Sosoriqui Carlos Rochín A pesar de que sea una medida bien intencionada, lógica y bondadosa para la contención, pero sobre todo...
Sosoriqui
Carlos Rochín
A pesar de que sea una medida bien intencionada, lógica y bondadosa para la contención, pero sobre todo detener la movilidad social, ante la propagación del coronavirus, la “ley seca” en Sinaloa y algunos otros Estados del país trae consigo muchos prejuicios y perjuicios que salen caros.
¿Qué es la ley seca?
«La ley seca es la prohibición de la venta de alcohol, así como también la fabricación, importación y exportación ilegal de licores. Esta ley la establece un gobierno federal. Decreto que viene desde 1933 en EE.UU., sobre esta materia, ya que la venta ilegal propiciaba el mercado negro o el alza de precios».
En nuestro país, corrían los primeros días del mes de abril y con ellos, el aumento constante y sostenido del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) –llegado a México el 28 de febrero– fue entonces que en algunos Estados de la República Mexicana, se empezaron a endurecer las medidas preventivas para contrarrestar sus embates, entre ellas, la venta, distribución y producción, ya sea total o parcial de alcohol, siendo unos de los pioneros en el tema, Tabasco, casi a la par Yucatán que de manera total imponían la medida, y en otros como: Quintana Roo, Campeche y Sonora solo decidieron regular su venta. Es decir, se podía obtener bebidas alcohólicas en horarios restringidos.
En Sinaloa en un ‘live’ a través de sus redes sociales el gobernador Quirino Ordaz Coppel, daba a conocer la decisión colegiada por el consejo de Salud de nuestro Estado, donde a partir de las “cero horas“ del día siguiente –13 de abril– entraba en vigor, la “ley seca” restringiendo así, la venta, distribución y consumo de alcohol, en cualesquiera de sus manifestaciones, hasta nuevo aviso.
Paradójicamente a esta medida, la Federación, a través de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, solicitó a alcaldes del país, «no aplicar la ley de manera total» como medida preventiva, para evitar la parálisis de la economía, así como para no alentar la venta ilegal de las bebidas embriagantes y otros perjuicios como el alza de los precios.
Pues bien estimados amigos, como decía Nicolas Maquiavelo, aunque «el fin justifique los medios», es importante analizar sus formas, el cómo se va a actuar ante este tipo de decisiones, incluso, cuidando no mandar señales encontradas a la sociedad por parte de quienes ejercen el poder, o al menos para no confundir más. La verdad sea dicha, en Sinaloa no ha logrado ni la “ley seca” inhibir la “movilidad”.
En sentido estricto de lo que enmarca el significado de “ley seca” y su origen, en Sinaloa a través de los mercados negros –venta ilegal– y dicho por la “vox populi” ha llegado a valer hasta 600 y 700 pesos la charola de latas de cerveza, amén de los precios inflados de vinos y licores que también se comercializan.
Es de sabios reconocer y corregir. Pese a que estamos en “fase 3” y prácticamente en el “pico máximo” de la curva de contagios de coronavirus, en Sinaloa se aproxima el
levantamiento de la sequía y veda de alcohol por “ley seca”. Al tiempo.
OTRO TEMA. Reportan cuidadanos en Salvador Alvarado que en la Unidad de Servicios Estatales (USE), los trámites que tienen que ver con pagos vehiculares, como lo es el refrendo y cambio de placas, se están aplicando multas y recargos, cuando se extendió prórroga hasta abril. Se entendió que el beneficio estaría hasta el último día de abril en apoyo a la crisis y situación ocasionada por el covid-19. Pendientes.
Contacto: carlosrochin69@gmail.com
Twitter: @carlosrochin40