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Culiacán, Sinaloa.- Desde la tribuna del Congreso de Sinaloa, legisladores de distintas bancadas expusieron su posicionamiento sobre la crítica situación que enfrenta el estado debido a la sequía y el cambio climático, presentando diagnósticos y propuestas de posible solución.
El primero en hacer uso de la voz, fue el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, del Partido Sinaloense, quien alertó sobre la preocupante situación de las 11 presas del estado, que actualmente operan solo al 16.5 por ciento de su capacidad.
Señaló que la crisis ha impactado severamente al sector agrícola, con una reducción del 51 por ciento en la superficie sembrada de maíz durante el ciclo 2023-2024, lo que representa una disminución de 3 millones de toneladas en la cosecha.
Corrales Burgueño propuso ante el Pleno la creación de un plan estatal que incluya un espacio de diálogo entre el sector público, académico y privado. Además, solicitó la asignación de un presupuesto específico a través del anexo 37 del presupuesto de egresos del estado para acciones contra el cambio climático.
Por su parte, la diputada Arely Berenice Ruiz López, de Morena, destacó las acciones implementadas tanto a nivel federal como estatal para enfrentar la crisis hídrica. Resaltó la inversión de 13 mil millones de pesos en programas de tecnificación de riego en los distritos 10, correspondiente al Río Humaya en la zona centro del estado, y en el número 75, en la zona norte, correspondiente al municipio de Ahome, que beneficiarán a 94 mil hectáreas.
La legisladora morenista detalló que el gobierno estatal, encabezado por Rubén Rocha Moya, ha puesto en marcha un programa de distribución de agua potable que beneficia a 302 comunidades mediante 45 camiones cisterna, con una inversión de 61 millones de pesos.
También mencionó la construcción de represas y la implementación del programa de rescate de agua, que ha beneficiado a 40 módulos de riego y más de 168 mil hectáreas.
Coincidieron en que la crisis hídrica en Sinaloa continúa siendo un tema prioritario que requiere la atención coordinada de todos los niveles de gobierno para garantizar tanto el abasto de agua para consumo humano como la sostenibilidad del sector agrícola del estado.
