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*Se pretende implementar la primera fase de este proyecto este mismo año. *Los juicios orales harán más ágil y expedita la aplicación de la ...
*Se pretende implementar la primera fase de este proyecto este mismo año.
*Los juicios orales harán más ágil y expedita la aplicación de la justicia, y la reparación del daño tendrá un mayor peso específico.
Culiacán, Sinaloa a 12 de marzo del 2012.- El gobernador Mario López Valdez afirmó que en su administración hay voluntad política y capacidad para cumplir con la reforma constitucional para el establecimiento en Sinaloa de un nuevo Sistema de Justicia Penal.
A través de este mecanismo se pretende la implementación de los juicios orales, el uso de métodos alternativos para la resolución de conflictos a través de la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos del daño.
Al encabezar la sexta reunión del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en Sinaloa, el mandatario estatal manifestó que es su preocupación avanzar en su implementación, y demostrar que su gobierno si quiere y puede instrumentar este mecanismo que permitirá contar con una justicia más rápida, expedita y eficiente, que busca abatir la incidencia delictiva, pero también acelerar los procesos mediante los que se aplica la ley en Sinaloa.
Agregó que de esta manera se logrará abonarle a la credibilidad en la política y a recuperar la confianza de la sociedad en los órganos encargados de la procuración y administración de la justicia.
El evento, que se llevó a cabo en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, tiene como propósito crear un plan estratégico de implementación de lo que pudiera ser uno de los proyectos más ambiciosos de Reforma Penal que exista en el país, para lo cual en el estado se han dado los primeros pasos para concretarlo, lo que vendrá a darle un nuevo rostro a la justicia en la entidad.
En el encuentro, en el que también participó el secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, quien a la vez es el secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en Sinaloa, estuvo presente Rodrigo Ozuna Solsona, director general de Estudios y Proyectos Normativos de la Secretaría Técnica, para la implementación, operación y ejecución del Sistema de Justicia Penal, -Setec-, en representación de su titular, Felipe Borrego Estrada.
López Valdez convocó a los tres poderes a sumarse a este proyecto e implementar las reformas que sean necesarias a las leyes locales para no retrasar más la implementación de la justicia penal en Sinaloa.
Por su parte, el Magistrado José Antonio García Becerra presentó el proyecto de un nuevo Código de Procedimientos Penales para el estado de Sinaloa, que se orienta, dijo, a un cambio de paradigma con un nuevo modelo acusatorio y oral, respetuoso de los derechos humanos, cuyo objetivo central es guardar un adecuado equilibrio entre los derechos del imputado y los de la víctima.
Explicó que con los juicios orales se fomenta la transparencia, y se consolida así la confianza pública en la administración de la justicia.
Plantea en este proyecto, además de la garantía económica para la reparación del daño, la colocación de localizadores electrónicos para evitar que el presunto responsable huya son haber reparado el daño.
Aclaró que esto será en el caso de delitos menores, ya que se procederá de oficio contra delitos más graves.
La intención radica en agilizar la resolución de conflictos no graves, y de esta manera descongestionar las cárceles, donde actualmente están presas muchas personas por delitos considerados no graves, y que con este nuevo sistema de justicia penal se pretende evitar la prisión preventiva contra quienes hayan incurrido en incidentes menores.
Plantea que en el nuevo sistema de justicia penal, la Policía deberá cumplir una función técnica y científica de investigación criminal, para impedir detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, y los agentes del Ministerio Público y Jueces deberán conducirse con principios de lealtad y objetividad.
Durante el encuentro también se presentaron los proyectos de Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa, por conducto de la magistrada Gabriela Sánchez García, que propone la mediación y la conciliación entre las partes para la resolución de conflictos antes de que éstos lleguen ante la autoridad; asimismo se presentó el proyecto de Ley de Ejecución de Sanciones, y el de la Ley de Defensoría Pública, por parte de Yeli Karina Burgos León, para crear el Instituto de Defensoría Pública.
De acuerdo al Proyecto de Planeación Integral, elaborado por el Instituto Nacional de Administración Pública, este proyecto le costaría a Sinaloa de aquí al 2016 más de 656 millones de pesos, contra más de 3 mil millones que ya le ha costado a otros estados su implementación.
La inversión sería utilizada para la reorganización institucional, la construcción de infraestructura, aplicación de tecnología de vanguardia, entre otros conceptos.
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