La senadora del PRI presentó un punto de acuerdo para solicitar información sobre las indagatorias vinculadas con presuntos delitos de narco...
La senadora del PRI presentó un punto de acuerdo para solicitar información sobre las indagatorias vinculadas con presuntos delitos de narcotráfico y armas de fuego; también pidió a la UIF explicar las restricciones bancarias y el acceso parcial a recursos del exmandatario.
Ciudad de México.– La senadora sinaloense Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a informar al Senado sobre los avances, resultados y conclusiones de las investigaciones relacionadas con Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, quienes, de acuerdo con lo expuesto por la legisladora, fueron señalados por autoridades federales estadounidenses por su presunta participación en delitos vinculados con el narcotráfico y las armas de fuego.
La legisladora señaló que los antecedentes del caso se remontan al 29 de abril de 2026, cuando se hicieron públicos los señalamientos que atribuyó a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, situación que posteriormente habría motivado actuaciones de las autoridades mexicanas.
Sánchez Ramos recordó que el 28 de mayo la FGR informó que cinco de las diez personas mencionadas habían comparecido ante la autoridad ministerial. Sin embargo, cuestionó que, transcurridos más de seis meses, no se haya dado a conocer públicamente una determinación definitiva sobre las investigaciones ni sobre la situación jurídica de Rocha Moya.
La senadora consideró necesario que la Fiscalía proporcione información institucional sobre las diligencias realizadas, el estado de las indagatorias y las posibles conclusiones, respetando las disposiciones legales que regulan la confidencialidad de las investigaciones.
Asimismo, sostuvo que la falta de información pública genera cuestionamientos sobre el seguimiento que las autoridades mexicanas han dado a los señalamientos relacionados con funcionarios y exfuncionarios.
Pide explicaciones sobre restricciones a cuentas bancarias
En el mismo punto de acuerdo, Paloma Sánchez solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantener las restricciones sobre los recursos bancarios de Rocha Moya, siempre que subsistan indicios suficientes y fundamentos legales que justifiquen la inmovilización.
La legisladora también planteó que la dependencia presente un informe al Senado sobre las razones que sustentan tanto la permanencia de las restricciones como cualquier modificación o levantamiento de estas medidas.
Precisó que la solicitud debe atender las resoluciones de las autoridades judiciales y los límites de confidencialidad establecidos en la legislación aplicable.
Como antecedente, Sánchez Ramos mencionó que el 13 de noviembre la UIF informó que acataría una suspensión provisional que permite el acceso parcial a recursos bancarios provenientes de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
A partir de esa decisión, la senadora consideró necesario explicar cuáles fueron los fundamentos originales para restringir las operaciones financieras y qué circunstancias jurídicas motivaron la autorización de acceso a determinados recursos.
La medida de acceso parcial, según lo expuesto en el posicionamiento, no equivale necesariamente al levantamiento de todas las restricciones bancarias.
Señala falta de respuestas sobre la investigación
Sánchez Ramos también vinculó su exigencia de transparencia con la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa, al responsabilizar políticamente a Rocha Moya de las condiciones de inseguridad registradas durante los últimos dos años.
En su posicionamiento, la priista sostuvo que el exmandatario permanece en su domicilio mientras las familias sinaloenses enfrentan las consecuencias de la violencia, y reiteró sus acusaciones sobre un presunto pacto criminal que, según sus declaraciones, habría favorecido su llegada al poder.
Estos señalamientos forman parte de la postura política de la senadora y no constituyen una determinación judicial de responsabilidad.
Sobre el estado de las investigaciones, el delegado de la FGR en Sinaloa, Efraín Gastélum Padilla, declaró el 13 de noviembre que el expediente continúa bajo responsabilidad de las oficinas centrales de la institución, por lo que la representación estatal desconoce sus avances específicos.
Por otra parte, la UIF ha precisado que las medidas de bloqueo financiero tienen carácter preventivo y no implican que se haya acreditado responsabilidad penal de las personas involucradas.
La propuesta de Paloma Sánchez busca que ambas dependencias proporcionen información al Senado sobre el seguimiento de las investigaciones y los fundamentos de las medidas financieras, sin interferir con las atribuciones de las autoridades ministeriales y judiciales.
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