La pandemia de COVID-19 aceleró la digitalización de muchos sectores, entre ellos el de la educación, que llevó a que millones de est...
La pandemia de COVID-19 aceleró la digitalización de muchos sectores, entre ellos el de la educación, que llevó a que millones de estudiantes y maestros abrieran, de un día para otro, perfiles en distintas plataformas digitales para realizar las clases por videoconferencia y enviar distintos documentos.
Sin embargo, la prisa hizo que algunas instituciones no pusieran atención a la seguridad de esta enorme cantidad de datos, que muchas veces se transfirieron por medio de plataformas de grandes empresas como Google y Microsoft, algo que los especialistas miran con recelo.
Google sabe qué alumno ha ido a clase y podría saber qué alumno da más problemas de puntualidad al ser contratado en una empresa. Lo peligroso es la interpretación de los datos”, comentó Javier Valls, profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Granada, a El País.
Países como Alemania, Suiza y Noruega vigilan el almacenamiento de información de los estudiantes en internet; mientras que las compañías sostienen que no trafican con los datos y que cumplen con el Reglamento de Protección de Datos.
Google y Microsoft señalaron, por medio de representantes, que no se obtienen beneficios directos por el uso de sus plataformas de enseñanza.
El primer obstáculo para creer a Google es que su software no es de código abierto y no puede ser auditado por terceros independientes. Lo que nos piden es un acto de fe. La publicidad no es el problema central, sino los perfiles que realizan sobre cada uno de nosotros y la imposibilidad de acceder a él para saber qué datos se utilizaron, qué decisiones se tomaron y con qué organizaciones están siendo compartidos o vendidos. Por ejemplo, si mi aseguradora me sube el precio de mi prima porque su algoritmo me ve como un perfil de riesgo, nunca sabré por qué he sido discriminada. Algo parecido puede suceder cuando no nos conceden un préstamo”, expresó Manuela Battaglini, abogada especializada en ética de datos.
El Reglamento de Protección de Datos cataloga la información de los menores de edad como los más sensibles.
El confinamiento ha puesto de manifiesto las carencias de muchos centros, sin protocolos para usar determinadas herramientas. Todavía queda mucho por hacer para proteger el derecho a la privacidad de los menores”, alertó por su parte Alicia Piña, coordinadora de la comisión de menores de la Asociación Profesional de la Privacidad (APEP).
Por otra parte, el abogado Jorge García comentó que las plataformas sabrán mucho de los alumnos cuando estos “estén ya inmersos en su ecosistema”
Sin embargo, las escuelas se han apoyado en los gigantes tecnológicos porque replicar la calidad de sus plataformas es inviable económicamente.
No son las herramientas, es el respaldo computacional que tienen. Esos centros de datos no los podríamos mantener para que sean viables. Son potencias de cómputos espectaculares, no puedes pagar su coste, ni el de las comunicaciones y grabaciones”, destacó el vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad en la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Gómez.
Con información de El País
