MÉXICO, D.F. A 19 DE ABRIL DE 2013.- Este día el Senador de la República AarónIrízar López presento una iniciativa de reforma que deroga la figura penal del Arraigo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su intervención el Senador Irízar señalo que el arraigo está en franca oposición al principio de presunción de inocencia, en virtud de que aquel limita la libertad de tránsito y la libertad personal, ya que la prohibición hecha a una persona de no abandonar un inmueble en particular, causa una afectación en el ámbito de acción y de libre circulación del ciudadano. Lo anterior, resulta contrario al principio de presunción de inocencia, y es nuestra obligación como legisladores federales el tratar de poner solución a este problema que no tan sólo tiene el carácter social, sino también el jurídico, ya que la figura del arraigo transgrede los derechos humanos básicos consagrados en nuestra Carta Magna. Aarón Irízar recordó que el arraigo es una figura jurídica que tiene su inclusión en nuestra legislación penal no hace mucho, ya que fue en 1984 cuando se introdujo en el Código de Procedimientos Penales, y en aquel entonces tenía un uso excepcional. Sin embargo, a partir del año 2000, la figura empezó a evolucionar, pero no fue sino hasta 2008 cuando su utilización se volvió una "de las técnicas" de investigación criminal más recurridas en nuestro país; lo cual tuvo su origen en la mezcla de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública, en el que el primero se convirtió en una herramienta del segundo, en donde se flexibilizan las garantías judiciales de las personas, colocándolas en un limbo jurídico en el que no son consideradas ni indiciadas ni inculpadas, y como todos lo sabemos, en la mayoría de los casos, desconocen a la persona que los está acusando bajo la figura –también muy polémica- de "testigos protegidos". En este orden de ideas el Senador Sinaloense destaco que de aprobarse esta Iniciativa, se estaría armonizando no sólo nuestra Carta Magna, al suprimir de nuestro derecho constitucional vigente a la figura del arraigo, con lo cual se estaría también atendiendo resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitidas desde febrero de 2006, en las que su Pleno concluyó que el Arraigo es una figura jurídica que viola las garantías de libertad personal y libertad de tránsito consagradas en la Constitución; adicionalmente, Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió al Estado Mexicano desaparecer el Arraigo, argumentando que ésta es una práctica que ha debilitado a las instituciones del propio Estado. En el mismo orden de ideas, expreso que en 2009 el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, alertó que el uso del arraigo en nuestro país dejaba a los detenidos en una situación de vulnerabilidad sin un estatus jurídico definido para ejercer su derecho a la defensa; pero aún más, esta instancia señaló que la poca vigilancia sobre la práctica del arraigo ampliaba las posibilidades de incidencias en casos de tortura. Finalmente, el Senador Irízar López puntualizó que Naciones Unidas dio datos contundentes en relación a esto al plantear que "en los últimos seis años, el Arraigo ha sido utilizado de manera indiscriminada y excesiva por la PGR, ya que tenemos que de las 4 mil personas que han sido arraigadas sólo se lograron consignar a un 3.3 por ciento, mientras en el 96.7 por ciento de los casos no hubo pruebas para sustentar su culpabilidad". Cito de igual forma lo manifestado por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien hace un par de días, manifestó que en los dos últimos años de Gobierno de Felipe Calderón, la institución arraigó a 4 mil personas, de los cuales sólo logró consignar a 200, lo cual implica sólo el 5% del total de arraigados, y nos da señales de lo ineficaz que resulta la utilización de esta figura jurídica; pero más grave aún, resulta el hecho de que durante todo el último sexenio se arraigaron a 6,933 personas. En un último apunte recordó Aarón Irízar que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C., sostiene que de acuerdo con información obtenida de la PGR, para mayo de 2012 la cifra de arraigos ascendía a 7,775 personas. |