El gobierno federal ha planteado que para el ejercicio fiscal 2022 presentará una propuesta de Reforma Fiscal con el objetivo de recaudar ma...
El gobierno federal ha planteado que para el ejercicio fiscal 2022 presentará una propuesta de Reforma Fiscal con el objetivo de recaudar mayores ingresos por a través del ISR
El gobierno federal ha planteado que para el ejercicio fiscal 2022 presentará una propuesta de Reforma Fiscal con el objetivo de recaudar mayores ingresos por a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en tramos de mayores ingresos, recalibración de tasas y combate a la evasión fiscal.
Ante ello, el Senado informó que ya se prepara para el análisis de dicha iniciativa en el momento en que sea enviada al Congreso, la cual deberá ser dictaminada, primero en la Cámara de Diputados, y luego revisada en la cámara alta.
El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado presentó un análisis donde apunta que, en la discusión de la Reforma Fiscal, se prevé que el mayor peso para mantener en buenos términos las finanzas públicas sea con la elevación de las tasas del ISR.
La investigación titulada “Elementos y Consideraciones para una Nueva Reforma Hacendaria”, elaborada por los investigadores José Luis Clavellina, Mario Iván Domínguez y Vladimir Herrera, detalla que para el año 2020, los ingresos del gobierno general representaron el 22.4% del PIB, mientras que el promedio en los países de la Organización fue de 41.5%.
“El ISR a las personas físicas podría ser el eje central de dicha reforma (…) la tasa marginal máxima en México es de 35.0%, mientras que en países como Canadá, Israel y Japón dichas tasas van del 50.0% al 60.0%. Además, señala que en México para alcanzar esta tasa se tendría que ganar 26 veces el salario medio (esto es, 10,968 pesos mensuales por 26), mientras que, para los países de la OCDE dicha tasa máxima se alcanza con ingresos entre 10 y 20 veces el salario medio, por lo que existe falta de progresividad en términos relativos”, refiere el estudio.
Asimismo, el IBD señala que es indispensable ponderar si los programas y proyectos prioritarios del gobierno federal son lo suficientemente rentables en términos económicos y sociales como para otorgarles mayores recursos públicos, a través del alza al ISR o creación de nuevos impuestos.
Ante este escenario, el documento del IBD destaca que diversos especialistas y organismos internacionales han apuntado la necesidad de realizar una reforma fiscal que contribuya a recursos públicos que permitan financiar la provisión de recursos públicos y llevar a cabo nuevas políticas públicas para el desarrollo del país se necesita.
El estudio considera que entre elementos que la reforma fiscal debe tener en consideración se encuentran: el cambio generacional por el que atraviesa la población; la necesidad de contar con impuestos sobre la renta más progresivos, sobre todo con mayores tramos en el decil de mayores ingresos; combatir la evasión y elusión fiscal.
Asimismo, evaluar la viabilidad en la aplicación de impuestos al patrimonio; la reducción de los gastos fiscales; la promoción de la inversión y el ahorro privados; la ampliación de la base de contribuyentes; gravar la economía digital.
También, ampliar los impuestos ambientales; tener en cuenta la perspectiva de género y el crecimiento inclusivo; mayor calidad y efectividad del gasto público, una mayor transparencia, un impulso a la trazabilidad de los recursos y rendición de cuentas.
Asimismo, dice el estudio, es necesario evaluar el diseño y recalibrar las tasas o cuotas existentes de los impuestos especiales a los productos que se gravan actualmente (alcohol, tabaco, bebidas azucaradas, combustibles, plaguicidas, etc.), así como los nuevos productos que se gravarán (el cannabis y sus derivados, por ejemplo); y etiquetar y canalizar los recursos recaudados por este impuesto a la atención de los problemas de salud y medio ambiente que genera el consumo de dichos productos, sostiene el estudio.
En materia de federalismo fiscal, refiere el IBD, se requiere replantear las competencias entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipios, tanto respecto a los ingresos como al gasto público, para lo cual será necesario un redimensionamiento de los órdenes de gobierno, de las potestades tributarias, así como de los mecanismos de transferencias y compensaciones, posiblemente desde el ámbito constitucional.
