Cambalache Estefanía López Yo también tuve mis reacciones al por fin aprobarse la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Hu...
Estefanía López
Yo también tuve mis reacciones al por fin aprobarse la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En su momento, cuando se realizó el primer foro de consulta publiqué en mis redes sociales: ¡Que irónico!, el Estado nos reprime y es el Estado quien nos protege!, refiriéndome a las situaciones por las que atraviesa un periodista en el ejercicio de su labor y haciendo una rápida reflexión de las impresiones que tenía en mi corta experiencia en la profesión del periodismo.
Hace unos días, leí la columna del compañero Ismael Bojórquez en Riodoce, quien cuestiona e incluso demerita la creación del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y tendrá su razón, tuvimos que esperar hasta que mataran a otro periodista en Sinaloa como Luis Enrique Ramírez para que en el Congreso del Estado se promoviera ahora sí, la aprobación de dicha ley cuando ya tenía procesándose más de 2 años.
Además, se hizo otro foro de consulta por la actual legislatura pues pareció que el que se hizo en la pasada no tuvo valides o bien, no tuvo la conveniente proyección que la actual legislatura quería. Está comprobado, la creación de mayores instituciones o burocracia, no garantiza la excelencia en resultados o alcance de los objetivos y fines por las que fueron creadas.
Caso sencillo, fue el citado en la pasada columna, donde hablábamos sobre el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y todo su catálogo de instituciones que lo integran, mismas que no han servido de mucho o de nada para el combate a la corrupción y la promoción de la rendición de cuentas.
Se han hecho pronunciamientos y estudios, sobre la efectividad del mecanismo de protección a periodistas tanto a nivel federal como sus esquemas homólogos en otros estados. Estos, presentan graves deficiencias y en muchas ocasiones ni siquiera cumple con el objetivo principal que es la reacción inmediata de las autoridades ante un suceso de peligro de algún periodista.
¿Por qué podríamos esperar que en Sinaloa suceda algo diferente o mejor? Si las instituciones ya existentes no han dado el ancho en el esclarecimiento de asesinatos de periodistas como es el último caso de Luis Enrique Ramírez. No han actuado ni han tenido injerencia en temas como la falta de prestaciones en las empresas de medios de comunicación, los despidos injustificados, el acoso a mujeres periodistas, el bajo salario, etc.
Y hay que aceptarlo, en parte esta inacción también es por la apatía en nosotros existe y nos invade. En fin, esta columna tiene la finalidad de hacer a un lado lo que ahora ya se ha logrado, es decir, el contar con una ley vigente y con un instituto, aunque dudable, dedicado a nuestra protección.
Mas bien, en un llamado y un exhorto a todos los que conformamos el gremio periodístico a dejar de lado las divisiones y las competencias. Las individualidades, críticas e inconformidades de unos con los otros. Dejemos de lado la apatía y esa frase que siempre nos ha contradicho… de que “un periodista no es activista”, cuando prácticamente es lo que hacemos todos los días; activismo y promoción de la participación ciudadana a través de nuestra información.
Sí, es irónico que, al final de cuentas y a pesar de todo, debamos confiar en el Estado para que de una vez por todas se logre algo por la dignificación de nuestra labor.
Pero a pesar de ello, tenemos una gran oportunidad enfrente, confiar y poner todo de nuestra parte para que ahora sí, las cosas funcionen. Que la pasión que nos mueve en el territorio se vea reflejada en las postulaciones que hicimos para los Consejos Consultivos y la dirección del IPPDHyP.
