y sociales que merecen un análisis más profundo.
Sinaloa, como muchas otras entidades federativas, enfrenta retos en la modernización de su infraestructura y la provisión de servicios básicos.
La necesidad de inversión en estos rubros es evidente, considerando el rezago en obras viales, acceso al agua potable y saneamiento, entre otros.
La autorización del crédito se presenta como una medida para reactivar la economía y atender necesidades urgentes en los 20 municipios de la entidad.
La decisión de priorizar obras de servicios básicos, como agua potable y drenaje en Ahome, a través de la reasignación de recursos, también muestra una sensibilidad hacia las demandas ciudadanas en el norte del estado.
No obstante, es crucial que estas decisiones se realicen con transparencia y atendiendo criterios de impacto social y costo-beneficio.
El plan contempla más de 36 obras públicas que buscan mejorar la conectividad, los servicios básicos y la infraestructura turística y educativa.
Estas inversiones podrían generar empleos directos e indirectos en el corto plazo, reactivando sectores como la construcción y los servicios asociados.
Además, la mejora en infraestructura podría aumentar la competitividad de Sinaloa como destino de inversiones, especialmente en turismo y agricultura.
Sin embargo, el éxito de este plan dependerá de la ejecución eficiente y oportuna de los proyectos. Históricamente, los programas de obra pública en México enfrentan retos como retrasos, sobrecostos y corrupción, lo que podría limitar los beneficios esperados.
El financiamiento autorizado se respaldará con Participaciones Federales, lo que garantiza cierta estabilidad en el pago de la deuda.
Sin embargo, comprometer ingresos futuros para pagar este crédito implica un margen de maniobra más limitado en los presupuestos estatales de los próximos años.
Esto podría restringir la capacidad del gobierno para enfrentar contingencias o financiar nuevas prioridades.
Además, aunque el decreto establece un límite para los gastos asociados al crédito (0.15% del monto total), es fundamental que se realicen procesos competitivos transparentes para garantizar que las condiciones de financiamiento sean las más favorables posibles.
Un mal manejo de la deuda podría incrementar el costo financiero y afectar la calificación crediticia del estado.
La aprobación unánime del decreto resalta un inusual consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local.
Esto podría interpretarse como un respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya y su estrategia de reactivación económica, lo que fortalece su posición política en un contexto nacional donde la polarización es una constante.
Sin embargo, este consenso también genera expectativas altas sobre los resultados.
Cualquier falla en la ejecución de las obras podría ser utilizada por la oposición para criticar al gobierno estatal, especialmente en un entorno preelectoral donde los resultados concretos se convierten en la principal carta de presentación de los actores políticos.
El discurso oficial en torno al crédito se centra en su papel como impulsor de la economía estatal.
Si bien las obras públicas son un elemento clave para la reactivación, esta estrategia debe complementarse con políticas de largo plazo que fomenten la inversión privada, la diversificación económica y el desarrollo sustentable.
La promoción de infraestructura turística y educativa, mencionada en el decreto, es un paso en esa dirección.
Sin embargo, será crucial que estas inversiones se traduzcan en beneficios tangibles para la población, como mayor acceso a oportunidades educativas, atracción de nuevos negocios y generación de empleos bien remunerados.
La aprobación de este crédito representa una oportunidad para transformar áreas clave de Sinaloa, pero también plantea riesgos que deben ser gestionados con cuidado.
La clave estará en la transparencia, la eficiencia en la ejecución de las obras y un monitoreo riguroso de los resultados.
Si el gobierno estatal logra cumplir con las expectativas, este programa podría consolidarse como un ejemplo de cómo las inversiones públicas bien planeadas pueden generar impacto positivo en el desarrollo regional.
Sin embargo, cualquier desvío en la ejecución podría tener repercusiones políticas y sociales significativas, afectando la confianza ciudadana en las instituciones.
EL IMPACTO
La aprobación del crédito por 2,300 millones de pesos y su explicación técnica por parte del diputado Ambrocio Chávez Chávez ante el Congreso de Sinaloa resaltó en Tribuna puntos clave en términos de desarrollo social, financiero y político en la entidad.
La ejecución de 36 obras de alto impacto social, distribuidas en los 20 municipios del estado, busca atender demandas históricas de la población.
Entre los proyectos destacan la construcción de infraestructura contra inundaciones en Los Mochis, un puente en Guasave que conecta Las Glorias y Bellavista, y una carretera turística que impulsa la conexión entre Mocorito y Surutato.
Estas obras no solo atienden necesidades de infraestructura, sino que también promueven el desarrollo regional y la conectividad estatal.
El enfoque en obras estratégicas como un Centro de Atención al Autismo en La Cruz de Elota y una nueva Escuela de Medicina en Guasave refleja una atención particular a sectores vulnerables y al fortalecimiento educativo.
Además, la inclusión de proyectos que benefician a los recién creados municipios de Juan José Ríos y Eldorado demuestra un compromiso con la integración de estas nuevas demarcaciones en el desarrollo estatal.
El crédito representa apenas el 3.28% del presupuesto estatal de 2025, lo que, según el legislador, no compromete la estabilidad financiera del estado.
Además, se menciona que la actual administración reducirá la deuda pública en 106 millones de pesos al finalizar su gestión, lo que refuerza el argumento de un manejo responsable de las finanzas públicas.
Sin embargo, el uso de Participaciones Federales como garantía de pago implica una responsabilidad que trasciende a la administración actual.
Aunque el porcentaje parece manejable, cualquier contracción en las participaciones federales debido a variables macroeconómicas podría afectar las finanzas estatales en el futuro.
El establecimiento de una Comisión Plural que integre a diputados de todas las fuerzas políticas y representantes de la sociedad civil es un paso importante hacia la rendición de cuentas.
Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá de la capacidad real de la comisión para supervisar el uso de los recursos y de la implementación efectiva de mecanismos de seguimiento y evaluación.
La transparencia será fundamental para prevenir problemas comunes en proyectos de infraestructura pública, como sobrecostos, retrasos o desvíos de recursos.
Si bien el planteamiento es sólido, la ejecución será el indicador clave del cumplimiento de este compromiso.
El respaldo unánime del Congreso y la amplitud de las obras propuestos posicionan este proyecto como una política pública de consenso, un logro inusual en un escenario político polarizado.
Sin embargo, esto también genera altas expectativas en torno a su implementación.
El discurso del legislador Ambrocio Chávez enfatizó que las obras no son "faraónicas ni superfluas", una declaración que busca anticipar y neutralizar posibles críticas.
Sin embargo, cualquier incumplimiento en los tiempos o la calidad de las obras podría ser utilizado como argumento por grupos opositores, especialmente en un contexto preelectoral.
La combinación de infraestructura productiva, social y turística tiene el potencial de transformar el desarrollo económico y social de Sinaloa. Proyectos como el Centro de Convenciones en Culiacán y la carretera turística en Mocorito tienen el objetivo de atraer inversiones y diversificar la economía estatal. Sin embargo, su impacto dependerá de la articulación de estas obras con políticas públicas complementarias que fortalezcan sectores clave como el turismo, la educación y el comercio.
El crédito aprobado y su plan de implementación representan una oportunidad significativa para el desarrollo integral de Sinaloa.
Si bien la solidez financiera y el enfoque en obras prioritarias son aspectos positivos, el éxito de esta estrategia dependerá de una ejecución transparente, eficiente y con un monitoreo constante.
La sociedad sinaloense deberá mantener una vigilancia activa para garantizar que este endeudamiento cumpla con los objetivos planteados y no se convierta en un pasivo para futuras administraciones.
AJUSTES
El gobierno de Rubén Rocha Moya ha anunciado un ambicioso plan para modernizar el transporte urbano en Culiacán, adecuando las 56 rutas existentes a las necesidades actuales de la ciudad. Según Marco Antonio Osuna Moreno, titular de la Dirección de Vialidad y Transportes (DVyT), muchas de estas rutas no han sido actualizadas en 40 años, lo que ha generado problemas de movilidad para miles de usuarios.
Este proyecto busca garantizar el derecho humano a la movilidad y mejorar la calidad del servicio de transporte público.
Entre las medidas inmediatas, Osuna Moreno destacó la reactivación de la ruta Villa Universidad con 10 autobuses, programada para finales de enero, así como el compromiso de mantener horarios regulares desde las 5:50 AM hasta las 8:50 PM.
Estas acciones son parte de un esfuerzo para resolver las carencias del transporte urbano que se agudizaron durante la pandemia.
El funcionario también informó que se incorporarán vehículos eléctricos para transporte público y de alquiler, una estrategia que busca reducir costos operativos y promover la sostenibilidad ambiental. Además, mencionó que se realizarán inspecciones mecánicas, revisiones de pólizas de seguro y acciones para disminuir la siniestralidad de las unidades.
Como parte del Plan Operativo Anual 2025, Osuna Moreno anunció que se firmarán convenios con instituciones educativas como ICATSIN, COBAES y CONALEP, para capacitar a conductores y educar a jóvenes en seguridad vial.
Este enfoque pretende mejorar la calidad del servicio y formar nuevos conductores con habilidades certificadas para operar vehículos de manera responsable.
Osuna Moreno subrayó que la tarifa preferencial para estudiantes no sufrirá incrementos, en virtud del compromiso del gobernador Rubén Rocha Moya de mantener un enfoque social en beneficio de los sectores más vulnerables. No obstante, señaló que las propuestas de aumento tarifario por parte de los transportistas se encuentran en proceso de revisión.
Este plan integral, presentado por Marco Antonio Osuna Moreno, combina medidas inmediatas con estrategias de largo plazo para modernizar el transporte urbano en Culiacán.
Su éxito dependerá de una implementación eficiente y de una adecuada gestión financiera y operativa para cumplir con las expectativas de los usuarios y transportistas.
PERCEPCIÓN
El ranking de alcaldes del estado de Sinaloa correspondiente a diciembre de 2024, presentado por Demoscopia Digital en colaboración con La Jornada, muestra las variaciones en la aprobación ciudadana hacia los diferentes líderes municipales. La encuesta se realizó mediante formularios enviados por WhatsApp, dirigidos a ciudadanos de diferentes niveles socioeconómicos, y ofrece una visión clara sobre el desempeño de los alcaldes a nivel estatal.
Gerardo Vargas, alcalde de Ahome (Los Mochis), lidera el ranking con un 61.3% de aprobación. Su gestión ha sido valorada de forma positiva por la mayoría de los ciudadanos, lo que refleja la efectividad de sus políticas locales. Le sigue de cerca José Paz López, alcalde de Badiraguato, con una aprobación del 60.5%, destacando también por su cercanía con la comunidad y la atención a las necesidades locales.
En tercer lugar, Jorge Bojórquez, alcalde de Navolato, alcanza una aprobación del 47.9%. Aunque casi la mitad de los ciudadanos aprueban su gestión, aún existe espacio para mejorar en ciertos aspectos de su administración. Por su parte, Estrella Palacios, alcaldesa de Mazatlán, se posiciona en cuarto lugar con un 44.8% de aprobación, lo que sugiere una gestión aceptable pero con desafíos que resolver para aumentar su aceptación entre la ciudadanía.
Cecilia Ramírez, alcaldesa de Guasave, obtiene una aprobación del 34.6%, ubicándose en quinto lugar. A pesar de estar por debajo del promedio, su administración tiene margen para implementar mejoras que impulsen su imagen ante los habitantes de su municipio. Finalmente, Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, cierra el ranking con un 27.4% de aprobación, reflejando importantes retos en su gestión, especialmente en temas críticos como la seguridad y el bienestar social de la capital sinaloense.
Este ranking muestra una diversidad en la percepción ciudadana de los alcaldes, influenciada por factores locales y contextuales. Mientras algunos líderes destacan por sus políticas exitosas, otros enfrentan importantes desafíos para mejorar su imagen y la satisfacción de los ciudadanos. La encuesta, realizada entre el 28 y el 31 de diciembre de 2024, ofrece una valiosa herramienta para que los alcaldes identifiquen áreas de oportunidad y enfoquen sus esfuerzos en resolver los problemas más apremiantes de sus comunidades.
