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Culiacán, Sinaloa.- El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, PAS, convocó este día a que, cuando Legislatura 61, aborde las reformas constitucionales en materia de anticorrupción y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, se establezcan de una vez y se aprueben las leyes secundarias, mediante las cuales se puedan imponer verdaderas barreras a la corrupción, o aplicar sanciones a todo funcionario público que se involucre en estos actos, pues sólo de esta manera se estará realmente colaborando para que en nuestro país se cree una cultura de la legalidad, que permita avanzar política, económica y socialmente, afirmó desde la Máxima Tribuna del Poder Legislativo, el Diputado y Presidente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense considera que la iniciativa aprobada representa un gran avance para que en nuestro país se abatan los fenómenos de la impunidad, la corrupción y la inseguridad, problemas que influyen enormemente en la situación crítica que vive el país. Sin duda alguna esta iniciativa sienta las bases para que México cuente con un marco jurídico e institucional que permita detectar y sancionar la corrupción.
"Observadores internacionales y nacionales tales como, México Evalúa; el Observatorio México ¿cómo vamos? ; el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Mexicanos Primero y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), han advertido acerca de los niveles insospechables que ha alcanzado en nuestro país la corrupción. Y esta problemática, como se ha demostrado, ha alcanzado a los diversos niveles de gobierno", dijo.
Cuén afirmó que el costo de la corrupción en nuestro país es de 1.5 billones de pesos al año, cifra que representa un 10 por ciento del PIB; es decir, 45 veces más que el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), si lo comparamos con lo que se destina en el terreno educativo.
Advirtió que "están por llegar a nuestra Cámara estas Reformas, la analizaremos y, en su caso, la aprobaremos; sin embargo, desde la perspectiva de nuestro Grupo Parlamentario, la iniciativa aprobada no es suficiente, tiene evidentes carencias. En primer lugar, porque deja vacíos que posibilitan que altos funcionarios de los Poderes Ejecutivos y Legislativos continúen realizando actos de corrupción, y que la ley no los sancione de acuerdo a la falta cometida. Un ejemplo claro de lo anterior es que no fue eliminado el fuero de servidores públicos como el del presidente de la República, de los gobernadores, ni de los presidentes municipales, lo cual deja abierta la posibilidad de que en estos niveles de gobierno se actúe con impunidad. Lo mismo sucede en el caso de los poderes Legislativos, donde se sabe que se practica la impunidad y la corrupción. Por ello es importante, como lo plantea México Evalúa, estar atentos a la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero sobre todo de las leyes secundarias con las que se puedan garantizar que se presenten las declaraciones patrimoniales y se eviten los conflictos de intereses, porque la sociedad está convencida de que los actos de corrupción dañan severamente la economía del país y con ello sus niveles de vida. Por esa razón, es necesario que nos atrevamos a tomar las medidas necesarias para erradicar las actividades delictivas que han hundido a la nación, tales como los sobornos, comúnmente llamados "moches"; contratos oscuros, tráfico de influencias, "mordidas jugosas" y otros beneficios privados".
El país está harto de esta situación que avergüenza y pone en la mira de organismos internacionales, por lo cual estamos obligados a aprobar y aplicar reformas que verdaderamente terminen con la corrupción, de lo contrario, como bien afirma el director del CEEY, Enrique Cárdenas, México no tendrá futuro, pues, se pone en entredicho la supervivencia del Estado mexicano, su viabilidad económica y social, finalizó.
El Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense considera que la iniciativa aprobada representa un gran avance para que en nuestro país se abatan los fenómenos de la impunidad, la corrupción y la inseguridad, problemas que influyen enormemente en la situación crítica que vive el país. Sin duda alguna esta iniciativa sienta las bases para que México cuente con un marco jurídico e institucional que permita detectar y sancionar la corrupción.
"Observadores internacionales y nacionales tales como, México Evalúa; el Observatorio México ¿cómo vamos? ; el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Mexicanos Primero y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), han advertido acerca de los niveles insospechables que ha alcanzado en nuestro país la corrupción. Y esta problemática, como se ha demostrado, ha alcanzado a los diversos niveles de gobierno", dijo.
Cuén afirmó que el costo de la corrupción en nuestro país es de 1.5 billones de pesos al año, cifra que representa un 10 por ciento del PIB; es decir, 45 veces más que el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), si lo comparamos con lo que se destina en el terreno educativo.
Advirtió que "están por llegar a nuestra Cámara estas Reformas, la analizaremos y, en su caso, la aprobaremos; sin embargo, desde la perspectiva de nuestro Grupo Parlamentario, la iniciativa aprobada no es suficiente, tiene evidentes carencias. En primer lugar, porque deja vacíos que posibilitan que altos funcionarios de los Poderes Ejecutivos y Legislativos continúen realizando actos de corrupción, y que la ley no los sancione de acuerdo a la falta cometida. Un ejemplo claro de lo anterior es que no fue eliminado el fuero de servidores públicos como el del presidente de la República, de los gobernadores, ni de los presidentes municipales, lo cual deja abierta la posibilidad de que en estos niveles de gobierno se actúe con impunidad. Lo mismo sucede en el caso de los poderes Legislativos, donde se sabe que se practica la impunidad y la corrupción. Por ello es importante, como lo plantea México Evalúa, estar atentos a la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero sobre todo de las leyes secundarias con las que se puedan garantizar que se presenten las declaraciones patrimoniales y se eviten los conflictos de intereses, porque la sociedad está convencida de que los actos de corrupción dañan severamente la economía del país y con ello sus niveles de vida. Por esa razón, es necesario que nos atrevamos a tomar las medidas necesarias para erradicar las actividades delictivas que han hundido a la nación, tales como los sobornos, comúnmente llamados "moches"; contratos oscuros, tráfico de influencias, "mordidas jugosas" y otros beneficios privados".
El país está harto de esta situación que avergüenza y pone en la mira de organismos internacionales, por lo cual estamos obligados a aprobar y aplicar reformas que verdaderamente terminen con la corrupción, de lo contrario, como bien afirma el director del CEEY, Enrique Cárdenas, México no tendrá futuro, pues, se pone en entredicho la supervivencia del Estado mexicano, su viabilidad económica y social, finalizó.
